Hace unos días, los diarios La Razón y Correo alborotaron a la opinión pública con titulares en contra de un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) referido a la Ley N°29166,

 “Ley que establece reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional”.

Se decía que este fallo, el cual declara inconstitucional parte de esta ley, ataba de manos la labor militar. Por su parte, los parlamentarios fujimoristas, haciendo eco de su poco respeto por el orden democrático, amenazaron con acusar constitucionalmente a los magistrados del TC. Pero, ¿qué hay detrás de esta ley para que su corrección ponga los pelos de punta a la derecha peruana? 
En primer lugar, vale reiterar que el TC no declara que toda la ley sea inconstitucional, sino solo parte de ella. El TC declara, por ejemplo, que es inconstitucional el artículo 7° (“Situaciones que determinan el uso de la fuerza”), que dice que el personal militar podrá usar la fuerza para controlar el orden interno no solo en zonas declaradas en estado de emergencia, sino también en lugares no declarados en emergencia. Así, se va en contra del artículo 137° de la Constitución que señala que los militares asumen el control del orden interno solo en estados de excepción.
Los magistrados del TC recomiendan que el uso de la fuerza militar en zonas no declaradas en emergencia, en casos muy especiales, se debe  realizar solo en casos de narcotráfico (como en el VRAE), terrorismo y en la protección de las instalaciones estratégicas del país. Además, señalan que el uso de la fuerza letal debe seguir los lineamientos de los tratados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, pues se debe proteger, ante todo, el derecho a la vida. 
Más aún, para el TC es indispensable que la nueva ley sobre el empleo de la fuerza por los militares diferencie entre uso de la fuerza en situación de conflicto armado interno y en situaciones de tensión interna, pues no es lo mismo combatir el narcotráfico o el terrorismo que enfrentar un movimiento social, incluido el bloqueo de carreteras, la toma de locales públicos, entre otros. 
Esto no quiere decir que se deje “sin dientes” a los militares. Por el contrario, esta ley busca proteger al personal militar de las posibles consecuencias del uso de la fuerza sin un adecuado marco legal. Además, es indispensable que las leyes en el país no protejan la impunidad. Por eso, los fujimoristas se muestran reacios al fallo del TC, pues a este grupo político no los caracteriza precisamente la defensa de los derechos humanos. Es necesario que en la elaboración de las leyes para el uso legítimo de la violencia por parte de las fuerzas del Estado prime la protección de la vida de todos, pues una vida no puede ser más valiosa que otra.