Han transcurrido tres semanas desde los violentos enfrentamientos entre peruanos en Bagua y, finalmente, ya se han derogado los decretos cuestionados por los grupos amazónicos.

Creemos que es momento de mirar más allá de los actos sangrientos y de sus responsables políticos e inmediatos, sin que ello implique restarle importancia a las tareas pendientes para aclarar estos sucesos. Hemos sido testigos de un momento crítico para la consolidación de un movimiento social hasta hace poco incipiente, uno que probablemente trascienda el contexto específico de los reclamos amazónicos frente a decretos hoy ya derogados. Más aún, las proyecciones de este movimiento se pueden constituir en adelante como un serio desafío al modelo económico y de desarrollo que ha predominado en el país en los últimos dos decenios.

Para entender la importancia que han adquirido las fuerzas de protesta lideradas por los grupos amazónicos es necesario, ante todo, entender que como movimiento social puede tener efectos políticos muy significativos sin tener las características formales de los partidos u otras instituciones políticas. Un movimiento social de carácter nacional no requiere de una organización jerárquica ni centralizada, ni siquiera de una ideología claramente definida para pugnar con éxito por alcanzar sus objetivos. Los movimientos sociales contemporáneos, por el contrario, suelen estar organizados de manera descentralizada y fluida, y actuar en función de factores de afirmación de la identidad, luchando por derechos, por ejemplo, sociales y culturales, y por la integridad de su territorio. En este sentido, el movimiento de protesta amazónico se estaría constituyendo en un movimiento social de alcance nacional y, a pesar del terrible costo en vidas de civiles y policías del Baguazo, se puede decir que ya sumó sus primeras victorias.

Consideramos que el gobierno actual y sus aliados han venido subestimado la repercusión que estos grupos en conjunto pueden tener en la escena política nacional. En este informe empezamos por recapitular la secuencia de los principales sucesos que llevaron a los lamentables incidentes del 5 de junio, buscando hallar en ellos las evidencias de un movimiento incipiente que finalmente ha logrado repercusión nacional y la movilización de otros actores con intereses afines. Luego, caracterizamos el movimiento amazónico como movimiento social que desafía al Estado en la medida en que este último impulsa un modelo de desarrollo que los perjudica. Finalmente, analizamos algunas implicancias políticas del surgimiento de este movimiento social para las próximas elecciones locales, regionales y nacionales.

¿Un Baguazo anunciado?

En diciembre de 2007, el Congreso de la República le otorga facultades al Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Entre marzo y junio de 2008, el Ejecutivo promulga diversos Decretos Legislativos (DL) utilizando estas facultades, entre ellos, algunos que afectan directamente los territorios amazónicos y los derechos de los pueblos indígenas.1 Muchas instituciones de la sociedad civil, así como la Defensoría del Pueblo,2 consideraron que estos DL violaban los derechos a la consulta a los indígenas, a la tierra y al territorio, al uso de los recursos naturales y a la libre determinación al desarrollo.3 Desde el mes de julio del 2008, empiezan las protestas y paros de grupos amazónicos contra la mencionada legislación, pero pocos medios periodísticos informan sobre estos sucesos.

Los pueblos awajún y wampis han tenido el mayor protagonismo dentro de este movimiento, y están desde hace mucho tiempo organizados a través de sus federaciones, de los ronderos y de sus apus, ante la ausencia del Estado en sus comunidades. Concretamente, la paralización en la Amazonía a mediados de 2008 fue liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) que representa a comunidades awajún y wampi. En agosto de 2008, cuando esta paralización se hace más fuerte, el Congreso decide derogar los decretos 1015 y 1073, que modificó al 1015 (ver anexo). Este es el primer triunfo del movimiento amazónico, mientras que el Presidente de la República consideró la derogatoria un “error histórico”.

El Congreso decide conformar una comisión para estudiar los demás decretos, sobre todo los puntos que chocan con la Constitución y tienen que ver con la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En marzo de 2009, AIDESEP envía cartas al Congreso y al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exigiendo que la mencionada comisión finalmente emitiera opinión respecto a los demás decretos en cuestión. Allí empieza lo que se consideró la “mecida” del gobierno aprista que exacerbara los ánimos de los grupos indígenas. A falta de una respuesta, el 9 de abril las organizaciones indígenas deciden iniciar una huelga general indefinida. La protesta se siente en todas las regiones amazónicas, pero en Lima, nuevamente, hubo poca cobertura de los medios.

