Han pasado pocos días desde que se presentara una Acción de Amparo ante el Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima firmada por ocho ciudadanos que son reconocidos periodistas.

Mediante este documento piden anular la compra de EPENSA por parte del grupo El Comercio.  Como sabemos, con dicha compra el grupo El Comercio logra hacerse del 77.34% de la publicidad y el 78% de las ventas de diarios en nuestro país (como afirma el informe publicado en La República aquí), constituyendo un oligopolio poderoso y por lo mismo perjudicial para todos. Sí, para usted y para nosotros: para todos.

La historia es conocida. En agosto de este año el Grupo El Comercio oficializó la adquisición del 54% de acciones de EPENSA y del 54% de Alfa Beta Sistemas. EPENSA abarca los siguientes diarios: Correo, OJO, el Bocón y Ajá. Con esta compra, El Comercio se vuelve en un competidor imposible de igualar respecto a la cantidad de medios que tiene a su cargo. La compra de acciones le costó al grupo 17,2 millones de dólares. Dinero cuyo origen tampoco queda claro, pero que a fin de cuentas es un tema aún menos relevante que el que a continuación detallamos.

En Otra Mirada hemos buscado abrir el debate sobre los medios en el país en diversas ocasiones. Hemos encontrado enemigos a esta postura desde el inicio, siempre con el argumento de que se atenta contra “la libertad de expresión” y que el paraíso se constituye sobre la base de la “autoregulación”. Una receta a todas luces errada e insuficiente, de lo contrario basta con que usted prenda su televisión o se detenga a mirar portadas de diarios en un kiosko un día cualquiera. Esa “autoregulación” no es otra cosa que un rótulo vacío. La prensa basura se encuentra en ascenso desde que la dictadura fujimorista cotidianizara los diarios chicha que, por cierto, abundan hasta la fecha. Esa forma de “hacer prensa” no ha desaparecido, se ha legitimado con el tiempo. “Esto es guerra”, “Combate”, “El valor de la verdad” (tema casi de interés nacional la semana pasada), noticieros que enfatizan el morbo, etc. no hacen sino evidenciar esta crisis.

Pues bien, con esta compra se ha abierto un escenario propicio para este ansiado debate. Este es, a fin de cuentas, un tema de fondo y de interés nacional porque, como se señala en la acción de amparo presentada, la misma busca “preservar el derecho de los ciudadanos a recibir información plural y lo más diversa posible, para que pueda tomar mejores decisiones en su vida cotidiana, en la formación de opinión pública y en la voluntad política.” Es cierto que con el oligopolio el pluralismo termina y por tanto, nuestro derecho al acceso de información se ve anulado. Este es el tema fundamental. No es posible una democracia sin pluralidad en los medios (ver suplemento aquí) y sin ciudadanos informados con diversos puntos de vista y no, como ocurre a la fecha y amenaza con empeorar, con discursos hegemónicos de ciertos grupos de poder.

El debate se abre, por fin, con este primer paso y esta buena demanda impulsada por diversos reconocidos periodistas, pero hay varios temas que aún faltan tratar. No se menciona, por ejemplo, nada respecto de la propiedad cruzada (propiedad de distintos tipos de medios, radio, tv, periódicos, por parte del mismo grupo empresarial) que termina por atentar también nuestro derecho a informarnos adecuadamente. Recordemos que los medios masivos de comunicación brindan un “servicio público”, no se trata solo de empresas realizando una labor, sino cumpliendo un rol y una responsabilidad. Necesitamos eliminar la concepción privatista en los medios de comunicación que no pueden seguir en las pocas manos en que se encuentran.

Saludamos esta iniciativa y ponemos en el debate tres puntos fundamentales para tener medios plurales y que la información deje de estar en jaque: 1) La necesidad de una legislación que evite los oligopolios mediáticos y la propiedad cruzada ilimitada; 2) Una nueva ley de medios audiovisuales que dé transparencia a la concesión y eventual retiro de las licencias analógicas y digitales, encomendando dicha tarea a un consejo público donde esté representada la sociedad civil y 3) la promoción de diversas formas de propiedad de los medios de comunicación.

Se abre el debate.