La tensión entre los presidentes Nicolás Maduro y Donald Trump adquiere niveles alarmantes. Estados Unidos lo ha cercado con más del 20% de su flota militar y la complicidad de varias islas del Caribe (República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao), sin que medien pruebas que justifiquen ese accionar. El nerviosismo se incrementa también en el país agresor. Los asesinatos extrajudiciales a 83 personas a bordo de 21 lanchas bombardeadas generan rechazo e indignación no solo en organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, sino al interior de Estados Unidos. 

El viernes 28 de noviembre, el Washington Post informó que el 2 de septiembre militares estadounidenses habían bombardeado dos veces una misma lancha al percatarse de que había dos sobrevivientes bajo la orden “mátenlos a todos” del secretario de Guerra, Pete Hegseht, quien respondió culpando a las informaciones periodísticas de desacreditar “a nuestros increíbles guerreros” y que los bombardeos "están específicamente destinados a ser 'ataques letales y cinéticos'". La acción ha recibido el rechazo de miembros del Partido Republicano.

La narrativa de que se trata de una lucha contra el narcotráfico resulta cada vez menos creíble. Sobre todo porque no es Venezuela el lugar desde donde mayormente fluyen las drogas hacia ese país: no produce cocaína y el fentanilo fluye básicamente desde México. Las verdaderas intenciones de Washington consisten en derribar al gobierno de Maduro, “por las buenas o por las malas”, como señala el propio presidente Trump, e instalar en su lugar a un gobierno funcional a sus intereses. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país bendecido por la abundancia de sus recursos naturales, además de poseer las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.

Galimatías

Mientras Trump cerca por todos los medios a Venezuela y acusa a la cúpula del gobierno de ser narcoterroristas, ha absuelto ayer al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso en Estados Unidos al ser declarado culpable por un jurado estadounidense de Nueva York en 2024  y condenado a 45 años de prisión por conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego. Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado”. El presidente del Parlamento de Honduras ha calificado de “devastador” el indulto de Trump

Después de cercar la costa de Venezuela con el mayor despliegue militar en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de 1962, Trump estaba dispuesto a conversar con Maduro “si se trata de salvar vidas”. Pero el lunes 24 de noviembre el gobierno estadounidense calificó al Cartel de los Soles como una organización terrorista de narcotraficantes dirigida por el presidente venezolano y altos oficiales del Ejército, lo que le da facultades para tomar decisiones sin respaldo del Congreso. ¿Cómo se explicaba estas invocaciones al diálogo en medio de una creciente militarización? 

La respuesta la filtró el New York Times, el viernes 28: el presidente Donald Trump ya había hablado por teléfono con Nicolás Maduro días antes de que entrara en vigor la resolución que lo acusa de liderar una organización terrorista extranjera. La conversación no prosperó pues, según las filtraciones, Trump le pidió que dejara el poder ya!, luego de ofrecerle garantías para su salida. La falta de acuerdo, dio lugar a la acusación de Donald Trump a Maduro,  de dirigir la organización narcoterrorista y a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un aviso internacional donde instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.  

Escalada bélica

Al día siguiente de la resolución, el presidente Maduro movilizó sus bases para cerrar filas ante dichas acusaciones. A su vez, el gobierno estadounidense envió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reunirse con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a participar en la operación Lanza del Sur contra Venezuela, una misión, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur, que tiene como objetivo abatir "narcoterroristas" en la región, de acuerdo con lo anunciado por Hegseth el 13 de noviembre. Se trata de una gran alianza y un modelo para la región a la que esperan sumar otros países Asimismo, le pidió permiso para usar el aeropuerto de las Américas, el principal del país, y la base aérea de San Isidro.

La respuesta de una treintena de organizaciones políticas y sociales dominicanas no se hizo esperar. En un comunicado conjunto rechazaron la visita de Hegseth, a quien calificaron de persona non grata al considerar que su presencia constituye un acto hostil contra la soberanía nacional, así como contra la de Venezuela y la de los demás pueblos del Caribe y Latinoamérica. Las organizaciones declararon que estas maniobras, presentadas como lucha contra el narcotráfico, buscan en realidad intimidar y recolonizar Venezuela y apropiarse de sus riquezas naturales. 

Le recordaron al presidente Abinader que la República Dominicana no es una colonia estadounidense y que su deber es defender los intereses del pueblo, la Constitución y apegarse al respeto al derecho internacional. Le pidieron también que no involucre al país en planes de agresión contra Venezuela y subrayaron que cada intervención estadounidense en la región se apoya en colaboraciones logísticas y diplomáticas. Finalmente, reafirmaron su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, que establece respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos. Al día siguiente, Hegseth se fue a pasar el Día de Acción de Gracias con su esposa en el portaaviones Gerald Ford. Desde allí se dirigió a todo su contingente militar y les dijo que eran “los combatientes más capaces y letales".