El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP acuerdan formar una comisión multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. En los días siguientes, la huelga se agudiza en diversas zonas del país. Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegación en algunos ríos y se toma infraestructura petrolera. El 9 de mayo, el Gobierno declara por 60 días en emergencia a distritos de cuatro departamentos. De esta manera, comienza la polarización: por un lado, el Gobierno que busca ejercer la autoridad y no establece aún una mesa de diálogo y, por otro, el movimiento indígena que defiende sus derechos.

El 15 de mayo, en un acto aparentemente desesperado, el dirigente máximo de AIDESEP, Alberto Pizango, hace un llamado a la insurgencia. Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, que hasta el momento venía jugando un rol importante para frenar la violencia. Los bloqueos continúan y el Gobierno sigue sin escuchar. Mientras tanto, la Comisión de Constitución del Congreso declara inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando pendiente su discusión en el pleno del Congreso.

Recién el 20 de mayo se instala la “mesa de diálogo”, pero lo que se da en realidad es un “diálogo de sordos”: para el Premier es suficiente con realizar algunas enmiendas a los documentos mientras que los líderes amazónicos exigen su derogación por haberse formulado sin consulta previa, además de demandar la discusión de temas de fondo relativos al desarrollo de la selva.

Las opiniones del Gobierno, sobre todo las del Presidente García (“la selva es de todos los peruanos, no solo de un grupo”), evidencian poca comprensión de la naturaleza de los reclamos de los amazónicos y acentúan la polarización. Más aún, se advierte una posible denuncia a Alberto Pizango por rebelión, sedición y conspiración. Esta situación, y el Estado de Emergencia que lleva casi un mes, encienden los ánimos

El 4 de junio, con voto de la mayoría aprista, se suspende el debate de la derogatoria de los DL 1090 y 1064. Para los dirigentes de AIDESEP esto confirma la “mecida” del Gobierno respecto a sus demandas. Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064 porque vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa a los pueblos indígenas.

El viernes 5 de junio será recordado como el “Baguazo”, donde se dio un enfrentamiento entre policías y más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis, así como campesinos, ronderos y ex combatientes del Cenepa que habían tomado la carretera. Perdieron la vida 24 policías y un número oficial de 11 nativos fallecidos, que podría ser mucho mayor según varias fuentes extraoficiales.

Sobre lo sucedido quedaron muchas dudas. Sin embargo, el Gobierno acentuó la polarización y arremetió contra los indígenas, con el mismo Presidente señalándolos como terroristas financiados por extranjeros. Enfrentando una orden de captura, Alberto Pizango ingresa a la Embajada de Nicaragua y pide asilo como perseguido político.

El Congreso de la República se reúne de emergencia el 10 de junio para suspender indefinidamente los DL 1090 y 1064. Los dirigentes amazónicos consideraron este hecho una burla más del Gobierno, pues ellos exigían la derogatoria. Más aún, se denuncia a varios líderes de AIDESEP por apología y sedición.

Mientras tanto, el movimiento amazónico siguió ganando adeptos: grupos indígenas de otras regiones, organizaciones gremiales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Coordinadora Político Social y otros respaldaron la posición amazónica con una gran marcha nacional llevada a cabo el 11 de junio, en la que también participaron miles de estudiantes universitarios.

Debido al creciente descontento de la opinión pública, evidenciado en diversas encuestas y múltiples protestas, el gobierno empezó a ceder ante la presión. El Premier, tras reunirse con dirigentes amazónicos, acepta derogar los decretos cuestionados mientras que, el 18 de junio, el Presidente reconoce débilmente los errores cometidos durante el diálogo con los dirigentes de la Amazonía. Afirma, asimismo, su respaldo al premier Simon sobre la derogatoria de los cuestionados decretos.

