La presentación del informe de la Megacomisión que investigó la gestión del gobierno anterior, así como su debate, podrían jugar en favor de este Congreso en materia de lucha contra la corrupción.

La presentación del informe de la Megacomisión que investigó la gestión del gobierno anterior, así como su debate, podrían jugar en favor de este Congreso en materia de lucha contra la corrupción, a la hora de hacer un balance. Los investigados, el ex Presidente Alan García Pérez, sus exministros y demás, creyeron que ésta se desvanecería con  su “empapelamiento” ante el Poder Judicial, con jueces si no apristas, por lo menos apristones.

Sin embargo, pudo concluir su investigación y ponerla en debate en el Pleno y éste ha reaccionado de manera congruente con el espíritu del mandato de la Megacomisión y ha aprobado su pase a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales para un posible levantamiento de la inmunidad de García y su consiguiente juzgamiento en el Poder Judicial.

Todavía quedan por ser debatidos ocho informes de la Megacomisión: BTR, Colegios emblemáticos, Programa Agua para Todos, Venta del terreno e instalaciones de la Base Aérea de la FAP Collique, SEDAPAL – SIAC y el informe reservado sobre enriquecimiento ilícito.  

Sin embargo, hay otros grandes temas en materia de lucha contra la corrupción que aún están pendientes de ser asumidos por este Poder del Estado. El más reciente los “Cornejo Leaks” y la presencia de lobbys gigantescos en el Gobierno. Otro gran tema en este terreno es la aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Existen a la fecha más de 55 iniciativas legislativas sobre la materia en casi 14 años.

Al 2013, más de 150 casos de corrupción de la época del fujimorismo, estaban por prescribir. Más de una década sin ponerse el tema a debate en el Congreso, sólo  puede ser la expresión de la presencia directa de sectores corruptos en este poder del Estado interesados en beneficiarse con el actual plazo de prescripción, que corresponde a la pena mayor.

El otro tema, que va de la mano del anterior, es la corrupción en los Gobiernos Regionales que, en muchos casos se confunde y se ha aliado con el sicariato y el narcotráfico. Los casos de corrupción en por lo menos 19 de los 25 gobiernos regionales, demandan un avocamiento de emergencia por parte del Congreso de la República.

Lo que se desprende en materia de lucha contra la corrupción en las regiones, del último mensaje presidencial de 28 de julio, es que podrían darle carácter de permanente a las Unidades Ejecutoras (que se suponen son temporales) como forma de impedir que malas autoridades se sigan aprovechando de los recursos de las regiones.

Es responsabilidad del Congreso de la República, darle una salida al problema de la corrupción en las regiones, en el marco del proceso de regionalización, profundizándolo, sin debilitar los sistemas anticorrupción regionales sino fortaleciéndolos y fortaleciendo también los mecanismos para evitar el acceso de redes de corrupción en los gobiernos subnacionales.

Hay en el Congreso de la República 09 grupos parlamentarios. Las bancadas cuyos líderes se encuentran con graves denuncias por corrupción se distribuyen así: el fujimorismo tiene 36 Congresistas, Perú Posible (de Alejandro Toledo) cuenta con 11 congresistas, Concertación Parlamentaria (donde está el APRA de AGP) tiene 8 congresistas, Solidaridad Nacional (de Castañeda Lossio) cuenta con 8 congresistas, sumados son 63 congresistas. Si el número total de congresistas es 130, ya podemos  deducir la correlación de fuerzas.

Los sectores del Parlamento no contaminados por la corrupción tienen un gran reto.