En estos días, pueblos indígenas de los ríos Corrientes y Tigris realizan acciones de lucha en el lote 192 de explotación petrolera en la amazonía. Han logrado nuevamente instalar un diálogo con la empresa Pluspetrol con apoyo del gobierno regional, pero el resultado es incierto.

Los indígenas no reclaman por gusto. Más de tres décadas de actividad petrolera en la zona han dejado un desastre ambiental. El propio gobierno ha declarado la zona en emergencia ambiental, mientras Pluspetrol ha acumulado 20 multas ambientales, todo un récord. El contrato de concesión a Pluspetrol vence en agosto y la empresa juega a zafarse de los pasivos ambientales que ha dejado.

Un nuevo contrato de concesión requiere la Consulta Previa a los pueblos indígenas de la zona, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la ley peruana. Pero tampoco esto se ha avanzado, estableciendo así un alto riesgo de que el gobierno y la petrolera quieran nuevamente zurrarse en estos derechos de los kichwas y ashuar.

Los indígenas no piden que se cierren los pozos petroleros. Opinan que la producción petrolera puede seguir si hay consulta previa, remediación ambiental y compensación económica por el uso de sus territorios. Lo justo. Lo legal. Ya no aceptan que los sigan paseando mientras Pluspetrol sigue contaminando y abusando de sus territorios.

Las actividades extractivas, la minería y los hidrocarburos no pueden seguir contaminando y pasando por encima de la gente. Deben también contribuir con lo justo económicamente, cosa que no han hecho, y en algunos casos como el de Yanacocha, han llegado a extremos de elusión para no pagar impuestos como demuestra el libro recientemente publicado por Raúl Wiener y Juan Torres. Yanacocha además acaba de cometer otro abuso, derribando ilegalmente la casa de Máxima Chaupe, a quien el Poder Judicial ha reconocido la propiedad de sus tierras en la zona del proyecto Conga.

Esto no es ningún extremismo ecologista. En tiempos de calentamiento global, pensar que la actividad petrolera y minera puede seguir como antes, es insensato. Es también antidemocrático seguir gobernando de espaldas a los pueblos indígenas y a las futuras generaciones. La lucha por la justicia social y la justicia ecológica en el siglo XXI tienen que ir de la mano.