A cinco años del fatídico enfrentamiento entre el Estado y los indígenas awajun-wampis, la justicia peruana sienta en el banquillo de los acusados a los “responsables” del Baguazo: los indígenas locales. De esta manera, se libra de toda responsabilidad a los actores políticos que pudieron evitar esta tragedia que terminó con la vida de 35 peruanos: el ex premier Yehude Simon la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y la ex ministra de Comercio Exterior Mercedes Aráoz, quienes ni siquiera serán citados. Una responsabilidad que si fue determinada por el Informe sobre los hechos acontecidos en Bagua firmado por el ex congresista Guido Lombardi.
 
En un reciente informe de la Revista Ideele se muestra cómo el juicio se asienta en tremendas debilidades que, lo más probable, terminen condenando a los líderes de las comunidades amazónicas.
 
La acusación de la fiscalía es muy grave. Se señala que hay unos presuntos asesinos que están siendo juzgados por el homicidio calificado de 23 policías, y unos líderes indígenas que los han instigado a cometer esos asesinatos. Por ello se solicita penas que van desde los 35 años de prisión hasta la cadena perpetua. Como afirma Walter Powosino, representante de la Comisión Episcopal de Acción Social: “Este proceso penal busca castigar y encontrar al culpable o culpables de lo que ocurrió el 5 de junio del 2009. Tiene una perspectiva meramente punitiva. La discusión se centra en las consecuencias del desalojo, y no en las causas por las que los indígenas se movilizaron”. 
 
La estrategia de los abogados defensores. No existe una estrategia conjunta y bien pensada para defender a los indígenas. Lamentablemente, los abogados de la defensa pisan el palito: aceptan que se enfoque el juicio como uno penal cualquiera. Otro elemento grave, pues no tiene consistencia, es que los abogados apuestan a los indígenas nieguen su participación en el Paro Amazónico. Peor aún, la defensa de Alberto Pizango, el máximo líder del movimiento indígena en este momento, parece jugar a una suerte “sálvese quien pueda”. ¿Es que ya no hay líderes que estén dispuestos a morir por la causa?
 
Un tribunal de vergüenza. La corte del Baguazo está conformada por el juez Gonzalo Zarzaburu, presidente de la Sala Penal Transitoria de Bagua, quien, por ejemplo, suspende las sesiones cuando quiere y no le importa que los indígenas gasten lo que no tienen en el viaje a la ciudad de Bagua. La mesa central la completan dos vocales que parecen el coro zabarburiano. Al costado un fiscal que no termina de entender su función de abogado de la sociedad, y que los tipos a los que zarandea en cada intervención, son también parte de ella. Junto al fiscal está su infaltable celular, cuyas llamadas responde incluso cuando los acusados están testimoniando. “El juicio termina siendo la metáfora de un país que generó el Baguazo” señala Ideele.
 
Un injusto final. Al parecer, lo que se busca es condenar al grupo mayoritario que ni siquiera sabe por qué está acusado. Pizango sería librado y los líderes locales podrían ser condenados a 35 años y/o a cadena perpetua. De esa forma, se descabeza al movimiento awajun-wampis, se criminaliza la protesta, se venga a Alan García, y se le saca una piedra fastidiosa que tiene hace cinco años en el zapato.