Al día siguiente, exactamente dos semanas después del Baguazo, el Congreso confirmó la derogatoria de los DL 1090 y 1064. En respuesta a ello, los dirigentes de AIDESEP piden a sus bases levantar las medidas de fuerza. El viernes 19 de junio, cuando ya el Premier había anunciado que dejaría su cartera apenas se calme la situación, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, anunció que todos los ministros habían puesto sus cargos a disposición.

Actualmente se espera que lleguen a concretarse los ofrecimientos de la conformación de una comisión investigadora sobre los hechos del Baguazo que el Gobierno anunció el 24 de junio. Si bien se ha logrado reducir las tensiones en la Selva Norte, quedan diversos asuntos por investigar y denuncias pendientes por esclarecer. Urgen las investigaciones sobre las denuncias de un número mucho mayor de desaparecidos a la cifra oficial.4 Asimismo, falta aclarar la situación judicial de Alberto Pizango y otros dirigentes, así como la orden de captura contra Santiago Manuin, dirigente de la provincia de Condorcanqui gravemente herido en el enfrentamiento. Además, habría aún una cuarentena de líderes indígenas presos. Más allá de los directamente involucrados en los sucesos de Bagua, preocupa la actitud del Gobierno al suspender a siete congresistas nacionalistas, por un periodo que en la realidad sobrepasa los 6 meses, pues cambia la correlación política de fuerzas para la elección de la próxima junta directiva en el Congreso.

Por otra parte, el Presidente calificó a los nativos de “subversivos”. Este tipo de caracterización, además de tratarlos explícita o implícitamente como “ignorantes” e “incapaces”, ha sido finalmente un pretexto para buscar eliminarlos como interlocutores válidos en cualquier proceso de diálogo sobre el uso de la Amazonía. Viendo lo sucedido después, cabe preguntarse: ¿se sienta acaso el gobierno peruano a negociar con “subversivos” y ceder ante sus demandas?

Un movimiento social que desafía a un modelo de desarrollo

Más allá de los temas puntuales a resolver en el marco de los enfrentamientos recientes, también entendemos que hay temas de fondo que saltan a la luz al repasar los acontecimientos presentados líneas arriba. Hay dos que consideramos fundamentales. Primero, la negativa del gobierno de negociar o siquiera discutir aspectos del modelo de desarrollo vigente en los últimos decenios, inicialmente ignorando y luego recurriendo a deslegitimar y reprimir a quienes se atreven a realizar estos cuestionamientos. Y, segundo, la incapacidad o falta de interés (no sólo del Gobierno sino también de los medios de comunicación y de muchos actores privados y de la sociedad civil) en entender y manejar reclamos que reflejan el complejo carácter multicultural de nuestra sociedad.

Proponemos entender a las organizaciones amazónicas que desafiaron las políticas del gobierno a través de una serie de paros, movilizaciones y, finalmente, los enfrentamientos en Bagua, como líderes de un movimiento social que desafía al Estado, en la medida en que este último impulsa un modelo de desarrollo que atenta contra sus territorios y sus derechos culturales y sociales. Además, es un Estado que no ha dado espacios donde se pudiese discutir temas de fondo o cuestionar de alguna manera el modelo económico vigente.

Si bien el grado de radicalización de las recientes medidas de protesta ha sido inusual, los reclamos de los pueblos amazónicos por mayor atención del Estado y por mayor respeto a sus derechos culturales y sociales no son nuevos. Esto no sólo atañe a los movimientos indígenas y las áreas rurales; en la historia reciente tenemos, por ejemplo, la oposición generalizada al régimen fujimorista en el departamento de Loreto ante la percepción de que el Estado centralista nuevamente había dejado de considerar los intereses de la región amazónica al firmar acuerdos con otros países. Asimismo, los grupos que han participado en las protestas no son nuevos ni improvisados sino que, como en el caso de AIDESEP (fundada en 1980), cuentan ya con muchos años de consolidación y con significativa legitimidad entre las comunidades amazónicas.

