A medida que se desenreda la maraña de corrupción y violencia en la que se ve envuelto el Gobierno Regional de Áncash, asombra la debilidad de las instituciones públicas tanto para prevenir como para actuar frente a las mafias con poder político.

A medida que se desenreda la maraña de corrupción y violencia en la que se ve envuelto el Gobierno Regional de Áncash, asombra la debilidad de las instituciones públicas tanto para prevenir como para actuar frente a las mafias con poder político. Hablamos de los partidos políticos como de las instituciones de Gobierno. ¿Qué pasa con estas instituciones? ¿Estamos en su hora más difícil?

Con el objetivo de obtener réditos políticos y conformar redes de poder, el partido Solidaridad Nacional se habría aliado con el movimiento regional Cuenta Conmigo de César Álvarez. Resultado de la negociación, Heriberto Benítez, el principal escudero de Álvarez, fue elegido congresista por Solidaridad Nacional. Lamentablemente, este no es el único caso. A nivel nacional, los alicaídos partidos políticos buscan aliarse con estos movimientos regionales que logran importante sintonía con el electorado. Ante una elección, un candidato regional prefiere formar parte de un movimiento, antes que lanzarse por un partido que pueda llegar a desacreditarlo. La crisis de los partidos políticos nacionales es la causa principal de la aparición de los movimientos regionales, ¿hasta cuándo?

El nivel de corrupción descubierto en Áncash rebalsa también a las instituciones públicas como el Congreso, la Policía, Fiscalía y la Contraloría, cuyas cabezas parecen no darse cuenta de la magnitud de los sucesos. Sin duda, existe cierta complicidad de los infractores con las más altas esferas del poder político y el aprovechamiento de las debilidades de estas instituciones de control. Ya sea por corrupción policial, inacción del Ministerio Público o el archivamiento de investigaciones en el Congreso (tal como ocurrió con las investigaciones a César Álvarez), los indicios de corrupción no son investigados, lo cual acrecienta la impunidad. Sumado a ello, se tiene una prensa local amenazada y perseguida. El miedo a perder la vida obstruye cualquier posibilidad de investigación y denuncia.

La debilidad institucional y una creciente complicidad entre las autoridades regionales y la autoridad nacional son reiterativas. ¿Cuáles son las alternativas para luchar contra una situación que parece contagiar a cada vez más gobiernos regionales? ¿Tirarse abajo el proceso de descentralización como sugieren algunos analistas de derecha? Descubrir los casos de corrupción y encarcelar a los delincuentes no soluciona el problema. El origen está en un sistema perverso de corrupción que no terminó de desmontarse a inicios del presente siglo.

Es momento de tomar al toro por las astas y dar algunos pasos urgentes. Primero, se requiere discutir y aprobar una ley de reforma política. En segundo lugar, las reformas de las instituciones públicas de control resultan más que urgentes, ¿qué fue de la reforma de la Policía? ¿Qué pasó con la estrategia anticorrupción? ¿Dónde estuvo la Contraloría durante los años de Gobierno de Álvarez? ¿Cómo pudo ocurrir esta megacorrupción sin que haya, por lo menos, alguna alerta por parte de esta institución?

Por último, se requiere voluntad política para dar estos primeros pasos a favor de devolverle la confianza ciudadana a estas instituciones. ¿Seguirá siendo la lucha anticorrupción una de las principales banderas del gobierno de Ollanta Humala? ¿O también habrá quedado sin brújula al respecto?