La discusión sobre la extensión de la Ley de Promoción Agraria viene polarizándose en un contexto de creciente desconfianza de la ciudadanía hacia un Congreso dominado por una mayoría fujimorista más interesada en avanzar intereses particulares que el bien común.  Ya es controversial que la norma original fuera promovida por el entonces ministro de agricultura José Chlimper en el año 2000, en un claro conflicto de interés (es propietario de la empresa agroexportadora Agrokasa y hoy importante dirigente del partido Fuerza Popular). La desconfianza aumentó aún más en estos días debido a lo que ocurrió en la Comisión Agraria, donde se venía discutiendo el tema de la extensión del régimen agrario en base a un plan de reuniones y presentaciones de los diversos actores e intereses en juego. En la última sesión sorpresivamente irrumpieron los congresistas de FP Úrsula Letona y Miguel Torres (accesitarios en la comisión) para imponer como tema de agenda la aprobación de la extensión del régimen de manera inmediata, tirando por la borda el plan de trabajo de la propia comisión.  Al escribir esta nota aún no sabemos si tal imposición ha terminado convertida en dictamen (desconocido por los congresistas de la comisión porque el texto final del dictamen quedó "con cargo a redacción") para ser aprobado por el Pleno.

Esta no es la forma de manejar un tema clave para la agricultura peruana, que además implica al modelo de desarrollo agrario que quisiéramos en los próximos años.  Se estima que unos 300,000 trabajadores agrícolas laboran actualmente en las empresas costeñas agroexportadoras que han sido las principales beneficiarias del régimen especial, con generosas exoneraciones tributarias y un régimen laboral de derechos recortados que ya tiene 18 años y sería extendido hasta un total de 30 años.  El que era un régimen temporal supuestamente creado para impulsar las agroexportaciones por 10 años, terminaría aplicándose por tres décadas, un periodo a todas luces excesivo.

Si superamos este manejo abusivo del fujimorismo en el Congreso, creo que se abre ahora la oportunidad de discutir a fondo y con argumentos sobre las formas de promover un nuevo modelo agroexportador que podríamos llamar de "segunda generación".  La primera etapa del modelo, basado en exoneraciones, agua, mano de obra y tierra baratas, ha tenido éxitos innegables ya que la oferta exportable peruana ha crecido a una tasa casi tres veces la de la demanda por frutas y hortalizas a nivel mundial.  No obstante, el modelo también adolece de serios problemas para generar impactos en mejorar de manera sostenida los ingresos de los trabajadores y de la inmensa pequeña agricultura que no ha tenido mayor participación en el boom agroexportador (del cual se debe excluir al café, cacao y banano, de producción de pequeña escala y mayormente sin acogerse a la Ley de Promoción Agraria).  En un análisis que hemos presentado recientemente 
(http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com/2018/06/agroexportaciones-ii-el...), demostramos que las provincias costeñas con agroexportación moderna no han reducido la pobreza más que provincias costeñas sin esta actividad, el efecto en pobreza ha sido nulo. 

Una nueva ley de promoción agraria debería en primer lugar equiparar los derechos laborales a los del régimen general que asumen todas las empresas formales en el país.  Aunque el esquema de remuneración a los trabajadores puede adecuarse a temas de estacionalidad, se deben reconocer el 100% de los derechos a CTS, gratificaciones, vacaciones, indemnización por despido y pagos al seguro de salud.  Empresas inmensas que facturan varias decenas de millones de dólares al año pueden hace bastante tiempo afrontar el mayor costo que esto implica, y que iría directamente a mejorar los ingresos y condiciones de vida de miles de trabajadores agrícolas.  Algunos de los proyectos de dictamen presentados en la Comisión Agraria van en esta dirección, que consideramos correcta.

Pero en segundo lugar, una nueva ley de promoción agraria debería mantener los beneficios tributarios pero redirigirlos hacia dos objetivos cruciales: (i) articulación de pequeños productores en las cadenas de agroexportación; (ii) incentivos a la innovación y diversificación.  El primer tema, por ejemplo, ha sido exitosamente promovido en Colombia mediante las llamadas Alianzas Productivas en el cultivo de palma africana.  Empresas que lograr articular a pequeños productores en procesos de agroexportación exitosos deberían tener apoyo público con subsidios y exoneraciones como los de la norma.  En segundo término, la agroexportación de segunda generación deberá apuntar fuertemente a la innovación y diversificación con sentido estratégico, es decir, con un plan de crecimiento y diversificación de largo plazo que aproveche nuestras ventajas comparativas y competitivas en forma mucho más amplia y coordinada.  Se requiere mucha experimentación y apoyo para gestionar el alto riesgo de incursionar en nuevos productos y mercados, y esto debe hacer en forma coordinada.  El ejemplo de Fundación Chile y CORFO en el país del sur nos muestra que este es un camino viable y promisorio.  

Igualmente, me parece una idea acertada ampliar la cobertura de la norma a otras actividades primarias como la acuicultura y la explotación forestal (sostenible), obviamente con plenos derechos laborales.  Hay que evaluar con cuidado si las actividades que son más industriales que agrícolas o ganaderas deberían acogerse a los beneficios.  Hoy no se entiende porque la agroindustria azucarera o la palma aceitera sí pueden acogerse a la norma pero la acuicultura no.  Hay actividades agroindustriales que no tienen mayor estacionalidad productiva y, por ende, no deberían estar en este régimen especial.

Así, el tema del régimen especial agrario es también una oportunidad para pensar alternativas de desarrollo más inclusivas y de mayor impacto en el bienestar de la población y las economías locales, tanto de trabajadores agrícolas, como de cientos de miles de pequeños productores agropecuarios, forestales y acuícolas.  Esa es el modelo de agroexportación de segunda generación que quisiéramos ver en el futuro próximo y que el actual gobierno del señor Martín Vizcarra podría adoptar como parte de los compromisos para ir hacia un país más justo y próspero en el bicentenario y más allá.

(*) Investigador Principal de GRADE