Los problemas para Nadine Heredia no acabaron con la salida del fiscal Ricardo Rojas, quien investigaba desde enero sus cuentas y la de sus allegados. El caso ahora está en el Tribunal Constitucional (TC), que ha programado para el 14 de octubre la audiencia para evaluar el recurso de agravio constitucional que el fiscal Ricardo Rojas presentó contra el hábeas corpus que la Sexta Sala Penal declaró procedente y que archivó las investigaciones a la primera dama y a 13 personas de su entorno, por el presunto delito de lavado de activos.

En su recurso el fiscal Rojas sostiene que hay nuevos elementos que justifican la continuidad de sus pesquisas y asegura que la investigación que se hizo a la primera dama el 2009 fue deficiente. Para ello se vale de las declaraciones de dos personas que solicitan convertirse en colaboradores eficaces, quienes habrían dado información que comprometería seriamente a la pareja presidencial.

Uno de los informantes habría señalado que el presidente Ollanta Humala recibió –a través de su exasesor Martín Belaunde Lossio– US$ 400 mil en efectivo de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña nacionalista de 2006 y el segundo informante indicó que el gobierno venezolano –en ese entonces liderado por el desaparecido Hugo Chávez– hizo llegar valijas diplomáticas con altos montos de dinero a la casa de la primera dama Nadine Heredia con el mismo fin.

PERITAJE
Otro frente judicial que tiene abierto Nadine Heredia fue el aperturado por la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe quien presentó un pedido ante el fiscal Germán Juárez Atoche, que investiga el financiamiento del Partido Nacionalista, para que disponga realizar un peritaje grafotécnico a las cuatro agendas que se atribuyen a Nadine Heredia.

Esto fue después que la primera dama negara ser la titular de las agendas. Príncipe dice en su escrito que es necesario que se realice esta diligencia para determinar si la letra en las agendas proviene del mismo puño, "si presentan anotaciones recientes y si las que aparecen consignadas son antiguas, precisándose la época, así como la persona que las efectuó".

Ante el pedido de pruebas grafotécnicas, Heredia dijo que asistirá a todas las citaciones que le haga el fiscal Germán Juárez y aseguró que se someterá a las pruebas que el magistrado disponga, para determinar si las cuatro agendas que se le atribuyen son suyas. 

La participación de Julia Príncipe motivó que se le abra a la procuradora una investigación, lo  que ha dado paso a la interpelación que se hará el martes 13 de octubre en el Pleno del Congreso al ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, para que responda sobre una presunta censura a los procuradores del Estado.

El pedido para interpelar a Adrianzén Olaya fue admitido por 53 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención. El ministro deberá responder un pliego de 13 preguntas a raíz de la denuncia de la procuradora Julia Príncipe, quien señaló que este le había prohibido hablar ante la prensa sobre la investigación que realiza a las cuentas de Nadine Heredia y su hermano Ilan Heredia.

¿SON PRUEBA?
¿Las agendas pueden ser consideradas como pruebas? Hay algunos precedentes que valen la tema tomar en cuenta. El Tribunal Constitucional estableció que en el caso de las intervenciones telefónicas realizadas por un tercero (esto es, pruebas obtenidas ilícitamente) y no por un funcionario o agente del Estado, no se puede imputar la injerencia ni al juez ni al fiscal que tiene a su cargo la denuncia (ejemplo el caso Alberto Químper). En este caso el Estado solo debe investigar, juzgar y en su caso sancionar a los interceptores de la información. 

Este criterio guarda similitudes con el caso de las agendas. Tanto la interceptación telefónica como la sustracción de las agendas han sido actos realizados con violación del derecho a la intimidad personal por lo que constituyen prueba prohibida. Sin embargo, siguiendo el criterio del TC, dado que no hay rastros que las agendas hayan sido sustraídas por funcionarios o agentes del Estado, el fiscal no estaría impedido de incorporarlas como pruebas en una investigación o denuncia.  

En medio de las acusaciones, tanto el presidente Ollanta Humala como la primera dama Nadine Heredia han negado en todas sus formas la autoría de la agenda, por lo que el peritaje grafotécnico planteado por la procuradora  Julia Príncipe será clave en la resolución de este caso.