Diversos expertos coinciden en que en el Perú ha habido una larga historia de negación de los derechos y demandas de los pueblos amazónicos así como de sus particularidades culturales. Por un lado, está el asunto fundamental de las cosmovisiones distintas de diversos grupos, que en la actualidad habrían llegado a un punto de enfrentamiento. Como afirma el experto en temas amazónicos Róger Rumrrill,5 la concepción occidental del territorio amazónico siempre ha entrado en conflicto con la de los habitantes de estas tierras en tanto para la primera “la naturaleza está allí para ser usada, para ser insumo”, mientras que desde una visión amazónica “la naturaleza es sagrada y, por tanto, hay que respetarla”. Para el Estado peruano la selva fue ante todo una fuente de materia prima y han existido diversos períodos de fuerte explotación de los recursos de la selva que se caracterizaron por vejámenes y abusos a las poblaciones nativas. Fue recién en 1974, durante el gobierno militar del General Juan Velasco, que se dio la primera norma con rango de ley que reconoció los territorios indígenas; a fines de esta misma década aparecen las primeras asociaciones inter-étnicas de pueblos amazónicos, incluyendo la antecesora directa de AIDESEP en 1979.

En la mencionada ley se reconoció la propiedad, la identidad particular y se establecieron normas de protección, las cuales fueron mayormente desvirtuadas con la Constitución de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los inicios de los años noventa fueron una época de marcada desmovilización social, pero las cosas han ido cambiando a lo largo del actual decenio. Durante el breve mandato del Gobierno de Transición del Presidente Paniagua, en 2001, se creó la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas, la cual produjo (con la participación de organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales, consultores independientes y representantes del sector público) el Plan de Acción que contenía propuestas de solución para los problemas que afectan a las comunidades nativas del país. Con el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, se crea la Comisión Nacional de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) bajo la presidencia de la Primera Dama Eliane Karp. Sin embargo, a pesar de que el Plan de Acción había sido aprobado por el Consejo de Ministros, nunca fue implementado por la CONAPA. La CONAPA luego se convirtió en el actual Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), institución de escaso presupuesto y sin mayor peso político, que prácticamente estuvo ausente como actor en la reciente crisis.

Hasta aproximadamente el 2007, las ONG tienen la mayor figuración mediática en la promoción y protección de los derechos de los amazónicos. Las organizaciones comunales y étnicas aparecen en la escena nacional solo esporádicamente, a pesar de que muchas cuentan con amplia legitimidad y buena organización. Sin embargo, no es coincidencia que a partir de la difusión del discurso neoliberal de “El perro del hortelano” del Presidente Alan García se siente un activismo mucho mayor de las organizaciones indígenas amazónicas en la escena nacional.

Róger Rumrrill, Fernando Eguren, Sinesio López y otros analistas han prestado atención recientemente al discurso del Presidente Alan García en su conocido artículo de 2007 “El perro del hortelano” y sus implicancias con respecto a la Amazonía. En primer lugar el artículo refleja una continuidad de la visión occidental de la Amazonía principalmente como fuente de materias primas, donde las tierras indígenas son básicamente tierras ociosas e improductivas que deben ser explotadas. Así, las comunidades no tendrían ni la educación ni los recursos económicos necesarios para seguir disponiendo de estas tierras, las cuales deberían ser abiertas a la inversión. Según Federica Barclay, el Presidente “encuentra que los regímenes especiales para los pueblos originarios, y los derechos consagrados en diversos instrumentos internacionales, constituyen una traba para el desarrollo…”.

El discurso neoliberal del Presidente se ve reflejado en los cuestionados decretos legislativos de la primera mitad de 2008. Estos decretos, tanto como “El perro del hortelano”, han sido percibidos en la Amazonía como nuevas faltas de respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Según Sinesio López, desde la presidencia se pretende ignorar que el Perú es un país multicultural y “García cree que gobierna una sociedad multicultural a la que hay que civilizar homogeneizándola”.6 Tenemos, en el mejor de los casos, una falta de comprensión desde las altas esferas del Gobierno de la problemática de un país multicultural y de la manera de aproximarse a estos temas. O, en otro sentido, se puede interpretar el rechazo al diálogo y las continuas “mecidas” del Gobierno a las organizaciones que protestaban por los decretos en cuestión como una abierta negación de las diferencias étnicas y culturales a nombre de una mal entendida “modernidad”.