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, también inició el lunes  24 una visita a Puerto Rico y Trinidad y Tobago. En el primer país, se reunió con miembros del Ejército estadounidense, supervisó la Base Militar de Roosevelt Draw —reactivada recientemente después de su cierre en 2004— y visitó uno de los navíos de guerra que Washington mantiene en el Caribe como parte de su campaña contra el narcotráfico. Se reunió con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, con quien abordó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La ingenua funcionaria dijo, después de que Caine se marchó, que no permitiría que su país se utilizara como base militar para agredir a Venezuela. El gobierno de Maduro le ha cortado los suministros de gas y petróleo, lo que le ha ocasionado problemas. 

La cereza del postre fue el anuncio del ex aspirante a Nobel de la Paz en su residencia de Mar-a-Lago el Día de Acción de Gracias. Flanqueado por jefes militares, Trump anunció que los esfuerzos para detener a los narcotraficantes se trasladarían a operaciones terrestres, pues “por tierra es más fácil”. El gobierno ha examinado una serie de opciones para Venezuela, incluida la incautación de los campos petrolíferos del país. 

La injerencia

Como ha sido mencionado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió, el 23 de noviembre, un aviso internacional donde instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, lo que dio lugar a que aerolíneas como Latam, Iberia, TAP, Gol, Avianca y Turkish Airlines cancelaran decenas de vuelos, generando serios problemas.

Maduro elevó su apuesta y les dio 48 horas de plazo para que reiniciaran los vuelos bajo pena de suspender las concesiones aéreas si no lo hacían, tal como ocurrió. Al ver perdidas las concesiones, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tuvo que solicitar a las autoridades venezolanas la reconsideración de la revocatoria de los permisos de operación a las aerolíneas. Ante la posibilidad de la normalización de los vuelos, Trump, en una acción que viola el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, decretó que el espacio aéreo sobre ese país y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. 

La respuesta de la Cancillería venezolana el sábado 29 no se hizo esperar. En él se señala que las afirmaciones del presidente Trump constituyen un acto hostil y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y se exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que reconocen de manera categórica que cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio.

En el comunicado, el gobierno hizo “un llamado directo a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria”. Al día siguiente el presidente colombiano Gustavo Petro pidió a la OACI una reunión inmediata pues calificó la orden de Trump como una acción completamente ilegal, y le pidió a la Unión Europea y a países de Latinoamérica reiniciar sus vuelos a Venezuela. 

La injerencia de Trump no se limita a Venezuela. Esta ha tenido lugar de forma escandalosa en la Argentina, Colombia, Brasil, México, Panamá y, recientemente, en Honduras, al respaldar abiertamente al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, el mismo al que pertenece el narcotraficante y ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, al que Trump acaba de indultar. Al igual que lo hizo con Milei en Argentina en las recientes elecciones legislativas de medio término, el presidente estadounidense prometió que "habrá mucho apoyo" si “Tito” gana. "Voten por Tito Asfura para presidente. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narco comunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”; “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, y “¡Haz a Honduras grandiosa de nuevo!”, escribió Trump. 

Mientras Honduras contabiliza los votos de una reñida contienda entre el candidato de Trump  y Salvador Nasralla, del Partido Liberal –la candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, ha quedado relegada por lejos al tercer lugar– el gobierno y la ciudadanía venezolanas, muestran serenidad y resistencia frente a la agresión estadounidense, que no parecería tener marcha atrás, a pesar de que Trump tiene problemas internos: su país no solo presenta serios problemas económicos, sino que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (70%) rechaza la invasión. Inclusive la congresista republicana por el Estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, dirigente del movimiento Make America Great Again (MAGA) ha expresado su rechazo a la invasión a Venezuela para generar un cambio de gobierno, pues dice que rechaza las guerras.  Estados Unidos parecería estar esperando la traición de alguna facción de las Fuerzas Armadas venezolanas o que la oposición desborde las calles para capturar a Maduro. Ello no ha ocurrido, probablemente, porque ha primado un sentimiento de dignidad y respeto a la soberanía nacional. Mientras tanto, las naves estacionadas en el Caribe incrementan la deuda de Estados Unidos, que ya es bastante voluminosa, así como la preocupación sobre los efectos que las bajas estadounidenses tendrían en las elecciones legislativas de medio término del próximo año si estallara el conflicto.

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* Esta nota es una actualización realizada por la autora de su columna El mundo en foco en Feminismo y Democracia MIRA, Americas.org