Hasta el momento no ha sido posible estimar con rigurosidad el impacto económico de la crisis del COVID-19 en los agricultores peruanos.  Aunque existe evidencia circunstancial de fuerte caída en los ingresos agrarios debido a menores precios, dificultades para colocar los productos en el mercado y restricciones a labores en campo, lo cierto es que no hay aún datos estadísticos que corroboren estos problemas.

Desde el inicio de la pandemia el INEI decidió seguir aplicando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) pero en forma telefónica, con lo cual ha sido posible tener algunas cifras para el segundo trimestre de este año.  La encuesta se realizó con un cuestionario simplificado a más de 8,000 hogares, y aún no es posible medir en base a ella ingresos y tasa de pobreza que sólo se estiman cuando se tengan los datos de todo el año.

No obstante, los resultados iniciales de esta ENAHO telefónica nos traen alguna información útil para empezar a identificar algunos impactos económicos y sociales de la crisis en diversos tipos de hogares en el país.  En particular, en este artículo estamos interesados en los hogares agropecuarios, es decir, en los que el jefe de hogar declara como ocupación principal la agricultura en forma independiente (es un productor, no consideramos a los trabajadores agrícolas) en el módulo de empleo e ingresos.  

Luego de identificar a estos hogares (un 25% de la muestra expandida), procesamos dos preguntas directamente relacionadas a los ingresos.  En primer lugar, la pregunta 529-I, que indaga si los ingresos o ganancias en la ocupación principal independiente se redujeron con respecto al mes pasado.  En base a esta pregunta hemos podido estimar el porcentaje de hogares agropecuarios que declaran haber tenido reducción de ingresos durante el segundo trimestre de este año.  Igualmente, en el módulo 700 de la ENAHO se consigna si los hogares recibieron alguno de los bonos distribuidos por el gobierno durante el segundo trimestre (abril-mayo-junio).  Finalmente, también se consigna a los hogares que retiraron fondos de CTS durante el mismo periodo.

Aunque esta información no permite identificar la magnitud en la caída de ingresos agropecuarios (e impactos en la incidencia de la pobreza), sí identifica a la proporción de hogares que tuvieron caídas de ingreso en el periodo.  Como la encuesta trimestral tiene representatividad por región, es posible generar estimados regionales usando los factores de expansión, que son los que presentamos en el cuadro siguiente.

Un 41% de los hogares agrarios del país tuvo caída de ingresos durante el segundo trimestre de este año, es decir 4 de cada 10.  Hubo diferencias significativas entre regiones, que hemos clasificado como de impacto bajo, medio y alto.  Las regiones donde se registró un impacto más pronunciado en los ingresos agropecuarios (50% o más hogares afectados) fueron Ancash, Tumbes, Cusco, San Martin, Madre de Dios, Lambayeque, Loreto, Lima y Tacna.  En estas tres últimas tres regiones más del 60% de familias agropecuarios tuvieron caída de ingresos.  

Igualmente, un 29% de hogares agropecuarios recibieron alguno de los bonos distribuidos por el gobierno (que como sabemos fue por un monto único de 760 soles para seis meses).  No obstante, como se puede ver en el cuadro, la proporción de familias agrarias que recibió bono en el segundo trimestre guardó poca relación con la proporción que tuvo reducción de ingresos.  En el grupo que tuvo un alto impacto, por ejemplo, la mayoría tuvo una entrega de bonos bastante inferior a los porcentajes de familias afectadas, especialmente en las regiones de Lima, Tacna, Ancash, Cusco y Lambayeque. 

Aquí se puede ver el serio problema que tuvo el gobierno para identificar de manera precisa y oportuna a los agricultores con mayores problemas en las regiones, y en general, quedó en evidencia la incapacidad del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) para diseñar y poner en marcha un bono agrario específico que atendiera de manera oportuna a los que más necesitaban ayuda en el agro.  Si a esto le agregamos el desastre del FAE-AGRO, un fondo de 2,000 millones de soles que el gobierno dispuso sirviera para financiar la campaña agrícola iniciada en agosto--y que a la fecha sólo ha colocado 2% de los fondos con el 60% de avance de la campaña--podemos concluir que a este gobierno en realidad nunca le interesó realmente apoyar a la agricultura.  A esta altura ya poco podemos esperar de un gobierno claramente insensible al problema agrario, que no ha sabido o querido implementar ninguna propuesta de ayuda efectiva para más de 2 millones de agricultores peruanos gravemente afectados por la crisis sanitaria y económica en curso.