El golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, el pasado 17 de abril, es la culminación de un proceso de extrema polarización de la sociedad brasileña que comienza al día siguiente de las elecciones de octubre de 2014. Reelegida por 52% de los votos, un estrecho margen de 3.5 millones de votantes, esta victoria no fue aceptada por su derrotado rival, Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña, el PSDB.

La reelección de la candidata del Partido de los Trabajadores (PT) puso a los sectores de la derecha brasileña en estado de pánico y rebelión, entre otras razones, porque significaba la posibilidad de que el líder histórico del PT, Luis Ignacio Lula da Silva, pudiera volver al gobierno el 2018, consolidando así la continuidad de un gobierno de centro izquierda en Brasil, contrario a sus intereses, para los siguientes ocho años. Por ello rechazaron desde un inicio el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y decidieron que su gobierno tenía que ser derrocado de cualquier manera. El PSDB no reconoció su derrota electoral y exigió al Tribunal Superior Electoral, TSE, un recuento de los votos.  Después, el mismo partido, interpuso una acción ante el TSE para pedir la dimisión de la Presidenta alegando abuso de poder político y económico y el haber cometido fraude en su campaña electoral del 2014. Con el apoyo de los grandes grupos mediáticos que se forjaron durante la dictadura militar, encabezados por la Rede O Globo, la Federación de Empresarios Brasileños y la complicidad de sectores del Poder Judicial y la Policía Federal, la maquinaria golpista se puso en marcha.

En el 2010, el primer gobierno de la presidenta Rousseff heredó una situación económica vigorosa que había permitido al Brasil convertirse en la quinta economía mundial y, junto con otros países emergentes, aglutinados en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), exigir un reordenamiento del sistema internacional hacia un mundo multipolar y menos desigual. Sin embargo, el ciclo de crecimiento económico virtuoso que permitía el enriquecimiento de importantes sectores del empresariado brasileño, al mismo tiempo que se aplicaban diversas políticas públicas para eliminar la pobreza y beneficiar a los sectores populares, se vio frenado por el impacto de la crisis económica internacional que el gobierno de Dilma había subestimado. La recesión de las economías del norte, junto con el enfriamiento de la economía china —principal socio comercial de Brasil— y la caída de los precios de las materias primas, impactaron fuertemente al país provocando un tsunami en su comercio exterior y una sobrevaloración de la moneda brasileña. El crecimiento económico brasileño sufrió un frenazo brutal y empezó a generarse un descontento social que vendría a sumarse al caldo de cultivo que preparaban los sectores golpistas.

El combustible para incendiar la escena política brasileña lo daría la operación Lava Jato (lavado a presión) conocida así por la utilización de una serie de lavanderías y estaciones de servicio para encubrir comisiones ocultas en diferentes contratos vinculados a la empresa Petrobras. Las investigaciones comprendían operaciones ilícitas de diferentes empresas desde el año 1997, durante el gobierno de Fernando H. Cardoso, y comprometían a diversos partidos políticos brasileños. Sin embargo, desde un inicio, y en sintonía con los medios de comunicación opositores al gobierno, las investigaciones y las revelaciones filtradas a la prensa apuntaban a golpear y desprestigiar mayoritariamente al PT como un partido estructuralmente corrupto. De la lista de inculpados, según el portal web del Ministerio Público Federal, habría 32 políticos miembros del Partido Progresista (PP), 7 del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 6 del Partido de los Trabajadores (PT), 1 del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y 1 del Partido del Trabajo Brasileño (PTB). En esta lista de acusados se encontraban renombradas figuras como Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, quien paradójicamente sería el principal organizador del golpe parlamentario en contra de la presidenta Rousseff. Estas denuncias de corrupción del Lava Jato, que machaconamente se divulgaban en los medios de comunicación, apuntaron principalmente al PT y  consiguieron desencadenar importantes  movilizaciones en contra del gobierno creando el clima político propicio para su destitución.

Pero a pesar de esta agresiva campaña para deshacerse de la presidenta Dilma Rousseff, ni en las investigaciones del Lava Jato, ni en las recientes revelaciones de los Panamá Papers, aparecen pruebas capaces de comprometer a la Presidenta en hechos delictivos. Por eso la acusación montadas por Eduardo Cunha, él sí, un político acusado de crímenes en contra del patrimonio público con reveladas cuentas en Suiza adonde depositaba comisiones ocultas, no se refieren a hechos de corrupción, sino a un supuesto crimen de responsabilidad por malos manejos contables en el presupuesto del 2014. Un análisis atento de la Constitución brasileña, incluso hecho por no letrados, puede concluir rápidamente que las acusaciones en contra de la presidenta Rousseff son infundadas y no constituyen, de ninguna manera, un caso de crimen de responsabilidad que amerite un juicio político en su contra. Por eso, esta decisión de la Cámara de Diputados es claramente un golpe parlamentario en contra de la democracia brasileña, promovida por los sectores de la derecha política y empresarial brasileña que nunca aceptaron su derrota electoral el 2014. La destitución de la presidenta Dilma hunde al Brasil en un clima de gran incertidumbre y revela también una tendencia negativa para la democracia en la región, en donde se interrumpe viciosamente el mandato popular de gobiernos legítimos, como sucedió anteriormente en Honduras el 2009 y en Paraguay el 2012.