En todo caso, ya se empieza a entender que, más que hacer tambalear al Gobierno, a los grupos que representan a los pueblos amazónicos los impulsa una preocupación fundamental por hacer respetar su identidad y su autonomía. Según López, la demanda central de estos grupos que vienen protestando es “el establecimiento de una política de reconocimiento de su identidad”. Desafían al Estado y al modelo neoliberal en la medida en que consideran que este infringe sus derechos y que el Gobierno quiere imponer un modelo de desarrollo depredador de la Amazonía.

La importancia del reconocimiento de la identidad es algo que frecuentemente no se entiende, y se alega, más bien, que los grupos indígenas son manipulados por partidos políticos, ONG y hasta por líderes extranjeros. Tales aserciones reflejan una subestimación de los temas de identidad como movilizadores de la ciudadanía y, además, reflejan también racismo al asumir que los movimientos indígenas carecen de capacidad de organización y de decisión.

Dado el enorme impacto que han tenido las protestas en Bagua en la opinión pública y la adhesión a su causa por parte de variopintos grupos en todo el país y en el extranjero –desde grupos en otras partes de la Amazonía hasta estudiantes en Lima, pasando por organizaciones civiles en Ayacucho, Junín, Cusco y Áncash, entre muchos otros– parecemos estar presenciando la consolidación de un movimiento social a nivel nacional que pugna por el respeto a la multiculturalidad y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas. Como dice Frederica Barclay, “el movimiento indígena ha obtenido ya una victoria importante: la mayoría de los ciudadanos ha comprendido que su reclamo del derecho a ser consultado es legítimo”. En tanto movimiento social, es importante tenerlo en cuenta su impacto político ya que desafía directamente aspectos centrales del modelo neoliberal de desarrollo que defiende el gobierno aprista y sus principales aliados.

El movimiento amazónico que se viene consolidando encaja en las definiciones vigentes de movimiento social, como la de Sidney Tarrow.7 En efecto, una lógica de acción basada en la afirmación de la identidad y los derechos, antes que ideología o clase social, es una característica fundamental de muchos movimientos sociales recientes. Y estos movimientos sociales logran efectos políticos reales. Así, a pesar de que la mayoría de peruanos no conocía a sus líderes ni a sus reclamos antes de la reciente crisis, los grupos amazónicos finalmente han logrado hacer retroceder al Gobierno en sus medidas. Incluso han ocasionado que los miembros del Gabinete pongan sus cargos a disposición.

Los reclamos de los grupos amazónicos son reclamos racionales que no fueron atendidos o que no pudieron resolverse a través de las instancias del Estado y del sistema político formal. Cabe recalcar que los grupos indígenas amazónicos carecen de adecuada representación en el sistema político. Esto no sólo se debe a la crisis de representación política que afecta a los peruanos en general, sino también a su número relativamente pequeño (alrededor de 350.000 indígenas amazónicos). Debido a ello son minoría incluso en las regiones de la selva y constituyen grupos dispersos geográficamente. Por estas razones, en la actualidad no hay ni un solo representante de estos grupos étnicos en el Congreso. Tampoco, a pesar de ciertas afinidades con representantes del Partido Nacionalista y algunos independientes, ha habido algún partido político que haya apoyado consistentemente este tipo de reclamos en los foros oficiales.

En el Perú ha habido movimientos importantes en la última década, como el del pueblo de Arequipa contra la privatización de las empresas generadoras de energía eléctrica o los múltiples conflictos de las comunidades afectadas por la minería, pero ninguno de la dimensión nacional, la claridad programática y la fuerza organizativa como el desarrollado por las comunidades amazónicas. En este aspecto estábamos gravemente retrasados frente a otros países vecinos donde ha sido viable la aparición de movimientos sociales y fuerzas políticas críticas del enfoque predominante.

Con el movimiento amazónico se termina la lógica de las mesas de diálogo de la última década, la cual no ha servido para la discusión de temas de fondo. Los ciudadanos de la selva, apoyados por grupos de todo el país, ya no aceptan los paliativos de discutir detalles puntuales. Su extraordinaria virtud consiste en haber puesto la discusión del modelo sobre la mesa, a pesar de que hayan tenido que recurrir a medidas de protesta abiertamente desafiantes y técnicamente ilegales, como la toma de carreteras y de infraestructura petrolera, para que sus reclamos fueran atendidos.

