Ahora que está de moda decir tonterías sobre el delicado tema del aborto cuando se ha producido una violación, quizás sea bueno empezar por un tema que puede ser tan delicado como el anterior: el aborto institucional de esta democracia en el que se encuentra sumido el Perú.

 
Es difícil entender cómo al borde del último año de gobierno, los poderes del Estado se esfuerzan por agudizar la crisis institucional del régimen político. Los líos entre Ejecutivo y Legislativo ocurridos la semana pasada solo tienen explicación en función de lograr un mejor posicionamiento de cara a las elecciones del 2016. El clásico “quítate tú para ponerme yo” al que tantas veces nos hemos referido. Ni el caso Yovera ni la delegación de facultades ameritan el desorden producido. El desafuero de un congresista se ha convertido, una vez más, en una pieza de cambio entre las distintas bancadas, fujimorismo y gobierno en este caso. Olvidándose todos de que en otros casos han sido bastante más blandos con otros colegas que en la actualidad. ¿Qué hace a Yovera un trofeo tan apreciado? ¿Cumplir con la ley? No seamos zonzos, si ese fuera el caso ya habrían varios otros congresistas, por motivos mucho más graves, desaforados. Lo que quiere el fujimorismo, con la ayuda del APRA, es golpear al gobierno y exhibir su victoria para mejorar su posición en el partidor electoral.
 
Cosa parecida sucede con la delegación de facultades. ¿Quién pide tal prerrogativa en un gobierno democrático? Un gobierno que empieza su mandato con el objeto de llevar adelante su plan de gobierno o, en su defecto, para enfrentar una crisis extrema nacional o internacional. No parece configurarse ninguno de los dos escenarios anteriores. Además, en los dos temas más socorridos economía y seguridad, no parecen tampoco existir las exigencias que se señalan. Ha habido cuatro paquetes de medidas económicas en los últimos años y la cosa sigue igual. Ello nos hace pensar, sin pedirles nada extraordinario porque el programa económico es el mismo desde hace 25 años, que de lo que se trata es de una extrema ineptitud en el MEF y el BCR, con Alonso Segura y Julio Velarde como los campeones de la incapacidad en los últimos años. No hay necesidad entonces de más medidas legislativas sino de un cambio de equipo que le de otro rumbo a la economía para ahorrarle sufrimiento a millones de peruanos.
 
Una cuestión similar pasa con la seguridad. En el 2012 se dieron un conjunto de medidas en este campo, encima de las que ya se han venido dando en años anteriores y la cosa sigue igual sino peor. Nos inclinamos entonces a pensar que se trata de personas y equipos y no de regulaciones.
 
Por último, si hay la necesidad de un cambio de conjunto ¿tiene sentido hacerlo con este gobierno de salida? Por supuesto que no. La delegación de facultades es un cuento más del Poder Ejecutivo para ganar poder en una coyuntura clave como la electoral. Esto es preocupante porque puede afectar negativamente el clima de competencia política indispensable, dándole al gobierno el uso indiscriminado de recursos y una mayor capacidad represiva que podrían inclinar, eventualmente la balanza a su favor.
 
La única forma de parar esta tentación autoritaria es exigiendo una vez más la reforma política. El objetivo de la misma debe ser permitir que se traduzcan los votos ciudadanos en gobierno del país e impedir que se reitere la traición a la voluntad popular a la que nos han acostumbrado en los últimos años. Es indispensable la eliminación del voto preferencial, la obligatoriedad de las elecciones primarias, el financiamiento público de los partidos, la prohibición de la propaganda electoral en la televisión privada, la facilitación de la inscripción de nuevos partidos políticos. Todos estos puntos que deben preparar una reforma mayor de carácter constitucional, que nos permita transformar el Perú.
 
La lucha del momento es por la reforma política, para enfrentar con seriedad y eficacia la crisis institucional y hacer que las próximas elecciones no solo sean libres sino también justas.