Los mineros ilegales han vuelto con fuerza a la parte alta de la cuenca del Ramis, contaminando  dramáticamente el cauce que llega hasta el lago Titicaca. Este hecho deja en evidencia que la designación del tercer Alto Comisionado para la Formalización e Interdicción de la Minería Ilegal, Antonio Fernández Jeri, en febrero pasado, no ha logrado frenar su masiva incursión.

Por esta razón, representantes de la sociedad civil de las localidades afectadas han acordado dar al Ejecutivo un mes de plazo para que financie los más de 70 proyectos de remediación ambiental que han sido propuestos en los últimos años.
Antes de la reunión que tuvieron esta semana con Antonio Fernández, los ciudadanos coincidían en otorgar al Alto Comisionado, un tiempo prudencial para que muestre resultados, tomando en cuenta el poco tiempo que tiene en el cargo (su nombramiento fue formalizado en febrero de este año).

Pero, aparentemente, el encuentro no convenció, pues Luis Días Pacha, dirigente del centro poblado de Crucero, sostuvo que no se avanzó nada. “Tampoco con Augusto Soto Castagnola se ha avanzó ni un solo proyecto. La minería ilegal sigue activa y el río es una chocolatada. El Alto Comisionado no está en capacidad de hacer la interdicción”, sostuvo.   

En ese sentido, Días Pacha agregó que el Comisionado no presiona a los ministros o funcionarios para que se cumpla lo acordado, a diferencia de Daniel Urresti, quien, a decir del dirigente, tenía capacidad de convocatoria, “presionaba a los alcaldes y al mismo tiempo programaba fechas para las interdicciones. Fernández no nos dice nada”, se queja.

Ausencia de coordinación entre autoridades locales
Por su parte, Bladimir Mamani, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Ramis, comentó que las autoridades locales no tienen voluntad política para resolver el problema, pues carecen de visión para concertar. “Antes había articulación. El mismo presidente regional se involucraba, pero ahora, al presidente actual no le interesa absolutamente nada. No tenemos representatividad en  nuestras autoridades. La gente está preocupada. Por eso se ha pedido que se haga una reunión en el pueblo de Progreso”, subrayó.

Mamani reconoció que en determinado momento sí se avanzó, gracias a interdicciones que se llevaron a cabo en la cuenca alta y que, de alguna manera, frenaron la contaminación,  al tiempo que permitieron a los mineros interesados, iniciar el proceso de formalización.

A su turno, Elvis Juárez, dirigente de la provincia de Azángaro, explicó que la decisión que se ha tomado es una reacción al silencio del Alto Comisionado respecto a los 70 proyectos de remediación, cuyo valor supera los 400 millones de Soles, y que deberían implementarse en distintas localidades en esta cuenca, entre ellas los distritos de Asillo, Potoni, San Antón, y los centros poblados de Crucero y Azángaro.

Presupuesto insuficiente

Días Pacha informó que el presupuesto para un proyecto de remediación, que fue destinado por la gestión anterior del gobierno regional de Puno y que ascendía a cinco millones, fue insuficiente. “Parece que el gobierno de Juan Luque no tiene conocimiento de la realidad. También hemos invitado al consejero delegado Hernán Vilca,  pero no se presenta”, refirió.

Publicado en Noticias Ser  29/04/2015