No es la primera vez que Alan García aprovecha las debilidades del sistema jurídico para excluirse de las investigaciones en curso o dilatar los procesos judiciales hasta que los delitos prescriban. 

Tras el fallo del Poder Judicial que anuló todo lo actuado respecto al ex presidente Alan García en los informes acusatorios de la Megacomisión, parece que vivimos en una esquizofrenia institucional donde las atribuciones del Congreso de la República tambalean mientras García se salva una vez más de la justicia. 

La Megacomisión tuvo como atribución principal investigar la gestión de gobierno de Alan García como Presidente durante el periodo 2006-2011. El objetivo fue identificar y comprobar posibles ilícitos generados a partir de la dación de decretos de urgencia y decretos legislativos que habrían permitido presuntas irregularidades en contra del interés público. Al final, se entregaron 9 informes contundentes donde se recomienda profundizar las investigaciones sobre posibles delitos cometidos por García, algunos de sus ex ministros y funcionarios públicos.  Hasta aquí la Megacomisión cumplió su tarea constitucional de investigar.

Un juez constitucional, sin embargo, encuentra vicios de procedimiento, y actuando con criterio judicial y no parlamentario, le encuentra peras al olmo y objeta las citaciones al ex presidente. Olvida el señor juez que la función de control le permite al Congreso encontrar faltas políticas, no penales, y que, en todo caso, traslada sus indagaciones al sistema judicial para que este proceda, si lo encuentra conveniente, en su ámbito. Las faltas políticas, sin embargo, no son de poco calado y podrían conducir a García a la inhabilitación, posibilidad que lo ha desesperado y lo hace actuar con una temeridad desmedida para evitar esa posibilidad. 

Sin embargo, al anular todo lo que compromete a Alan García en los informes presentados, el Poder Judicial genera un conflicto de competencias que termina favoreciendo al ex presidente aprista. Según lo revelado por la Megacomisión, durante el segundo gobierno aprista habría existido una organización ilícita al más alto nivel que se enriqueció haciendo uso y abuso de su presencia en el aparato del Estado. El comportamiento corrupto habría sido sistemático y el ex presidente García habría cumplido un rol casi protagónico. Estamos hablando de graves acusaciones que deben esclarecerse por el bien del país.

No es la primera vez que Alan García aprovecha las debilidades del sistema jurídico para excluirse de las investigaciones en curso o dilatar los procesos judiciales hasta que los delitos prescriban. La periodista Rosa María Palacios recuerda como, en 1991, el Informe de la Comisión Olivera, que documentó el enriquecimiento ilícito de Alan García en el periodo 1978-1990, fue aprobado por la Comisión del Senado, la cual dictaminó que procedía acusar penalmente a Alan García ante el Poder Judicial. Sin embargo, la valiosa acusación dio un giro de 180 grados cuando pasó al Poder Judicial. Allí el vocal designado por la Corte Suprema, Roger Salas Gamboa, con velocidad inusual mandó a archivar todo. El hecho fue un escándalo y se apeló. En enero de 1992, la Corte Suprema, controlada por el Apra, mandó todo nuevamente al archivo. ¿Casualidad?  La historia se repite de manera muy similar ahora.

Innegable es también la influencia perversa que mantiene García en el sistema judicial,  resultando casi un “experto” en no ser juzgado sobre cuestiones de fondo. Para ello, siempre evita llegar a juicio, donde sabe que las cosas pueden complicarse.

Resulta lamentable que, nuevamente, la justicia no alcance para aclarar las denuncias que pesan sobre García. El manto de intocable que lo cubre daña la democracia pues la única manera de devolver la confianza de los ciudadanos en la política y sus instituciones es demostrar que la justicia en el país mide a todos por igual y enfrenta la impunidad. Estamos frente a una serie de indicios de actos de corrupción y ello implica violación a nuestros derechos ciudadanos. ¿Será capaz el Sistema Judicial de darnos una lección de decencia corrigiendo su fallo e investigando como debe ser? Esperemos que estén a la altura de las circunstancias.