La sentencia de la Corte Suprema argentina que declara constitucional la ley de medios audiovisuales en ese país es una formidable victoria democrática no solo para la Argentina sino para toda América Latina. La sentencia termina con una batalla de cuatro años, cuando el grupo Clarín la cuestionó porque lo obliga a vender parte de sus licencias de radio y tv.

La ley fue aprobada por el Congreso el año 2009, a iniciativa de la bancada oficialista pero con el apoyo plural de diversas fuerzas políticas, que solo excluyeron a los representantes de la derecha neoliberal. Esta ley fue fruto de más de cinco año de debates producidos en toda la Argentina que fueron promovidos por la Coalición para la Radiodifusión Democrática y que recogían además proyectos similares que ya habían sido presentados durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa. 

La oposición, es importante remarcarlo, ha sido más empresarial que social o política y la ha encabezado el grupo Clarín a la par que algunos otros medios privados. Las razones son de dos tipos. Primero, porque la ley señala que la comunicación es un servicio público y no solo una mercancía, lo que afecta la lógica del negocio de las comunicaciones tal como venía llevándose adelante. Y segundo, porque apunta a restar poder político y cultural a los oligopolios privados sobre las informaciones que brindan a la gente con lo que limitan su influencia en la opinión pública.

Además, no es solo el actual gobierno argentino el interesado en esta legislación. Analistas independientes como el Dr. Martín Becerra de la Universidad de Quilmes señalaba la semana pasada que se debía exigir con la misma intensidad a otros grupos oligopólicos y no solo a Clarín la adecuación a la ley. Puntualmente nos decía Becerra que el gobierno argentino incumple una sentencia de la misma Corte Suprema que lo obliga a repartir equitativamente la publicidad oficial entre los diferentes medios de comunicación.

La ley introduce tres cuestiones fundamentales que democratizan la comunicación. Primero, prohíbe el monopolio en un determinado tipo de medio, radio o tv, en una localidad. Segundo, prohíbe la propiedad cruzada, es decir no se puede tener propiedad de varios tipos de medios, radio y tv, en la misma localidad. Y, tercero,  divide los espectros analógico y digital en tres partes, de acuerdo a si los propietarios son privados, públicos o sociales.

El concepto de libertad de expresión que subyace a la ley es que esta no se define solamente por la competencia entre diversos medios privados, sino por la competencia entre diversos intereses sociales que se expresan en distintas formas de propiedad –privada, pública y social– de los medios de comunicación. Esta pluralidad es la que garantiza el derecho a la información de los ciudadanos.

La ley no hace sino volcar principios que ya existen en Europa y en los Estados Unidos, por lo que es novedad en la región pero no en el planeta. A la postre, una ley de este tipo hace la competencia democrática en diversos niveles, no solo más libre sino también más justa, porque los ciudadanos tienen una mayor variedad de contenidos a su disposición para informarse mejor y finalmente llegar a sus propias conclusiones.

No es casual que así como en Argentina se opone el oligopolio del grupo Clarín aquí se oponga, a cualquier legislación de este tipo, el también oligopólico grupo El Comercio.  Ello se refleja a nivel continental donde la batuta opositora la lleve la Sociedad Interamericana de Prensa, un sindicato de dueños de medios que también se siente afectado porque dice que se daña la libertad de expresión. Obviamente se refiere a libertad de expresión en el primer sentido, como competencia entre diversos medios privados únicamente. La expresión de una pluralidad de intereses sociales no le interesa a los oligopolios porque es un reto a la hegemonía hasta ahora indisputada que tienen en el manejo de la información.