El gobierno de Barack Obama finalmente logró encaminar a su país hacia la resolución de un vergonzoso problema social: la falta de cobertura de salud para millones de sus ciudadanos.

Efectivamente, el censo de 2005 encontró que casi 46 millones de personas (más del 15% del total) se encontraban sin seguro de salud en la nación más rica del mundo. Sin embargo, la nueva Ley de Salud constituye no sólo un gran paso para el bienestar de millones de personas sino, además, una medida decisiva para empezar a revertir la creciente desigualdad que ha caracterizado a esa sociedad desde los años de Reagan.
¿Qué impedía por décadas que un gobierno tan poderoso, y con capacidad para movilizar tantos recursos financieros, asegure la cobertura de salud universal? Principalmente, un poderoso lobby de las grandes aseguradoras privadas de salud (AHIP) que defiende enormes utilidades e influye en los congresistas a través del cabildeo y contribuciones a sus campañas electorales. Asimismo, realiza masivas campañas de difusión en contra de las reformas que cuestionan, buscando lograr que los ciudadanos presionen a sus legisladores y apelando con éxito a la tradicional postura individualista del estadounidense en rechazo a la intervención estatista. Ya a inicios de los años noventa estos intereses privados impidieron la reforma que lideraba la entonces primera dama Hillary Clinton. En particular, estas empresas se opusieron ferozmente a la creación de un sistema público y a cambiar sus políticas de negar cobertura a quienes contraían ciertas enfermedades o presentaran condiciones que atentaran contra sus utilidades.
En realidad, la reforma de Obama ha triunfado por muy escaso margen, lo que involucró intrincadas maniobras políticas en el Congreso y refleja grandes concesiones a la derecha y al lobby de las aseguradoras. Por ejemplo, la opción de tener un sistema público de provisión universal de salud tuvo que ser descartada para lograr esta aprobación. Sin embargo, de todas maneras constituye un gran avance social porque ahora todos deben asegurarse y el Estado tendrá que cerciorarse de que los seguros, efectivamente, estén al alcance de todos. Las aseguradoras no podrán seguir limitando su cobertura a discreción y, además, se incluye en los planes la atención preventiva.
Lamentablemente, esto no significa que el poder del dinero corporativo sobre la democracia y la justicia social esté disminuyendo. Más bien, un vistazo más panorámico al mismo país nos dice que está sucediendo todo lo contrario a pesar de este avance meritorio. El 21 de enero los elementos reaccionarios de la Corte Suprema de Estados Unidos prevalecieron y establecieron que el gobierno no puede limitar las contribuciones que hacen las corporaciones privadas  a los gastos electorales, por cuestiones de “libertad de expresión”.  Para actores tan diversos como Noam Chomsky y el New York Times y el propio Presidente Obama, esto hace vaticinar un futuro negro para la democracia estadounidense, donde la riqueza y poder de las corporaciones puede abrumar a los funcionarios elegidos y sus intereses pueden imponerse a la opinión pública.
Las puertas han quedado abiertas para que, más que nunca antes, los intereses particulares de unos pocos se impongan sobre los intereses de las mayorías. A pesar del trabajoso avance en salud, todo indica que cada vez será más difícil optar por políticas que persigan la equidad y la redistribución.
Al revisar esta situación es inevitable pensar en el caso peruano. Si esto puede suceder en una de las democracias más consolidadas del mundo, ¿cómo resolver la gran vulnerabilidad del Estado a la presión de los intereses privados en un país donde la agenda social pendiente es muy grande? Hay demasiados ejemplos recientes del ejercicio de estas presiones, con consecuencias nefastas: el negociado del gas de Camisea para exportarlo a costa de los consumidores peruanos, las leyes sobre el uso de los territorios amazónicos que provocaron los sangrientos enfrentamientos en Bagua. Entre otras cosas, los candidatos de verdadera vocación democrática en las próximas elecciones deben poner en la agenda pública temas como el financiamiento público de los partidos políticos y el uso equitativo de los medios de comunicación para fines electorales.