En los últimos tiempos, con motivo de la discusión sobre las reformas electorales, se viene debatiendo intensamente sobre el llamado “voto preferencial”. Es importante aclarar una vez más las características de este mecanismo para poder entender la trascendencia de su eliminación.
 
El voto preferencial apareció en nuestra legislación con motivo de las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, convocadas por el gobierno militar que encabezaba Francisco Morales Bermúdez. Los voceros oficiales de la época lo señalaron como una manera de democratizar los partidos políticos, ya que creían poner la decisión sobre los congresistas elegidos (en ese entonces senadores y diputados), en manos de los ciudadanos y no de la cúpulas partidarias. Por el lado de los partidos se levantó la crítica, que acompaña hasta hoy el debate, diciendo que es un mecanismo que promueve la lucha intestina y destruye la unidad partidaria. El caso es que se suspendió su utilización para las elecciones generales de 1980 y se repuso, finalmente, para las de 1985, durando hasta la actualidad.

 
Que destruye la unidad partidaria creo que es una verdad evidente para cualquier observador de la vida política y más para alguien que haya competido por una curul. Como dice un veterano de campañas electorales “ya no hay una sola campaña por cada partido sino tantas como candidatos al Congreso existen en cada circunscripción”.  El mensaje político, si es que alguno quiere dar el partido en competencia, se diluye en una sopa de letras y un mar de números.
    
Pero como todo en la vida las características del voto preferencial evolucionan en estos ya más de 35 años de historia. Es indudable, como recordaba hace poco Carlos Tapia, que en la década de 1980, memorables caudillos populares como Carlos Malpica o Javier Diez Canseco, se alzaron con votaciones de cientos de miles de votos preferenciales que los legitimaron frente al pueblo. Sin embargo, con el tiempo, el mayor costo de las campañas, que algunos calculan se ha multiplicado por 20 en los últimos 15 años y, sobre todo, la formidable penetración del dinero sucio y la corrupción abierta en la política, el voto preferencial se ha convertido en el vehículo de penetración de la economía delictiva en el Congreso de la República.
 
No se trata nada más de tener dinero, sino de disponer de cantidades importantes de efectivo, mejor si llega por canales informales, para pagar los múltiples costos de la campaña sin dejar huella. Juan de la Puente, en un programa radial hace poco señalaba que 71 congresistas del actual parlamento no pertenecían al partido por el cual postularon un año antes de las elecciones. Es decir, eran gente ajena a la política que muy probablemente usaron el acceso a un buen financiamiento para llegar donde están. El voto preferencial entonces se ha convertido en un mecanismo perverso que no solo destruye los partidos sino que también descompone la representación y envilece la democracia.
 
Su eliminación, sin embargo, no puede ser una medida unilateral. Debe ir acompañada del establecimiento de la democracia interna en los partidos políticos.  De lo contrario, volvemos a cuarenta años atrás, cuando las listas partidarias eran íntegramente confeccionadas por las cúpulas. Pero no se trata de ir a cualquier sistema de democracia interna, sino a uno que ofrezca las mayores garantías democráticas. Nos referimos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias; que son un sistema de consulta a la ciudadanía, el mismo día para todos los partidos políticos y supervisados por la autoridad electoral. Hacia este avanzan los sistemas electorales que se democratizan y este mismo es el que han propuesto los organismos electorales al Congreso de la República.
 
La resistencia de los congresistas, más fuerte aún que la de los propios partidos,  es claro que tiene como origen el temor a perder el control que hoy tienen mediante el llamado voto preferencial. Ojalá que la insistencia de una amplia coalición ciudadana que se ha formado casi espontáneamente logre sus propósitos y el voto preferencial, en las condiciones que hemos señalado, sea finalmente desplazado. Será un granito de arena más en la democratización de nuestro régimen político.