La mirada de Alan García sobre las comunidades indígenas de nuestra Amazonía, aquella de los “ciudadanos de segunda categoría” que alimentaron la teoría del “Perro del Hortelano”, aún parece permanecer en este gobierno. 

Hace una semana, los habitantes de 18 comunidades de la cuenca del río Corrientes en la región Loreto, iniciaron una protesta y tomaron los pozos petroleros, ante el anuncio de la renovación del contrato de explotación con la empresa Frontera Energy Corp.

¿Cuál es el reclamo de las comunidades? 

En este punto, se debe recurrir a la historia. Desde hace 46 años las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón viven con la exploración y explotación petrolera de diversas compañías nacionales y extranjeras. La actividad ha generado que haya diversas situaciones de emergencia ambiental, producto de los derrames de crudo. 

En los años 70, la zona del lote 192 era denominado lote 1A y fue explotada en principio por la Occidental Petroleum - OXY. Desde el año 2000, la empresa argentina Pluspetrol toma las acciones para la explotación. 
Sin embargo, como ya lo hemos mencionado la situación ambiental fue deteriorándose, los ríos contaminados afectaban la fauna y las zonas de sembrío de las comunidades. 

En el 2013, el estado le impuso una multa de 20 millones de soles a la empresa Pluspetrol por la contaminación y desaparición de la laguna Shanshococha, 2856 metros cuadrados de agua que simplemente desaparecieron.  
En el 2014, el gobierno de Humala declaró el estado de emergencia ambiental en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, reconociendo así el daño producido al ecosistema. 

En marzo del 2015 el gobierno firmó un acta con las poblaciones de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Marañón, de la región Loreto. En dicho documento, el Gobierno asumió el compromiso de remediar solo 23 zonas claves, con ayuda de un fondo de S/ 50 millones que saldrían de las arcas del Estado.

En agosto de 2015, Pluspetrol abandonó la zona al terminar su contrato. El lote le fue otorgado a la canadiense Pacific Exploration & Production, quienes en la suscripción del contrato con el Estado Peruano, señaló que solo se harán responsables “de las áreas que resulten afectadas o contaminadas como consecuencia de sus operaciones, no asumiendo ninguna obligación por operaciones anteriores”.

El año pasado, culminada la primera vuelta electoral los apus de las comunidades afectadas llegaron a Lima, y expresaron su preocupación respecto a que ninguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuzcynski, les garantizaba que atendieran su situación. 

Al respecto, Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fendiquep) afirmaba en mayo de 2016: 

 “Estamos preocupados porque el Estado no ha cumplido con sus compromisos y no sabemos si el nuevo gobierno lo hará (…) los impactos de la contaminación petrolera tienen más de 40 años y lo único que hacen es taparlas con tierra para disimular el daño.”

Hasta el momento, no se ha producido ninguna acción de recuperación en la zona. 

En junio de este año, la empresa Pacific anunció su cambio de nombre a Frontera Energy Corporation, tras culminar un plan de reestructuración con el fondo de inversiones Catalyst Capital Group Inc. y algunos acreedores.  Bajo este nombre asumen el control del lote 192 que hoy se encuentra paralizado debido a las manifestaciones y tomas de los pozos e instalaciones. 

La protesta
El reclamo se inició hace unas semanas cuando las comunidades de la cuenca del Río Corrientes tomaron los pozos petroleros adyacentes al lote 192. La protesta se ha magnificado y ahora han sumado a las comunidades de Nuevo Andoas agremiadas en la Federación Indígena Quechua del Pastaza, quienes apoyaron la toma de los pozos petroleros y se concentran en el aeropuerto de Andoas. 

Los manifestantes exigen que se debe realizar una nueva consulta previa para definir si se continuará con la explotación petrolera. Además exigen que se cumpla con los planes de remediación ambiental de las zonas contaminadas. 

La empresa Frontera Energy, asegura que el proceso de consulta previa le corresponde al Estado Peruano. El ministerio de Cultura, que tiene el viceministerio de Interculturalidad y es el encargado del Ejecutivo en promover este proceso, asegura que ya fue realizado en el año 2015 y que es improcedente realizarlo nuevamente, pues el resultado es para los próximos 30 años. Sin embargo las comunidades aseguran que solo fue para un lapso de dos años.

La Presidencia del Consejo de Ministros ha optado por enviar al viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha para intentar un diálogo.  Mientras, la producción del lote sigue paralizada. 

¿Procede o no procede una consulta previa después de años de extracción del petróleo en el lote 192?

El artículo 9 de la ley de Consulta Previa aduce que, ante la posibilidad de ver sus derechos vulnerados, los pueblos originarios pueden solicitar la realización de una consulta. Sin embargo, en el caso del lote 192, ésta ya ha sido realizada el año 2015 y la respuesta del Estado es una negativa ante la solicitud de volverla a hacer. 

¿Estamos ante un nuevo “Baguazo”? 
10 años después de los lamentables hechos ocurridos en Bagua, que culminaron con la muerte de 34 personas y una desaparecida, no es ocioso preguntar si estamos en un escenario parecido, más cuando una de las actrices sociales de esa época vuelve a aparecer: Mercedes Araoz, ahora como presidenta del Consejo de Ministros. 

El escenario es similar: Una protesta aparentemente aislada, toma de pozos petroleros, comunidades que se suman a la lucha y la vuelven numerosa. Por esta razón, el Ejecutivo debe priorizar su atención a este hecho, ante la posibilidad de un escenario que puede crecer y volverse multitudinario y que podría escapársele de las manos. 

(*) Con el apoyo de Shirley Mendoza