Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Daniel Urresti, donde afirma que “el sicariato sólo debe preocupar a los delincuentes” y las del presidente Ollanta Humala aseverando que el sicariato es “producto de la globalización”, son realmente preocupantes y como mínimo debiéramos esperar un pronunciamiento del Congreso sobre la falta de brújula del gobierno para enfrentar al brazo asesino del crimen organizado.

El sicariato no es asunto aislado y que solo compete a quiénes están inmersos en el mundo del hampa. Se trata de un fenómeno donde las mafias contratan a un asesino a sueldo para matar sin que este realice una mayor diferencia al seleccionar a sus víctimas, pues solo se preocupa por el dinero. En ese sentido, todos somos potenciales víctimas. Según cifras de la División de Investigación de Homicidios, en lo que va del año, se han cometido más de 288 crímenes por encargo, es decir, en promedio, casi cada día una persona es asesinada en el país por un sicario, ya sea por enfrentamientos entre bandas, disputas electorales o cobro de cupos.

Es sintomático que las regiones que registraron el mayor el índice de sicariato durante el 2013 sean La Libertad (103), Lima (62), Callao (32), Áncash (36), Piura (25), Tumbes (23) y Lambayeque (15), las regiones de la costa agroexportadora cuyo dinamismo económico parece no solucionar los problemas sociales. ¿Qué más sabemos de este problema? El móvil del homicidio por sicariato sería la venganza y el enfrentamiento entre bandas delincuenciales. En Colombia, el sicariato cobró relevancia durante el auge de los cárteles de la droga, ¿estamos por ese camino?

Las declaraciones de Urresti lo muestran como un ministro nada claro respecto a un problema de primer orden. Su popularidad basada en el sensacionalismo, frases altisonantes y operativos mediáticos puede empezar a evaporarse dado que, realmente, la situación de inseguridad parece desbordar al gobierno que no tiene muchos logros que mostrar a la ciudadanía. Lo peor es que el presidente Humala insiste en dejarlo a la cabeza de una cartera tan importante, condenándola a no ser dirigida con eficiencia.

¿Qué alternativas tenemos? Una primera medida es reconstruir la capacidad de inteligencia e investigación criminal de la policía, lo cual implica actuar con firmeza al interior de la institución policial. Se trata de constituir un equipo dispuesto a cazar a los “peces gordos” con un liderazgo que enfrente también la corrupción policial. En segundo término, se necesita constituir bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, equipos de fiscales y policías que hagan la investigación en terreno: escuchas telefónicas legales, agentes encubiertos, levantamiento del secreto bancario, colaboración eficaz, entre otras.

Por último, se requiere un mayor número de agentes policiales de inteligencia, garantizar que se mantenga la incomunicación telefónica de los principales cabecillas detenidos para evitar que sigan operando desde los penales y, finalmente, constituir una liderazgo político en el marco de la lucha contra el crimen organizado. ¿Estaremos preparados para tal desafío con Urresti a la cabeza?