La firma de la adenda a los contratos del Lote 88 del Gas de Camisea, con lo cual se destina la totalidad de las reservas de este lote para el mercado interno, nos deja perplejos.

La firma de la adenda a los contratos del Lote 88 del Gas de Camisea, con lo cual se destina la totalidad de las reservas de este lote para el mercado interno, nos deja perplejos a quienes desde diversos espacios nos hemos pronunciado a favor del abastecimiento de combustible barato para el país y la construcción del Gasoducto del Sur. Han pasado tres años, se ha perdido valioso tiempo y dinero, y recién ahora el gobierno de Humala cumple una promesa que no tendrá el impacto que hubiera tenido si se hubiera respetado los plazos y planes iniciales.

Recordemos que sin costo alguno, el Estado peruano se hizo cargo de los Lotes 88 y 56 con significativas reservas de gas natural de la empresa Shell. Este gas presentaba la clara posibilidad de transformar la matriz energética, alejarnos de la importación de petróleo, masificar el uso del gas natural y potenciar el crecimiento económico. Sin embargo, durante el gobierno de Alejandro Toledo y siendo su premier Pedro Pablo Kuczynski, se produjeron cambios que hicieron posible la exportación del gas de ambos lotes, dejando de lado el interés nacional. En 2010, se decretó que el gas del Lote 88 se destinara a abastecer el mercado nacional y el del lote 56 a la exportación. Esto debía sustentarse en la renegociación del contrato que, finalmente, se firmó ayer. De esta forma se recuperan para el país 2,5 trillones de pies cúbicos (TCF) del lote 88 que estaban comprometidos para exportación, ¿pero en qué condiciones se “recuperan”?

En primer lugar, se desbarató el proyecto inicial del Gasoducto del Sur y dejó en el limbo la construcción de la petroquímica. El Gasoducto Surandino recién fue adjudicado este año, pero su producción se destinará a alimentar dos hidroeléctricas en Mollendo y en Ilo, cuyo volumen es superior a la demanda de energía del sur peruano, con lo cual, se sospecha, el resto del gas sería exportado a Chile. En estas condiciones, los peruanos veremos incrementar nuestras tarifas de electricidad en 5 % para financiar la construcción del gasoducto pues el proyecto contempla una Garantía de Red Principal (GRP). ¡Negociazo!

¿Y la Petroquímica? En la fórmula final del contrato para la construcción del Gasoducto del Sur se excluyó que se construyan nuevos ductos de gas y líquidos del gasoducto central, los cuales alimentarían a la Petroquímica, que es la oportunidad de industrializar el sur del país. El aporte de los ciudadanos con la GRP elevando las tarifas de electricidad y la construcción del ducto de gas adjudicado, solo tiene sustento si se da inmediato curso a la Petroquímica.

En segundo lugar, se logró sacar a la empresa nacional de petróleos, Petroperú, de cualquier participación del proyecto del Gasoducto del Sur. Según el artículo 7º de la Ley 29690, Ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y en el nodo energético en el sur del Perú, los aportes ciudadanos a través de la GRP son aportes para el Estado y deberían ser “capitalizados a nombre de Petroperú”. Sin embargo, a través de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la refinería de Talara, se metió de contrabando un par de artículos que desvinculan a Petroperú de toda actividad económica productiva, dejándola solo como refinería. De esta manera, el Estado se queda sin participación alguna en un proyecto clave para el desarrollo energético nacional.

Este es el panorama que tenemos por delante. ¿Tenemos algo que celebrar?