El 23 de enero del 2015 perdieron la vida los jóvenes suboficiales Jimmy Quispe Yarín (23) y Antony Cortez Villasante (19) en medio de un conflicto minero en el sector de “Caycho”, jurisdicción del distrito de Ocuviri (Lampa-Puno), donde se acataba un paro en contra de la empresa minera Ciemsa y su proyecto de exploración Las Águilas. En medio de los dimes y diretes del ministro del Interior, Daniel Urresti, esta grave noticia ha pasado casi desapercibida. A continuación, una radiografía del conflicto y las razones del por qué se tiene que sacar esta noticia del casi anonimato periodístico.

Puno es una de las 3 regiones del Perú que tiene el mayor número de conflictos sociales. De los 210 conflictos sociales que se registraron en diciembre de 2014, Puno registró el segundo lugar con 18 conflictos. El nivel de conflictividad en la región ha ido en aumento desde que ingresó el gobierno de Ollanta Humala, lo cual echa por tierra su prédica de que su gobierno pacificaría al país.

Los cuestionamientos a la empresa minera Ciemsa en Puno datan del 2006, cuando el Ministerio de Energía y Minas la multó con 2 UIT por haber contaminado los ríos Paratía, Santa Lucía y Cabanillas. A pesar de ello, los proyectos mineros de esta empresa siguieron extendiéndose por la región. Desde el 2011, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo informó el conflicto entre los pobladores del distrito de Orurillo, provincia de Melgar, con el proyecto minero La Poderosa de Ciemsa. Que esta empresa haya seguido operando en la región tiene responsables con nombre y apellido.

La protesta en el distrito de Ocuviri se inició porque Ciemsa se habría negado a dar detalles sobre sus actividades. El Alcalde de Ocuviri, Cosme Cari Huaynacho, indicó que la minera tiene permiso solo para hacer exploraciones y no para realizar explotaciones, que es lo que denuncian los pobladores. En proyectos mineros de este tipo, el gobierno local tiene poco muy poco que decir dado que las normas le dan la total responsabilidad de la explotación de los recursos locales a la mina.

Un día antes de la tragedia en Ocuviri, hubo una tentativa de diálogo entre el municipio, la población y Ciemsa, pero no se llegó a buen puerto. Ello motivó el bloqueo de la carretera por un grupo de pobladores. Se afirma que la llegada de la fiscal de Lampa, Zaida Sifuentes Díaz, así como de otras autoridades provinciales para dialogar con los representantes de la minera, exacerbó el ánimo general de unos 300 comuneros. Se afirma también que la fiscal Sifuentes habría ordenado el desbloqueo de la carretera por parte de un contingente de 30 policías, quienes fueron fácilmente superados por la movilización.

Lo grave del asunto es que los policías caídos en el enfrentamiento no tenían mayor experiencia en estos conflictos y estaban desarmados, según denunciaron sus familiares.

¿Quién responde por la vida de Jimmy Quispe y Antony Cortez? ¿Qué dice el Mayor PNP Javier Jiménez Montes de Oca, jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Puno? ¿Qué dice el Ministro del Interior sobre esta situación?

El silencio de Urresti en temas que le competen directamente a su cartera lo muestran como una autoridad sin brújula para dirigir el Ministerio del Interior. Su comportamiento tiene un fin, qué duda cabe, distraer la atención pública sobre temas de fondo como los 160 conflictos activos en el Perú y, más bien, dar pastillitas picantes a través de su twitter, como si fuera un político más y no un ministro de Estado. ¿Hasta cuándo Urresti?