Hace unas semanas, el Directorio del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) evaluó la reducción en las tarifas¹ de la renta básica y del precio por minuto hablado en las llamadas de líneas fijas.

De acuerdo al mecanismo de regulación, la empresa operadora que en este caso es Telefónica del Perú (TdP) planteó una propuesta alternativa a dicha reducción. Y quedaba en manos del directorio del OSIPTEL en aceptar o no dicha propuesta.
De conformidad con los medios de comunicación, la propuesta de TdP planteaba no mover las tarifas, mientras que el cuerpo técnico de OSIPTEL  abogaba por la reducción de las mismas que significa un ahorro de S/.16 millones para todos los usuarios de este servicio. Por mayoría, el Directorio de OSIPTEL aprobó la propuesta de TdP, pero ¿cómo es que un Directorio no respalda las propuestas del cuerpo técnico de la entidad que representa?
Conforme a las actas de dicha sesión de directorio, de los tres directores solo Guillermo Thornberry, quién es a su vez presidente de OSIPTEL, respaldo a su cuerpo técnico, mientras que los otros dos directores apoyaron la propuesta de TdP. Dicha votación se llevo a cabo de forma virtual lo que permitió detectar que el voto del director Marco Antonio Torrey -quién además es miembro del Partido Aprista- no había sido elaborado por él, sino por José Juan Haro Sejias quién en ese momento se desempeñaba como Director de Estrategia y Regulación de Telefónica del Perú. Puesto este hecho al descubierto, Torrey fue removido del cargo y en sesión posterior, los dos directores restantes aprobaron la reducción en las tarifas.
De acuerdo a José Távara -ex director de OSIPTEL-, el objetivo central de las entidades reguladoras, entre las cuales se encuentra OSIPTEL, es promover el bienestar de la sociedad velando por una provisión eficiente de los servicios públicos con tarifas prudentes, y de forma independiente a las empresas operadoras. Sin embargo, y a la luz de los hechos ha quedado en evidencia la fuerte injerencia y presión del Grupo Telefónica en el ente regulador de las telecomunicaciones.
Lo cierto es que las presiones de los grupos económicos siempre van a existir y es en estas circunstancias que el Estado debe asumir un rol protagónico en defensa de los intereses de la sociedad. No obstante, si algo ha caracterizado al actual Gobierno ha sido el sistemático debilitamiento institucional de los entes reguladores con decisiones que buscaban favorecer el interés privado en perjuicio de cada uno de nosotros como consumidores. Poner este tema en discusión es sumamente relevante ya que en pocos días el Gobierno designará a los nuevos directores de las plazas vacantes en los entes reguladores, tengamos en cuenta que para el caso de OSIPTEL su directorio solo cuenta con 2 de sus 5 miembros.
Finalmente, mientras no haya una revisión integral al sistema regulatorio del país, desde OtraMirada apostamos por una mayor autonomía y valor técnico de los organismos supervisores, siempre y cuando ésta vaya de la mano con mecanismos de rendición de cuentas y/o fiscalización directa por parte de la población. Este último punto debiera llevarse a cabo, con el fortalecimiento de los canales de información que permitan que cada uno de nosotros como consumidores, pero sobre todo como ciudadanos tengamos acceso de forma sencilla y clara a las decisiones que los entes reguladores toman en torno a la calidad y a las tarifas de los servicios y de esta forma consolidar la construcción de un Estado más democrático.

¹ De acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión, la  reducción tarifaria se basa en la aplicación del factor de productividad.