La Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial llevada a cabo recientemente en Lima, provocó comentarios de distinto signo y, sobre todo, preguntas acerca del papel desempeñado por estas instituciones en las economías de nuestros países. Sin duda, lo más positivo y notorio en la situación actual del país, fue que aumentó el turismo y que benefició notablemente a los negocios del rubro de la gastronomía. Pero, ni las conferencias ni los informes efectuados durante el desarrollo de la Asamblea, abordaron autocríticamente los efectos de las reformas y políticas patrocinadas por dichas instituciones. Por ejemplo, no se dijo nada sobre lo que actualmente ocurre en Grecia luego de que la troika (el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) le impusiera un paquete draconiano de medidas consistente en reducciones de sueldos y jubilaciones, privatizaciones, aumentos de impuestos y despidos de funcionarios de su administración gubernamental.

LA PÉRDIDA DE SOBERANÍA DEL ESTADO NACIONAL
Los préstamos (créditos stand-by) del FMI condicionados a ese paquete de medidas y a la firma de una carta de intención por los gobiernos y autoridades económicas, son bien conocidos en América Latina. Durante la crisis de la deuda externa (fines de los años 1970 y los años 1980), la condicionalidad de los ajustes propuestos por el FMI se intensificó con la participación del Banco Mundial (BM) y de la propia administración norteamericana. En el primer lustro de los años 1980 se impuso el denominado Plan Baker consistente en la generación de liquidez en los países deudores, bajo la condición de que adoptaran el paquete de estabilización del FMI y otras políticas de libre mercado. Esta institución actuaba como intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores.

El plan Baker no contemplaba la reducción de la deuda ni de la carga de su servicio. Recién en 1989 se anuncia el Plan Brady cuyo objetivo era «disminuir el valor nominal de la deuda, reducir su servicio y/o facilitar préstamos nuevos», pero en el contexto de programas de reformas impuestos por el FMI y el BM que incluían, además de las políticas de estabilización conocidas, «medidas para alentar nuevas inversiones extranjeras, repatriar capitales, cancelar atrasos, privatizaciones y canje deuda por acciones de capital». Estos programas son implementados bajo la supervisión conjunta del FMI y del BM.

La crisis de la deuda provocó un cambio drástico en los roles asignados en 1944, en Bretton Woods, al FMI y al BM. La función original del FMI era facilitar la corrección de los desequilibrios macro mediante préstamos y políticas de ajuste fiscal y monetario; mientras la del BM era financiar la ejecución de proyectos específicos de inversión, para promover el crecimiento económico a largo plazo. Esta separación de roles terminó con la crisis de la deuda. El FMI introdujo el «Extended Fund Facility» y el «Structural Adjustment Facility», cuyo propósito era afectar la oferta agregada mediante la desregulación de todos los mercados. El BM, por su parte, empezó a condicionar sus préstamos a la adopción de las políticas de estabilización del FMI. De esta manera institucionalizaron el llamado Consenso de Washington sobre por la libertad irrestricta del mercado y la eliminación de la intervención del Estado.

El hecho que las políticas económicas se definieran en el exterior con la participación de estas dos instituciones, condujo, por lo tanto, a la pérdida de soberanía de nuestros Estados Nacionales.

LA DÉCADA PERDIDA DE AMÉRICA LATINA
¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de las reformas y ajustes neoliberales patrocinadas por estas dos instituciones? Su costo económico y social fue enorme. Sin embargo, hasta ahora no hemos escuchado ni leído autocrítica alguna. Nuestras economías se estancaron durante más de una década. Crecieron la informalidad, el subempleo y la pobreza; bajó la inflación, aunque muy poco, a costa de la apreciación monetaria y la contracción de la capacidad de compra de los sueldos y salarios; aumentaron las tarifas de los servicios públicos; aumentó el costo del crédito; se redujeron los presupuestos de educación, salud y de inversión en infraestructura; y, los «despedidos pagados» de funcionarios públicos precarizaron la burocracia de los Estados. Por estas razones, la década de los años 1980 es conocida ahora como la «década perdida de América Latina».

Las reformas y políticas neoliberales siguieron en los años 1990. Las consecuencias en nuestro país fueron: reducción del ritmo de crecimiento de la capacidad productiva per cápita que agravó los desajustes entre la oferta de empleos y el crecimiento de la fuerza laboral; reprimarización de la economía; dolarización de los créditos; pérdida de competitividad de las actividades de bienes y servicios transables; e inicio de un cambio estructural regresivo: la economía tendía hacerse menos industrial y menos agrícola, y más productora de servicios de baja productividad. La crisis asiática y rusa de 1997-1998 agravó esta situación: ocasionó quiebras bancarias y una notable recesión que se prolongó hasta el año 2002.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Ningún analista político ni periodista aprovechó la realización de la citada Asamblea en Lima, para informar que durante los años 2001-2006 se recobró algo de soberanía nacional en la definición las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Sobre esto hemos escrito en otras oportunidades. Se intentó salir de la ruta neoliberal que nos conducía al papel de productores de materias primas y a servir al proceso de acumulación y crecimiento de los países del centro con la enajenación de nuestros mercados.

Publicado en Diario Uno, 18 de octubre 2015