EDITORIAL 

La estrategia presidencial se ha agotado. Se necesita ahora, más que nunca, combinar el combate al virus COVID 19 con la solución al problema del hambre y la falta de ingresos y empleo de millones de peruanos.

Enfrentado a la pandemia, el gobierno del presidente Vizcarra respondió con rapidez imponiendo y organizando una temprana cuarentena sanitaria y bonos para compensar las pérdidas de ingreso de distintas categorías sociales, urbanas y rurales. Instrumentó fondos de reactivación económica para los circuitos productivos mediante transferencias financiadas por el ahorro de los asalariados en las AFPS, el aporte presupuestal del gobierno y el endeudamiento públicos. E introdujo drásticos controles sanitarios para frenar el contagio. 

Ahora, después de 55 días de inmovilización, el Perú entra a una fase crítica caracterizada por el mantenimiento de la tendencia al contagio, las muestras de cansancio ciudadano frente a la duración de la cuarentena, el riesgo de que se ignoren las medidas sanitarias, sobretodo entre los informales y los más pobres, por la necesidad de generar ingresos y ante el fantasma del hambre. Todo ello ocurre justo en el momento que el número de muertos (1889) sigue proyectándose hacia arriba y la pauperización se extiende entre los grupos sociales más vulnerables y menos beneficiados por las políticas sociales y los bonos.

Se requiere renovar la estrategia nacional ante los insuficientes resultados obtenidos por los ya debilitados recursos del sistema de salud, los problemas de poco “chorreo” entre los más pobres (en parte por corrupción o clientelismo de gobiernos locales y regionales).

Urge una reorientación. Tanto la realidad de la sociedad y del Estado peruano, no siempre tomados en cuenta al principio, obliga a repensar el curso de la estrategia para incorporar más aliados en la tarea de resolver las carencias de la gente. Los bonos y los préstamos a las MYPES mas chicas llegan aún a menor velocidad de la necesaria, sobre todo para atender al sector informal urbano y al rural andino amazónico, donde se concentran los estratos de la  parte más numerosa, urgida y excluida de la pirámide social; las transferencias de recursos se quedan en el medio o discurren  lentamente. La redistribución mediante los presupuestos de los gobiernos regionales y municipales sufre del endémico riesgo  de la corrupción y el clientelismo distrital y local. En suma,  las transferencias  hacia los más necesitados carecen de la  efectividad que urgen los problemas de existencia cotidiana. Mientras tanto, al 60-70% de la población laboral-mini empresarial informal urbana a quienes han estado dirigidos los fondos de transferencia  no les ha llegado oportunamente. Es el  caso de los bonos para sostener la actividad diaria de aquellos conciudadanos cuyo trabajo y ventas está en la calle, estos súbitamente se ha visto  desprovistos de ingresos, lo que acerca  el problema de una eventual masiva  falta de alimentos, que seria el nuevo gran problema social causado por  la pandemia. Y por supuesto el drama que significaría el rebote de la misma por un apresuramiento en el reinicio de las actividades que más bien debiera estar en relación a la evolución de las tendencias de la realidad  que revelan el calculador epidemiológico y los escenarios construidos con distintos modelos matemáticos de cálculo (SIR, Imperial College, PUCP…) 

En este nuevo escenario planteamos que los problemas a combatir son varios: la pandemia, la exclusión y el hambre. El gobierno, por lo tanto, necesita atacarlos sin pausa y  al mismo tiempo apoyar las alternativas que emanan de la sociedad civil. Es hora de ver esta coordinación desde las bases. Se hace necesario convocar a las instituciones de la  sociedad civil y dejarlas actuar. El Acuerdo Nacional puede ser útil puesto que convoca a  la participación a instituciones intermedias de la sociedad, pero lo que corresponde en la hora que viene es el acercamiento directo del estado a la población, sin intermediación o con el mínimo de ella,  que es donde se debiera  llegar.

En particular, para ser mas precisos, se requiere un acercamiento a diversos componentes de la sociedad civil que tienen contacto y presencia en el segmento de la población que tiene el mayor riesgo de exclusión y  pauperización  por la pandemia: población flotante campo-ciudad, Auto empleados de las periferias urbanas, microconductores de negocios rurales y campesinos, PYMES familiares y artesanales, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores del hogar, discapacitados, migrantes venezolanos, indigentes. A ellos les llegan poco las transferencias por,  en algunos casos, clamorosas fallas en la identificación y distribución de lo   prometido y que exacerban la exclusión de los más desesperados. Habría que diseñar, por tanto, estrategias oxigenadas  que focalicen  ciudades intermedias y el medio rural, andino y amazónico.

La sociedad civil, las empresas pública y privada y el Estado central, Regional y Local  deben actuar mediante mecanismos concretos de urgente distribución  de los productos indispensables para los hogares de las mayorías, sobretodo de  alimentos. con los debidos cuidados sanitarios. Que está logística comprometa a los más importantes grupos económicos vinculados al abastecimiento de la canasta de los más necesitados. 

Proponemos lo siguiente:

1. Activación de las redes de sindicatos, integrantes de CONVEAGRO, asociaciones de pequeños agricultores, comunidades campesinas, juntas de regantes,  sindicatos mineros, pesqueros, azucareros, industriales, agroexportadores y transportistas organizaciones sociales ligadas a los más pobres para reactivar y abastecer comedores populares y ollas comunes.
2. Convocatoria a las iglesias para que cumplan un rol similar médico-alimentario en la red de parroquias y templos de las zonas menos atendidas.
3. Convocatoria a iniciativas del gran sector privado para la distribución de alimentos, presente en gran parte del país, coordinando con las instituciones públicas para  que eviten omisiones en ciertas zonas y repeticiones en otras.
4. Distribución de alimentos por el Estado de forma directa de acuerdo a un plan apoyado en la movilización de las fuerzas armadas y policiales.
5. Aliento ciudadano y partidario a las organizaciones de la población para que ejerzan vigilancia ciudadana  contra autoridades corruptas o distorsiones de distribución a nivel local. 
6. Tipificar los actos de corrupción incurridos en el proceso de distribución así conceptuado como delitos flagrantes que merecen la inmediata sanción del Poder Judicial
7. Formar un grupo de tarea multisectorial que comande y dirija el proceso de lucha contra el riesgo carencial de la canasta de consumo de los excluidos.

Adicionalmente, el gobierno debería considerar dos iniciativas complementarias: emisión de un Bono Universal y programas de trabajo de limpieza de carreteras y otras tareas de mantenimiento urbano y rural para los jóvenes.