En una reciente encuesta realizada por la empresa Datum, ante la pregunta: “Si se comprueba que el candidato de su preferencia “roba pero hace obra”, ¿igual votaría por él?”, un 56% dijo que no votaría por esa persona, mientras que un preocupante 41% dijo que sí lo haría. ¿Por qué somos tan tolerantes con la corrupción? ¿Por qué solo un 20% de limeños le prestaría atención a los pergaminos honestos de un candidato? 

La destrucción del tejido social en el Perú, causado por la hiperinflación de los ochentas, la violencia terrorista de la época y promovido después desde la salita del SIN por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori con la masiva expropiación de los bienes públicos y sociales durante toda la década de 1990,  potenciaron el desapego de los peruanos con su propio país y la baja autoestima que se expresa en la lógica de “quien no roba es un tonto”. El resultado fue un descomunal nivel de corrupción que no solo generó graves perjuicios económicos, sino desprestigió la función pública e instauró una sensación de impunidad en la sociedad. Esta corrupción ha continuado en democracia, siendo uno de los factores de precarización de la misma.

Por ello, discrepamos con la posición del economista Gonzalo Zegarra de Semana Económica, quien intenta explicar la aceptación de la corrupción por el altísimo grado de informalidad en el país. Para combatirla, afirma, hay que combatir a la madre de todos los males, es decir, al Estado. En su lógica, menos Estado generará más formalidad y ello determinará menos aceptación de la corrupción.

Al revés, señor Zegarra. Un Estado lejano, mudo y ausente, que heredamos de la década de 1990, es lo que ha permitido la flexibilización de los mercados laborales, dificultando las diversas formas de organización de los ciudadanos en la defensa de sus derechos y permitiendo vastos espacios de corrupción en diferentes sectores de la vida social. Por ello, hay que recuperar la autoridad pública en materia económica y su misión activa en favor de la justicia social. Esto no implica promover una relación antagónica entre Estado y mercado sino, más bien, un Estado fuerte capaz de interactuar con los actores privados y la sociedad organizada.

Hoy lo que tenemos es desempleo disfrazado (alto subempleo e informalidad), donde la capacidad de compra de los salarios sigue disminuyendo y donde el grueso de la población vive sin derechos básicos como salud y pensiones. La flexibilidad que propugna Zegarra, además de reducir los derechos de los trabajadores, permite pagar menores salarios y dificulta su organización. Sin vida digna, resulta más sencillo caer en las garras de quien ofrece “obra aunque robe”.

Por ello, se requiere un Estado fuerte que oriente la vida social y económica del país a través de políticas de mercado de trabajo, aumento de salarios y otorgue un piso básico de protección social.  Asimismo, se requiere que los peruanos recuperen la fe en la política como la vía que garantiza reales cambios en el país. Si se sigue fomentando empleo precario, sin derechos y no se implementa una lucha frontal contra la corrupción, no dudemos que el Estado siga siendo visto por gran parte de los ciudadanos como un espacio en el que “todos los políticos” entran a robar y, por eso, la tolerancia con la corrupción y el robo seguirán siendo el pan de cada día.