En el Perú, los intereses más altos tienen rostro de mujer. Ellas enfrentan barreras estructurales que afectan no solo su calidad de vida, sino también su acceso y el costo que deben asumir para obtener crédito financiero. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), hacia fines de 2024 las mujeres peruanas pagan tasas de interés un 10% más altas en comparación con los hombres. Este dato es significativo porque evidencia cómo las brechas de género se hacen presentes incluso en los sistemas financieros, que en teoría deberían regirse por criterios técnicos y objetivos, sin discriminación.

Las razones de esta desigualdad no se explican únicamente por aspectos individuales, sino que están ancladas en profundas desigualdades sociales. Para empezar, el mercado laboral peruano muestra claras diferencias de acceso y calidad entre hombres y mujeres, a pesar de los avances de la última década. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de participación laboral femenina fue de apenas 63,3% en 2023, frente a un 79.6% en los hombres. Además, cuando acceden al empleo, ellas lo hacen predominantemente en el sector informal, con menores ingresos y sin derechos laborales garantizados. Este contexto precariza su capacidad de demostrar ingresos estables ante el sistema financiero, haciendo que los bancos las perciban como sujetos de mayor riesgo, aun cuando, paradójicamente, diversos estudios muestran que las mujeres tienden a ser mejores pagadoras.

Otro elemento clave es la brecha patrimonial. Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo el 30% de las mujeres peruanas son propietarias de algún bien inmueble, lo que limita sus posibilidades de presentar garantías en préstamos y créditos. En efecto, la banca tradicional aplica tasas más altas por considerarlas operaciones más riesgosas. Aquí, menos activos significa créditos más caros, y créditos más caros reducen las oportunidades de acumular capital.

La violencia de género también es un factor invisibilizado en estas dinámicas. El Perú enfrenta cifras alarmantes: en el 2024, se registraron más de 170 feminicidios, mientras que cifra acumulada en periodo 2022 – 2024 supera los 450 casos según la Defensoría del Pueblo. Las mujeres que viven bajo amenaza o control por parte de sus parejas pueden ver restringido su acceso autónomo a servicios financieros. Además, la violencia afecta su estabilidad laboral, emocional y de salud, todo lo cual puede traducirse en morosidad o en menores ingresos, reforzando la percepción de riesgo.

A esto se suma el contexto general de inseguridad. Las micro emprendedoras, por ejemplo, que representan una porción significativa de las mujeres económicamente activas, trabajan muchas veces en espacios informales expuestos a robos, extorsión y violencia callejera. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina identificó que la inseguridad reduce las oportunidades económicas de las mujeres porque limita su movilidad y sus posibilidades de expandir negocios. Si una emprendedora no puede crecer ni formalizarse por miedo a la inseguridad, sus oportunidades de obtener crédito barato se reducen dramáticamente.

En este escenario, las Fintech aparecen como una alternativa clave. Al operar fuera de las estructuras tradicionales bancarias, las fintech pueden ofrecer productos financieros más accesibles y flexibles para las mujeres, especialmente para aquellas excluidas del sistema formal. Plataformas de microcréditos digitales, billeteras electrónicas y servicios de financiamiento colectivo permiten que mujeres sin historial crediticio bancario puedan construir su propia reputación financiera. Además, al usar modelos de evaluación alternativos basados en datos digitales (como pagos móviles o historial de comercio electrónico), las fintech tienen el potencial de reducir los sesgos estructurales que enfrentan las mujeres en el crédito formal. Hay ejemplos varios que vienen apostando por esta vía.

A nivel de políticas públicas, estos problemas aún están lejos de resolverse. Las medidas para cerrar la brecha financiera de género no pueden limitarse a programas de microcrédito que refuercen la precariedad. Es necesario promover instrumentos financieros inclusivos y diseñados específicamente para las realidades de las mujeres. Esto incluye ofrecer productos crediticios con criterios de evaluación que valoren no solo los ingresos formales, sino también las capacidades y flujos de ingresos informales, que son muy relevantes en un país donde casi el 70% de las mujeres trabajadoras están en la informalidad.

El problema no se agota en las cifras frías de tasas y porcentajes. El hecho de que las mujeres paguen más por acceder al crédito refleja un entramado de desigualdades acumuladas que atraviesan sus vidas cotidianas: menor acceso a la educación financiera, menores oportunidades económicas, menos redes de apoyo, y más vulnerabilidad a la violencia. Todo esto termina pesando, literalmente, en sus bolsillos.

Cerrar la brecha financiera de género no es solo un asunto de justicia social, sino también de eficiencia económica. Para el Perú, esto significaría no solo más crecimiento, sino también un desarrollo más equitativo y sostenible. ¿Es justo que la mitad de la población pague un “impuesto oculto” solo por su género?

El desafío es inmenso, pero ineludible. Las políticas públicas, las instituciones financieras, las fintech y la sociedad en general tienen el deber de reconocer que el costo del crédito para las mujeres no es solo un problema bancario, sino un síntoma de una estructura social desigual que debe ser transformada. Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos asegurarnos de que ser mujer no cueste más, ni en intereses ni en oportunidades.