Mientras en Lima vivimos un sube y baja electoral, en la provincia cusqueña de La Convención, 2 personas han fallecido y uno más se encuentra desaparecida en el marco de una protesta que lleva casi una semana sin ser atendida. Nuevamente, se espera llegar a la violencia para voltear los ojos a un conflicto que la Defensoría del Pueblo ya advertía hace varios meses. ¿Qué pasa realmente en La Convención? ¿Quién responde por las vidas perdidas de dos peruanos?

Las razones del conflicto tienen varias aristas. En primer lugar, los convencianos exigen que se instale una Planta de Fraccionamiento en Kepashiato para envasar balones de gas a precio módico. Además, se pide la construcción de un ramal de gas hacia Puno. Estas obras, junto al Polo Petroquímico, fueron excluidas en la reciente concesión del Gasoducto Sur Peruano. También se demanda que el proyecto hidroeléctrico Santa Teresa no se imponga, que se atienda al agro y los problemas que enfrenta por la roya amarilla, y otros temas esenciales como salud, educación y corrupción. Más allá de la viabilidad de algunos de estos proyectos, resulta importante advertir como las promesas abandonadas de gas barato y mejora de las condiciones de vida de los pobladores de esta zona del país, en cuyas entrañas se encuentran valiosos recursos naturales, se ponen en agenda porque los gobiernos de Alan García y de Ollanta Humala incumplieron su palabra empeñada en determinado momento.

Todas estas demandas las encabeza el Comité Central de Lucha por el Desarrollo de La Provincia de La Convención, conformada por organizaciones sociales cusqueñas como la Federación Departamental de Trabajadores (FDTC), así como de campesinos, obreros y estudiantes universitarios. Ricardo Caballero, presidente del comité, explicó que la decisión de las bases fue ampliar la protesta y buscar apoyo de otros sectores pues “las demandas son de interés de todos los cusqueños”.

Desde el gobierno se señala que ya se venían avanzado en la solución de algunos puntos del pliego de demandas, entonces, ¿por qué no se explica estos avances? ¿Por qué ninguna autoridad de alto nivel ha viajado a la zona de conflicto?

Lo más preocupante es el fallecimiento en extrañas circunstancias del Alcalde del Centro poblado Kepashiato, Rosalío Sánchez, quien murió ahogado cuando la camioneta en que viajaba cayó hacia el río Vilcanota en medio de las protestas que los pobladores del distrito de Quillabamba. Mientras los pobladores denuncian que agentes policiales "empujaron el auto hasta que este cayó a las profundidades del río", la Policía afirma que el chofer dirigió el carro al vacío. Extraño, muy extraño. Como noticia de último minuto se afirma que se encontraron 23 paquetes de PBC en la camioneta siniestrada. ¿Una carga que los ocupantes de la camioneta querían ocultar o una “siembra” policial para lavarse las manos de cualquier responsabilidad? ¿Qué tiene que decir el ministro Daniel Urresti al respecto?

En Otra Mirada consideramos que la única forma de resolver los conflictos es a través del diálogo entre las partes involucradas y con la elaboración de agendas consensuadas y vinculantes. Por ello, hacemos un llamado al cese de la violencia y solicitamos que el Gobierno atienda en lo inmediato las demandas de La Convención, lo que incluye investigar con celeridad las muertes que hoy enlutan al pueblo cusqueño.