Es conocido que en el 2011 el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María tuvo 138 observaciones de UNOPS (Naciones Unidas), lo que postergó el proyecto. En agosto del 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprueba el nuevo EIA de Tía María, afirmando que se habían levantado las observaciones de UNOPS del 2011 (1).
 
Este hecho es parte de una serie de problemas que llevan a la crisis actual. Veamos. No se entiende por qué el MINEM no pidió nueva opinión de UNOPS. Cierto, no lo obliga la ley vigente, pero sabiendo que el gobierno no tiene credibilidad con la población, esa opinión era clave. Hasta el ministro de Agricultura, Manuel Benites, lo propuso (Correo Arequipa, 21/3/15). Pero no.

Perú es uno de los pocos países donde el ministerio de un sector promueve las inversiones y aprueba los EIA. Es obvio el conflicto de intereses. En Chile el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba los EIA, incluido minería y petróleo. En Ecuador es el Ministerio del Ambiente. En Colombia es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en México es la Secretaría Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lo mismo sucede, claro está, en EEUU, Canadá, la Unión Europea y Japón. 
 
Si bien ya se ha creado el SENACE para que apruebe los EIA, eso no sucede con los de minas y petróleo, que siguen en el MINEM. Ahora bien, está previsto que los EIA de minas y petróleo desde el II T del 2015 vayan al SENACE (¿será?). Pero muy tarde para Tía María.
 
¿Por qué no estamos a la altura del nivel mundial de transparencia en los EIA mineros? ¿Por qué sí se quiere “algo” de lo que manda la OCDE, pero no en medio ambiente ? La respuesta: porque los lobbies son muy fuertes y saben que el modelo económico depende de ellos. Y en eso coinciden con las principales autoridades del país.
 
Para ello necesitan, por ejemplo, que las inversiones mineras puedan realizarse en cualquier parte. Pero eso choca con el Proceso de Ordenamiento Territorial, que comenzó hace más de 10 años (DS-087-2004-PCM), que busca determinar cuáles son las actividades que pueden desarrollarse en el territorio, como sucede en casi todo el mundo.
 
De ahí sale también la llamada Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), que establecería criterios para las inversiones: a) uso recomendable; b) uso recomendable con restricciones, y c) uso no recomendable. Este proceso es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Su ley de creación dice: “El MINAM establece la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional en coordinación con las entidades correspondientes y conducir su proceso” (DL 1038, Art., 7).
 
Pero el MEF se opone. Por eso, uno de sus últimos “paquetes reactivadores”, la Ley 30230, dice: “La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es aprobada por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Concejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni la ZEE ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” (Art. 22).
 
Muertos tres pájaros de un solo tiro. Chau el Art. 7 del DL 1038 que le daba la conducción al MINAM. Chau al Ordenamiento Territorial y chau a la ZEE. No tenemos espacio aquí para hablar de los Arts. 37, 38 y 30 de la misma ley que, según algunos analistas, afectan las propiedades indígenas pues podrían ser expropiadas para realizar las inversiones.
 
También se afectan las Zonas Reservadas (Ley 30230, Art. 20), se recortan las atribuciones fiscalizadoras de la OEFA y el Proyecto de Ley 3941 (que está al voto en el Congreso), cambia las reglas de los EIA y afecta en materia de tierras y territorio a los pueblos indígenas, entre otros. Y hay mucho más (2).
 
La ofensiva expuesta se explica por el pánico del MEF. Una economía exportadora principalmente de productos primarios crece cuando su valor exportado aumenta año a año, generando cada vez mayores ingresos de divisas y tributos, a la vez que “jala” al resto de los sectores económicos, directa o indirectamente. En los últimos años, este aumento del valor exportado se debió a un “círculo virtuoso”: crecían los precios internacionales y, también, la cantidad de toneladas exportadas.
 
Cuando caen los precios comienzan los problemas. Una de las principales alternativas, entonces –para los partidarios de ese modelo–, radica en aumentar la producción para compensar la caída de precios. Dicho de otra manera: como ya no aumentan los precios (1), hay que hacer todo lo posible para que aumenten los volúmenes de producción exportados.
 
Esto es lo que nos está llevando mucho más allá de los paquetes del perro del hortelano del 2008, que desembocaron en el ‘baguazo’. Todos estamos prevenidos. La inversión minera y petrolera es bienvenida si es que cuenta con licencia fiscal, social y ambiental. Y el gobierno debiera avanzar en la diversificación productiva para que no dependamos de las materias primas.
 
Pero el MEF no se detiene ante nada para “atraer la inversión sí o sí, lo que agravará los conflictos existentes y los que están por venir. Esto no pinta bien.
 
(1) Verlo en http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=4&idTitular=6724
(2) Ver todos los paquetes en http://propuestas.adexperu.org.pe/index.php/paquetes

Publicado en el Diario La República  18 de Mayo 2015