Recientemente se ha celebrado la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en la capital de Etiopía, Addis Abeba. La reunión se llevó a cabo en un momento en que los países en desarrollo y los mercados emergentes han demostrado su capacidad de absorber grandes cantidades de dinero de manera productiva. De hecho, las tareas que estos países están emprendiendo —como inversiones en infraestructura (carreteras, electricidad, puertos, y mucho más), la construcción de ciudades que un día van a llegar a ser el hogar de miles de millones de personas y el cambio hacia una economía verde— son realmente enormes.

Al mismo tiempo, no falta dinero a la espera de que se le dé un uso productivo. Hace apenas unos años, Ben Bernanke, el entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, habló de un exceso de ahorro mundial. Y, no obstante, los proyectos de inversión con alta rentabilidad social no salían adelante por falta de fondos. Eso sigue siendo cierto hoy en día. El problema, tanto entonces como ahora, fue y es que los mercados financieros globales, en vez de cumplir con su objetivo de realizar una intermediación eficiente entre el ahorro y las oportunidades de inversión, asignan mal el capital y crean riesgo.

Hay otra ironía más. La mayoría de los proyectos de inversión que necesita el mundo emergente son a largo plazo, al igual que lo son gran parte de los ahorros disponibles —es decir, los billones de dólares y euros que se encuentran en cuentas de jubilación, fondos de pensiones y fondos soberanos— Pero nuestros mercados financieros, cada vez más miopes, se interponen.

Muchas cosas han cambiado en los 13 años transcurridos desde la Primera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Internacional que se celebró en Monterrey (México) en 2002. En aquel entonces, el G-7 dominaba la formulación de políticas económicas a nivel mundial; hoy en día, China es la economía más grande del mundo (en términos de paridad del poder adquisitivo), con una tasa de ahorro que supera en alrededor de un 50% al nivel de EE UU. En el año 2002, se pensaba que las instituciones financieras occidentales eran magos de la gestión del riesgo y la asignación de capital; hoy en día, vemos que son brujos en manipular los mercados y otras prácticas engañosas.

Atrás han quedado los llamamientos que instaron a los países desarrollados a cumplir con su compromiso de dar al menos un 0,7% de su producto nacional bruto (PNB) en ayuda al desarrollo. Unos cuantos países del norte de Europa –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y, sorprendente, el Reino Unido —en medio de su austeridad autoinfligida— cumplieron sus promesas en 2014. Sin embargo, Estados Unidos (con un 0,19% de su PNB ese mismo año) se queda muy, muy lejos.

Hoy en día, los países en desarrollo y los mercados emergentes dicen a EE UU y a los otros países: si no van a cumplir sus promesas, al menos no estorben y permítannos construir una arquitectura internacional para una economía mundial que también sirva a los pobres. No es sorprendente que las potencias hegemónicas existentes, con EE UU a la cabeza, estén haciendo todo lo posible por frustrar tales esfuerzos. Cuando China propuso la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras para ayudar a redirigir algunos de los excesos de ahorro mundial hacia lugares donde la financiación es muy necesaria, Washington trató de torpedear el esfuerzo. Cuando finalmente el proyecto salió adelante, el Gobierno del presidente Barack Obama sufrió una dolorosa (y muy vergonzosa) derrota.

EE UU también está bloqueando el camino hacia un derecho internacional para la deuda y las finanzas. Para que funcionen bien los mercados de bonos, por poner un ejemplo, se debe encontrar una forma ordenada para resolver los casos de insolvencia soberana. Sin embargo, hoy en día, no existe tal manera. Ucrania, Grecia y Argentina son ejemplos del fracaso de los acuerdos internacionales existentes. La gran mayoría de países ha pedido la creación de un marco para la reestructuración de la deuda soberana. EE UU sigue constituyéndose como el principal obstáculo.

También es importante la inversión privada. Pero las nuevas disposiciones incluidas en los acuerdos comerciales que el gobierno de Obama está negociando en ambos océanos implican que cualquier inversión extranjera directa viene acompañada por una marcada reducción en la capacidad de los Gobiernos para regular el medio ambiente, la salud, las condiciones de trabajo e incluso la economía.

La posición de Estados Unidos en relación con el tema más debatido en la conferencia de Addis Abeba fue particularmente decepcionante. A medida que los países en desarrollo y los mercados emergentes abren sus puertas a las multinacionales, se hace cada vez más importante que puedan imponer impuestos a estos gigantes, gravando las ganancias generadas mediante la actividad empresarial que se produce dentro de sus fronteras. Apple, Google y General Electric han demostrado que a la hora de encontrar maneras de evadir impuestos son aún más geniales que cuando desarrollan productos innovadores.

Todos los países —tanto los desarrollados como los en desarrollo— han estado perdiendo miles de millones de dólares en ingresos fiscales. El año pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) dio a conocer información sobre las decisiones fiscales de Luxemburgo que expusieron la magnitud y la diversidad de las formas de evasión fiscal. Aunque un país rico como EE.UU. pudiese soportar el comportamiento descrito en el denominado caso Luxleaks, un país pobre no puede hacerlo.

He sido miembro de una comisión internacional, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de Sociedades, cuya labor es examinar maneras de reformar el sistema tributario actual. En un informe que presentamos a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, acordamos por unanimidad que el sistema actual está roto, y que no basta con un par de arreglos aquí y allá. Hemos propuesto una alternativa —similar a la manera en la que las empresas son gravadas en EE UU— asignando la recaudación que corresponde a cada Estado sobre la base de la actividad económica que ocurre dentro de las fronteras estatales.

EE UU y otros países desarrollados han presionado a favor de una serie de cambios mucho menores recomendados por la OCDE, que es el club de los países desarrollados. En otras palabras, los países de los que provienen los políticamente poderosos evasores de impuestos son los países que, se supone, tienen que diseñar un sistema para reducir la evasión fiscal. Nuestra Comisión explica por qué las reformas de la OCDE han sido, en el mejor de los casos, pequeños ajustes a un sistema fundamentalmente defectuoso. Son, simplemente, inadecuadas.

Los países en desarrollo y los mercados emergentes, encabezados por India, han argumentado que el foro adecuado para debatir estos temas es un grupo ya establecido en Naciones Unidas, el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Asuntos Fiscales, del que es necesario mejorar su situación jurídica e incrementar su financiación. EE UU se ha opuesto de manera tenaz: quería mantener las cosas como en el pasado, de forma que la gobernanza mundial sea llevada a cabo por y para los países desarrollados.

Las nuevas realidades geopolíticas exigen nuevas formas de gobernanza mundial, en las que la voz de los países emergentes y en desarrollo resuene más alto y con mayor peso. EE UU impuso su parecer en Addis Abeba; sin embargo, también mostró que se encuentra en el lado equivocado, una postura que será juzgada por la historia.

*Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente es La Gran Brecha: las sociedades desiguales y qué podemos hacer al respecto.