El 24 de junio se celebra el Día del Campesino, en conmemoración del 53 aniversario de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria con la Ley 177716, el 24 de junio de 1969, por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada liderado por el General Juan Velasco Alvarado, iniciado el 3 de octubre del año 1968. 
 
Para algunos sectores de la derecha ideológica y en particular para los supérstites, remanentes y descendientes endogámicos de los barones de la tierra que reinaban sobre una de las estructuras más atrasadas e injustas de la propiedad de la tierra en el Perú, esta celebración y la referencia y reconocimiento a este proceso, único en América Latina en el siglo XX, además de los procesos de reforma agraria de México (1910) y Bolivia (1952), suena a herejía y a blasfemia política. Sin embargo, para millones de peruanos, hombres y mujeres, víctimas del feudalismo y el gamonalismo más cruel e inhumano, la Reforma Agraria fue un giro copernicano en el orden social peruano. Un acto de liberación de la servidumbre y la opresión.

No fue la única política de cambio y transformación social y económica que acometió el gobierno inaugurado el 3 de octubre de 1968. Además, tal como señalan los expertos, entre ellos Héctor Béjar Rivera, también se dictaron y ejecutaron medidas y decisiones de  cambio en los sectores energético, minero, la pesquería, en la industria ligera y manufacturera; en el sector empresarial se inició la cogestión en empresas privadas y la autogestión en el campo laboral, se crearon entidades como el Centro de Planificación Nacional (CEPLAN), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y por primera vez se promovió la tan necesaria integración económica en nuestra América Latina a través del Acuerdo de Cartagena y el Pacto Andino. Para el experto Ramón Pajuelo, la “Reforma Agraria abrió las puertas a un proceso irreversible de cambios de la clasificación social y la autoidentificación”. 

La Reforma Agraria fue un proceso inconcluso. El golpe de estado contra Velasco, conocido en la historia como el “tacnazo” para evitar la guerra con Chile, el 29 de agosto del 1975, fue un úkase de Washington en plena “Guerra Fría” y la presión del latifundismo sobreviviente, entre otros intereses adversos y hostiles a los cambios del modelo hegemónico. Se inició entonces la restauración oligárquica. Durante el segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y sobre todo en el gobierno de Alan García (1985-1990) se consumó el desmantelamiento de la Reforma Agraria para dar paso a la neolatifundización de la tierra en el Perú.

La Reforma Agraria es ahora una agenda pendiente en toda América Latina que aparece como una urgencia y una necesidad ineludibles en el nuevo ciclo de gobiernos progresistas, en Chile con Gabriel Boric, en Colombia con Gustavo Petro, en Brasil con el posible e inevitable triunfo de Luiz Inácio Lula y con los gobiernos de Arce en Bolivia, Fernández en Argentina, Andrés Manuel López Obrador en México y Xiomara Castro en Honduras.

La reforma agraria fue una omisión en el primer ciclo del progresismo en América Latina (1990-2000). Estos gobiernos, apunta el experto Roberto Pizarro Höfer, fueron proveedores de materias primas, mantuvieron intocado el modelo productivo-exportador, no ejecutaron políticas de diversificación productiva y se focalizaron en la reducción de la pobreza por el camino del asistencialismo contando para ello con un período de la economía de las “vacas gordas” de los altos precios de las materias primas.
En el nuevo ciclo progresista, tal como ha señalado el mismo analista, la agenda política, social y económica de los nuevos gobiernos deben plantearse en poner fin al extractivismo, asumiendo una política ambiental de defensa y uso sostenible de los bienes de la naturaleza, además de políticas sociales universales, defensa del feminismo y una alianza con  los pueblos indígenas que apunte a un pacto con la naturaleza y a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo en América Latina y el mundo. 

Pedro Castillo: el fiasco de la “Segunda Reforma Agraria” en el Perú

El advenimiento del gobierno de Pedro Castillo en el Perú, el 28 de julio del 2021, votado por millones de hombres y mujeres del medio rural, trajo la ilusión de un nuevo gobierno progresista y una agenda prioritaria denominada precisamente la “Segunda Reforma Agraria”, haciendo alusión a la reforma Agraria de Velasco. El anuncio de una “Segunda Reforma Agraria” provocó pánico y otra vez, como ocurrió con la Reforma Agraria de 1968, los nuevos barones de la tierra agitaron los fantasmas de siempre: expropiación de la propiedad de la tierra, caos económico y social y otros artilugios y artimañas propias del capitalismo caníbal y que la prensa sórdida disparó como un arma. “Porque la mentira es un arma de guerra”, decía Esquilo hace más de 2,500 años.

Pero la “Segunda Reforma Agraria” que, en su origen, era una propuesta de Verónika Mendoza, la lideresa de “Nuevo Perú”, tenía un objetivo claro y definido: “El país debe contar con un gabinete para el desarrollo agrario y rural presidido por el presidente de la república que conduzca a esta segunda reforma agraria, donde se debe implementar un programa nacional de riego, un programa nacional de compras públicas, asistencia técnica, acceso a créditos baratos y una banca de fomento, entre otras”, escribió al respecto Verónika Mendoza. Luego para dar mayor precisión a su propuesta, añadió: “Necesitamos una segunda reforma agraria en el país, en el sentido de reformar el Estado que pueda impulsar políticas de apoyo a ese sector estratégico”. La “Segunda Reforma Agraria” del gobierno de Castillo, finalmente, ni es una réplica de la reforma de Velasco ni tampoco la ejecución del modelo que planteaba Verónika Mendoza. Simplemente es una promesa incumplida. Le falta de todo, como dice el programa “Biocompartiendo”: al plan le faltan temas como agroecología y medio ambiente, la agroexportación, tierras y régimen laboral, ordenamiento territorial, propuestas  sobre cambio climático y acerca de agricultura y productos saludables; tampoco el plan incluye el tema urgente de cadenas de comercialización  y se olvida con complicidad y flagrancia de la concentración de tierras y ocupación urbana, no propone nada sobre agroecología y hasta ahora ha sido incapaz de resolver uno de los problemas más urgentes de la crisis alimentaria: el de los fertilizantes.