En el Perú, de acuerdo al Censo del 2007, existen 1′765,000 ciudadanos mayores de 65 años. De ellos, 345,000 reciben pensión de la ONP y 82,000 están en las AFP, lo que quiere decir que solo el 25% reciben pensión en sus años de vejez. Es lo que se llama “pensión contributiva”, pues han aportado a esos sistemas. 
 
Por tanto, 1′337,000 peruanos (el 75% restante) no recibe pensión alguna (esto cambió en parte en el 2011) y tienen una vida precaria. Y, ojo, el 25% que recibe pensión no está libre de la precariedad. La pensión promedio de la AFP es S/. 1,050 mes,  un poco más del salario mínimo de S/. 750 mes (“aguantado” por el MEF). Y la pensión promedio de la ONP es aún menor: S/. 590 mes.
 
La pregunta es, entonces, ¿debe existir un contrato social entre el Estado y sus ciudadanos para una vejez digna? Los liberales dicen que no. Que si el Estado interviene atenta contra el derecho del individuo. ¿Por qué el Estado ordena que se me quite el 10% de mis ingresos mensuales (13% si agregamos comisiones más seguros) para entregármelos de a pocos a los 65 años? ¿Acaso no puedo decidir, ahora, el destino de ese 10% para un negocio o inversión rentable para mi vejez?
 
La idea puede ser atractiva, pero es ilusa, motivo por el cual en todos los países industrializados (1) existen sistemas de ahorro forzoso. A algunos cuantos les podría ir bien administrando su dinero –por su grado de instrucción, condición social y algunas habilidades– pero no es el caso de las grandes mayorías. Hace poco, Macroconsult dijo que las personas sufren de “miopía intertemporal”: durante su vida activa no piensan en los ingresos necesarios para los años de vejez.
 
En los países industrializados la informalidad es mínima y cada ciudadano aporta  a la pensión contributiva. Los sistemas varían. En Singapur los que se jubilan están obligados a reservar una parte de sus aportes para tener un flujo mínimo de ingresos el resto de su vida, pudiendo disponer del resto de manera inmediata. En Holanda la pensión es fija para todos (“flat rate”) a partir de un fondo público para la jubilación, lo que se complementa con otras modalidades de ahorro individual y de acuerdos con las empresas privadas. Y así.
 
En nuestros países es distinto, por lo cual se vienen poniendo en práctica variados sistemas de pensiones de vejez “no contributivas” (PNC). Su principio es que todos los ciudadanos trabajan, desde el ama de casa hasta el campesino, pasando por los informales. Que no hayan aportado (“contribuido”) a un sistema no significa que no hayan trabajado y que no tengan derecho a pensión. La PNC reafirma el contrato social Estado-ciudadanos como base mínima para la convivencia.
 
La PNC tiene diferentes modalidades (2). En el Perú comenzó en este gobierno con Pensión 65: este año dará una pensión de S/. 250 cada dos meses a 500,000 peruanos en extrema pobreza, con un presupuesto de S/. 755 millones. Se le puede criticar no haber avanzado más, como previsto al inicio, pero avanza hacia la república de ciudadanos, como debe ser.
 
Si se quisiera extender Pensión 65 a todos los peruanos sin pensión (1′337,000)  costaría S/. 2,000 millones anuales. Y si se pagaran S/. 250 por mes, serían S/. 4,000 millones anuales. Estas cifra es el 3.2% de los ingresos corrientes del gobierno general en el 2014 de S/. 127,000 millones.
 
¿Acaso no podemos plantearnos alcanzar esa meta, no de golpe, sino en un plazo razonable? Claro que sí. La población sentiría que el barco Perú los acoge a todos, no como una “combi”, sino como ciudadanos con objetivos comunes. Claro, son objetivos solidarios, que molestan a los teóricos liberales. Pero eso importa poco cuando los Estados y los ciudadanos –como en los países industrializados– concluyen que todos tienen derecho a una vejez digna.
 
El problema con las AFP es que, de un lado, no les interesa los que no aportan (el 75% del Perú) porque “sus clientes” están en el “sector moderno”. Y, de otro, que la pensión para la vejez es un tema individual donde nada tiene que ver el Estado. Por eso no son solución para un país como el nuestro.
 
Hay que avanzar, entonces, hacia una reforma integral del sistema. Podría plantearse, por ejemplo (como lo hizo el Banco Mundial para el Perú –tan lejos como en el 2004), un sistema con pisos múltiples. En el primer piso, o “piso cero”, todos recibirían una pensión mínima, garantizada por el Estado (3). Aquellos que tienen ingresos la pueden pagar directamente (en la AFP o la ONP) y el resto es cubierto por los ingresos presupuestales.
 
A partir de allí están las AFP y la ONP para los formales. Añadamos que las políticas económicas deben tender hacia la diversificación productiva que de lugar a la creación de empleos con valor agregado, única forma de acabar con la informalidad.
 
Ese es el tema de fondo. Lo que no excluye ni minimiza la discusión puntual actual sobre el rol de las AFP y la necesidad de reforma de su legislación, lo que hemos tratado en artículos recientes. Pero detrás del árbol de las AFP está el bosque de pensión digna para todos los peruanos. Es lo que necesitamos porque somos ciudadanos.
 
(1) http://www.therichest.com/business/economy/the-countries-with-the-best-p...
(2) Federación Internacional de AFPs: Programa de Pensiones no contributivas en países FIAP, Santiago, mayo 2011.
(3) Peru: Restoring the Multiple Pillars of Old Age Income Security, Informe 27618-PE, Enero del 2004.
 

Publicado en el diario La República, 16 noviembre 2015