Ayer se recordó un año más desde que el 18 de diciembre de 1992 el grupo Colina asesinara al ex líder sindical Pedro Huilca.

Su lucha contra el gobierno fujimontesinista y las medidas que atentaban contra los trabajadores y sus derechos, es siempre recordada y  resulta enteramente vigente. Nuestros trabajadores siguen sobreviviendo en un sistema que corta sus derechos, fomenta la informalidad, no aumenta la remuneración mínima vital a menos que se movilicen, entre otras cosas. Pero el motivo de este texto es otro. A la lucha de los trabajadores se ha sumado ahora, una más: la lucha contra las mafias dentro del sector de Construcción Civil que ha cobrado ya nueve vidas.

En los últimos 18 meses, Jorge Correa, Jorge Vargas, Armando Viera, Guillermo Yacila, Rubén Soberón, Fabio Carbonero, Gilmer Castro, Cesar García y Jesús Ruiz, todos  dirigentes sindicales en diversas regiones del país, fueron víctimas de amenazas primero y asesinados después. El caso de Jesús Ruiz, Secretario General del Sindicato de Barranca, quien fue acribillado en la puerta de su sede sindical, evidencia que los extorsionadores operan con mayor fuerza e impunidad en el norte chico. Mario Huamán, Secretario General de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) afirma que ocho obreros de construcción civil resultan heridos mensualmente por disputas de obras en todo el país. Este panorama no parece mejorar.

Para Huamán, esta proliferación de mafias delincuenciales en el sector de construcción civil fue promovida por el gobierno de Alan García quien, buscando dividir al sindicato, habría incentivado esta suerte de “paralelismo”. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) le ha declarado la lucha a estas mafias y/o “seudo-sindicatos” que utilizan la extorsión a trabajadores y empleadores, destrucción de obras, robos, agresiones físicas, homicidios e incluso sicariato, para alcanzar sus nefastos fines. Pero otro problema grave es la impunidad de los perpetradores. Lamentablemente, las malas prácticas de los extorsionadores se suman a la actuación de funcionarios, policías, jueces y fiscales que protegen y blindan esta delincuencia. Si a ello le sumamos el silencio mediático respecto del tema tenemos un escenario más que lamentable.

La FTCCP hace bien al reconocer el trabajo de la Policía Nacional del Perú que, a través de la División de Protección de Obras Civiles (DIVPROC) logró la captura de los integrantes de la “Gran Familia” que operaba al norte del país y que actuaban bajo la denominación de “Sindicato Regional de Lambayeque” que sería una fachada más para hechos delincuenciales y que tienen, entre sus miembros, a diversas organizaciones sindicales afiliadas a la Central Aprista.

Como parte de este avance de la PNP se encuentra la captura de un “seudo” dirigente de construcción civil, Carlos Alberto Roncagliolo Gutiérrez, quien se dedicaba a extorsionar empresas constructoras en la localidad de Huacho. Ha sido acusado de delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión y se espera que el proceso que se le inicie llegue a buen puerto. Sin embargo, estos tibios avances no bastan ya que las actividades delincuenciales se encuentran incrementadas y en distintos niveles. Si bien, por un lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha dispuesto normatividad para crear el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y reorganizar los Registros Sindicales, a la fecha estas medidas no se han implementado, con lo cual las organizaciones sindicales de fachada siguen actuando delictivamente y sin fiscalización.

Nueve dirigentes sindicales asesinados en menos de tres años deben alarmarnos y obligarnos a pedir acciones rápidas. Se trata de trabajadores peruanos, pero también de sus familias quienes, en muchos casos, siguen siendo víctimas de amenazas. Urge que el Ministerio de Trabajo, la sociedad civil y los medios de comunicación demos cobertura a este drama que cuesta vidas.