Algunas implicancias políticas

¿Cuáles son las implicancias políticas del surgimiento de este movimiento social para los próximos meses y para las próximas elecciones de 2010 y 2011? En primer lugar, el fracasado intento de desestimar y luego reprimir los reclamos amazónicos puede entenderse como parte de una estrategia gubernamental que continuará frente a quienes cuestionen el modelo económico vigente. Se estaría buscando a través de ella crear un escenario electoral en el que no haya sitio para aquellos que no piensen como el gobierno y sus aliados. Es de esperar que, después de esta coyuntura desfavorable, el Gobierno utilice todos los recursos disponibles para evitar que la oposición antineoliberal se constituya y eventualmente se desarrolle. Pero neutralizar a estas fuerzas de ahora en adelante será mucho más difícil, y más bien se han abierto las puertas para alternativas políticas distintas a las que han gobernado el país en años recientes.

Según Alberto Adrianzén, el futuro electoral de cualquier fuerza política dependerá crecientemente de “cuán capaz sea de organizar y representar la protesta social y no solamente de expresar los malestares y humores de estos sectores sociales contrarios a las políticas neoliberales”.8 Con la consolidación de este movimiento social de alcance nacional y abiertamente crítico del modelo neoliberal, ahora es mucho más posible que aparezca antes de las próximas elecciones alguna alternativa política que agregue y articule los distintos intereses que buscan en el centro, la izquierda y el nacionalismo retomar la construcción democrática y el desarrollo sostenible.

Más allá del actual Gobierno, la tendencia del Estado en los últimos decenios ha sido la de neutralizar los cuestionamientos al modelo neoliberal, incluso tras la transición democrática de 2000. Hoy, la oposición en el país se empieza a identificar con la oposición al neoliberalismo. Una oposición así reconocida cambia las condiciones del juego político, no sólo en este gobierno sino en esta democracia, en las relaciones entre sociedad y Estado.

Por otro lado, está por verse si en los próximos meses, hasta que empiecen las campañas para los próximos comicios, se puede superar de manera pacífica y constructiva la polarización reciente. Y, además, si luego del aprendizaje de las últimas semanas los ciudadanos del Perú estarán dispuestos a darle oportunidad política a una alternativa democrática distinta a las que han existido en los últimos veinte años.

Anexo: Los decretos legislativos que vulneraban los derechos indígenas9

 1Cabe contrastar esta manera poco transparente de manejar el TLC con la de otros países; en Costa Rica, por ejemplo, incluso se convocó a un referéndum para aprobarlo en el 2007.

2La Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo Nº 1015 al Tribunal Constitucional el 30 de mayo del 2008.

3Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica: “Los decretos legislativos que vulneran los derechos de los pueblos indígenas: implementación de las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT sobre el cumplimiento del Convenio 169 en el Perú. (Documento Electrónico) http://www.caaap.org.pe/archivos/Situaci%F3n_actual_de_los_D.L_que_vulne...(abril,_2009).pdf

4Varias de estas denuncias han sido ampliamente reportadas en los medios e incluyen denuncias de párrocos de Jaén y Bagua, de profesores de la zona, y de la organización Amazon Watch, entre otros.

5Entrevista de Otra Mirada, 19 de mayo de 2009.

6Sinesio López, “El problema se llama García”, La República, viernes 12 de junio 2009.

7Según Tarrow, los movimientos sociales son desafíos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades en un contexto de conflicto. Los movimientos son dinámicos (como también lo son las oportunidades y limitaciones políticas en su entorno) y no son fáciles de controlar, ya que son asociaciones de individuos poco rígidas; además, a diferencia de un partido político tradicional, es difícil que un movimiento controle firmemente las acciones de sus integrantes. Sidney Tarrow (1998), Power in movement. Cambridge: Cambridge University Press.

8Alberto Adrianzén, “El nuevo bloque en el poder”, La República, 13 de junio 2009.

9Adaptado del documento en línea:

http://www.caaap.org.pe/archivos/Situaci%F3n_actual_de_los_D.L_que_vulne...(abril,_2009).pdf