La reunión del FMI y el Banco Mundial va a ser aprovechada por el gobierno para “ensalzar” su modelo económico, a pesar de que el propio análisis de estos organismos indica claramente que se ha agotado el superciclo de precios de las materias primas y que los países se deben encaminar hacia la diversificación productiva y la inversión en recursos humanos. Cierto, son “generales después de la batalla”. Pero es el momento de girar hacia un nuevo sentido común alternativo al neoliberalismo.
 
Queda claro que el modelo primario exportador conlleva la dependencia en las materias primas, con poco o ningún valor agregado, lo que ha llevado a la caída de la productividad. La volatilidad cíclica de precios nos hace vulnerables a condiciones externas sobre las cuales no tenemos injerencia, lo que causa recesiones después de algunos años de crecimiento. Los avances en reducción de la pobreza y aumento en el empleo pueden revertir a los niveles pre-boom.

 
El país no puede seguir aplicando políticas neoliberales como base para el crecimiento, pues mantienen el carácter dual de la economía y refuerzan la desigualdad, con sectores de altos rendimientos y utilidades, pero con muy poco empleo, mientras que la mayor parte de la población está en el agro y el sector servicios, con baja productividad y valor agregado. Mantener el modelo actual perpetúa esta situación.
 
Se trata de poner en marcha políticas que permitan enfrentar a la globalización lo que implica la diversificación de la actividad productiva, impulsada (no necesariamente actuada) por el Estado). La informalidad es producto de un modelo que no prioriza la actividad productiva en el sector industrial y, tampoco, del sector agrícola, que tiene el 24% de la PEA y buena parte del empleo en el sector informal.
 
Es clave una reforma tributaria integral. Hoy la mayor parte de los impuestos son indirectos, destacando el IGV que lo pagan todos por igual, ricos y pobres. Mientras, los impuestos a la renta (directos) tienen una participación menor. Exactamente lo inverso de lo que sucede en la OCDE.  Peor aún, el año pasado se redujo el impuesto a la renta a las empresas de 30 a 28%, agravando la desigualdad, lo que debe derogarse. Además, debe regresar el impuesto a la propiedad para avanzar hacia la equidad.
 
Deben modificarse las leyes de minería e hidrocarburos, que otorgan al concesionario la propiedad de los recursos, pudiendo disponer de ellos a su libre albedrío. Eso impide que hoy esté garantizada, por ejemplo, la oferta de gas natural para la petroquímica (el dueño puede oponerse a la necesidad clave de esta industria para la seguridad energética, la descentralización y la diversificación de la actividad productiva).
 
Debe haber un nuevo régimen de tratamiento a la inversión extranjera, que le otorgue estabilidad jurídica y tributaria (sin contratos-ley blindados por la Constitución), al mismo tiempo que se garantiza la transferencia de tecnología, compras al empresariado nacional (siempre que por lo menos iguale en calidad y eficiencia al producto extranjero) y capacitación de recursos humanos.
 
Los TLC y, antes, la apertura unilateral (sin negociación) parten del supuesto que el “libre comercio” irrestricto constituye per se una política de crecimiento y han llevado al Perú a tener niveles arancelarios entre los más bajos del mundo (1.4% en promedio). Los TLC son un medio y no un fin. Deben formar parte de una estrategia de desarrollo, hoy inexistente.
El Perú debe priorizar la integración internacional en varios planos, priorizando la integración regional. Debe reforzarse la Comunidad Andina de Naciones (hoy en muerte lenta) y no alentar el “combate ideológico” de bloques (Alianza del Pacífico contra Mercosur), a la vez que se intensifican las relaciones con el Asia en el marco de la APEC.
 
Para ello, es indispensable la derogatoria de varios artículos económicos de la Constitución de 1993: el Art. 60 (subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial), Art 62 (existencia de contratos-ley que solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes y Art. 63 (igual trato entre empresas extranjeras y nacionales, tema que debe ser negociado entre las partes y no cedido “graciosamente”).
 
La descentralización debe ser reforzada, ampliando las competencias de los gobiernos regionales y locales –incluyendo la descentralización fiscal–, con fechas de transferencias de funciones y el debido monitoreo de las instituciones supervisoras. Deben crearse macrorregiones con planteamientos provenientes de ellas mismas.
 
No se debe retroceder en las leyes ambientales, como ha sucedido desde el 2013, con la consulta previa, los estudios de impacto ambiental y en el recorte de los derechos de las comunidades indígenas a su territorio.
 
Hay muchos más temas claves, claro está. Mencionemos dos: la reforma del sistema de pensiones, público y privado hacia un sistema de pilares con un pilar universal para una vejez digna. Las inversiones de las AFP en la Bolsa deben ser una parte mínima de la cartera y se deben rebajar las inversiones en el exterior hasta el 20% (hay US$ 14,000 millones “invertidos” fuera del país). Y una prioridad central es la inversión en investigación y desarrollo y el avance hacia las tecnologías de la Información y el conocimiento, que solo van a avanzar con políticas públicas.
 
No se debe permitir que la discusión en el país sea solo aquella que alienta la prensa concentrada. ¿O sí?

Publicado en El Diario La República, 05 de Octubre 2015