La crisis de Doe Run Perú (DRP) nuevamente regresa a la escena pública. Esto se da a pesar de que ya hace más de un mes, el gobierno aseguró que se había logrado una solución privada. Pero, tal como denunciamos en nuestro informe del 14/04/2009, lo que realmente estaba haciendo era crear una cortina de humo sobre su irresponsabilidad en la fiscalización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya. Hoy la crisis vuelve a estallar teniendo como detonante el potencial incumplimiento del PAMA.
Del informe de seguimiento de proyectos del PAMA La Oroya que publica Osinergmin, se desprende el siguiente gráfico, donde puede apreciarse el avance físico del PAMA. Así, aunque ya hay dos plantas de ácido terminadas (la de zinc y la de plomo), los proyectos de cobre, que son los más costosos, apenas están avanzados a la mitad, y las obras se encuentran paralizadas desde diciembre del 2008, creando un grave daño para la salud de la población.
Avance físico del PAMA del Complejo Metalúrgico de La Oroya, a marzo del 2009

Fuente: Osinergmin, Informe de seguimiento de proyectos del PAMA La Oroya. Elaboración: Otra Mirada
También hemos mencionando que en mayo del 2006, el gobierno otorgó la última prórroga del PAMA, a través de la Resolución Ministerial 257-2006-MEM/DM, estableciéndose, a su vez, cláusulas legales que impiden posteriores prórrogas, bajo el principio de proteger la salud de la población de La Oroya. Además, para asegurar el cumplimiento del PAMA, la empresa quedó obligada a crear un Fideicomiso, donde debía depositar los recursos necesarios. Es importante señalar que, sobre la base de estudios técnicos de ese entonces, se determinó que DRP poseía los recursos suficientes para cumplir con el PAMA.
Sin embargo, la actual e ilegal solicitud de prórroga del PAMA requerida por DRP, no sólo atenta contra la salud de la población de La Oroya, sino contra la operatividad de todo el complejo metalúrgico y el empleo. Esto sucede porque las empresas privadas que se comprometieron a salvar las operaciones del complejo, exigen que primero DRP cumpla con capitalizar los US$ 156 millones de la deuda que tiene con su dueño, como se quedó inicialmente. Pero, DRP muy astutamente condiciona esta capitalización a una previa extensión del PAMA.
Recientemente, DRP ha paralizado el 100% de sus operaciones en La Oroya, buscando ejercer presión al gobierno, a través de sus trabajadores, para obtener la ampliación del PAMA. Ante esta difícil realidad, en diversas instancias se vienen discutiendo hasta tres soluciones:
1. La primera propuesta busca justificar una ilegalidad. El Ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez y los abogados de DRP plantean llevar adelante la prórroga a través de una cláusula del Decreto Supremo 046-2004 que permitiría una ampliación si se determina la existencia de un caso de “fuerza mayor”. Esta norma no sólo permitió la última prórroga de mayo del 2006, sino que, como señalan algunos especialistas, fue creada con nombre propio para favorecer a DRP.
2. La segunda propuesta proviene del MEF y los acreedores de DRP. Esta consiste en llevar a DRP a Indecopi para crear una junta de acreedores que tome el control de la empresa. Para lo cual, previamente, el gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 061-2009, que excluiría al actual dueño de DRP de dicha junta, pues este es actualmente el principal acreedor.
3. La tercera propuesta se deriva de la opinión de diversos especialistas que se han pronunciado sobre el tema. Ante la difícil situación generada por DRP, el gobierno debe asumir la administración del complejo metalúrgico hasta encontrar un operador eficiente. Esto se debe hacer bajo los principios de salvaguardar el empleo, la salud de la población de La Oroya y la conservación del Valle del Mantaro.
¿Cuál cree usted que sería la mejor opción?