El hecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya admitido algunas demandas contra el Estado Peruano ha desatado una ola de cuestionamientos, en su mayoría pretendiendo hacer creer que la corte es un organismo que protege a los terroristas y que se somete a las ONGS que defienden los derechos humanos.
 
Nada más falso. No es cierto que la CIDH se haya dedicado solo a casos de terrorismo y tampoco que se haya pagado 18 millones de dólares a elementos terroristas.  El Perú es el país más sancionado por el sistema interamericano y la CIDH. Ha merecido 30 sentencias y de ellas ha perdido en 29 casos.

El primer caso es una decisión del año 93 referido a la matanza de Cayara, en el que gana el Estado Peruano. En el resto de casos han sido derrotas. En términos generales la CIDH ha visto entre 7 y 8 casos de terrorismo, no más.
 
Hay crímenes contra los derechos humanos como la matanza de El Frontón, Barrios Altos, la Cantuta y otros, que son casos de violaciones emblemáticas de derechos humanos y son indefendibles ante cualquier tribunal. Hay numerosos casos de Estado de Derecho, como el caso Baruch Ivcher y el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional destituidos. También hay casos referidos a derechos económicos y sociales, como el de los pensionistas, de los trabajadores cesados del Congreso, de los trabajadores despedidos del municipio de Lima.
 
No es cierto que tenemos una CIDH que solo ha sentenciado por casos de terrorismo. Hay casos de violaciones al debido proceso por la ley antiterrorista del año 92.
 
En general la corte ha dispuesto que se pague aproximadamente 18 millones de dólares, pero no es cierto que los principales beneficiados sean los condenados por terrorismo. El caso de los trabajadores del Congreso involucra el mayor monto que se ha pagado por la cantidad de personas afectadas. Hay varias falsedades que se vienen dando como ciertas y abunda la desinformación.
 
Es necesario tomar en cuenta que la persona mejor indemnizada es el broadcaster Baruch Ivcher, quien el 2001 obtiene una indemnización de 70 mil dólares, lo que es correcto pues no fue detenido, torturado, ni ejecutado. Fue un hecho grave pero nada contra su persona.
 
Sin embargo, el 2002 el Estado promulga una ley de ejecución de sentencia emitida por tribunales internacionales, señalando que quien esté en desacuerdo puede plantear un mecanismo de conciliación.
 
Ivcher se acogió a ello y pidió una conciliación con el Estado demandando una indemnización más elevada. El gobierno de Toledo le hizo caso y le aumentó la reparación de 70 mil dólares a 20 millones de soles. Nada menos. Fue la única persona que hizo ejercicio de ese recurso y Alejandro Toledo tendrá que explicar al Perú qué es lo que pasó.
 
Esa es la realidad del tema. No es cierto que haya una corte proterrorista, llena de izquierdistas y caviares. La CIDH resuelve lo que es justo. Pero, además, es necesario precisar que el Estado se ha defendido de la peor manera. Lamentablemente desde la época de Fujimori se implantó una estrategia de defensa que es negar a la Corte.
 
Los representantes del Estado quieren negar ante el tribunal internacional y discuten si el crimen se cometió o no. Esa estrategia, que es la peor, no ha cambiado. Con Toledo hubo algún intento de cambiar la estrategia, pero con García se volvió a lo mismo, creyendo que con negar las violaciones la CIDH no te va a condenar. Y esa misma estrategia ha seguido el gobierno de Humala, en vez de recurrir a otros procedimientos contemplados, como la solución amistosa.
 
El gobierno ha querido negar los hechos y se ha encontrado con organizaciones de derechos humanos que han manejado bien esas debilidades y han sacado ventaja. Ahí está en parte la explicación de por qué se ha perdido en esa instancia internacional.
 
También es cierto que ha habido casos indefendibles, como el del Frontón. Carlos Rivera considera que el Perú es una fuente inagotable de jurisprudencia en materia de derechos humanos. “Hay una costumbre de los políticos como García y Fujimori, que quieren tener un aparato judicial sometido, que responda a sus caprichos y que ceda a sus presiones, pero la CIDH no funciona de esa manera. Es un tribunal de derechos humanos y el eje de sus decisiones están dirigidas a proteger los derechos humanos”, declaró a otramirada.pe
 
Explicó que si el país presenta casos juzgados en el fuero militar, que la CIDH prohíbe, o casos de graves violaciones del debido proceso, lógicamente que va ir a perdedor.
 
“Están desarrollando una estrategia que los va llevar a la derrota. A la CIDH no la vas ablandar con periodicazos, ni amenazas. Algunos políticos creen que pueden meter presión con los medios de comunicación y quizás la Corte ni se entera de lo que está pasando en nuestro país”, añadió Rivera.
 
Toda la campaña en contra de la CIDH tiene un objetivo político. Dicen que están defendiendo la soberanía, pero no es una manera sensata de enfrentar un proceso ante una corte internacional.
 
El exprocurador Julio Arbizu sostiene que si el Estado no quiere llegar a la Corte tiene que dejar de cometer infracciones a los derechos humanos. Quienes reclaman el retiro de la competencia contenciosa de la corte son las voces de siempre y es intolerable que un ministro quiera plantear una posibilidad como esa.
 
Se han cometido excesos con reformas que violan tratados y derechos humanos, por lo que es normal que una corte internacional en un proceso independiente falle corrigiendo esos derechos vulnerados, pero eso no quiere decir que se esté dando la razón al terrorismo.