El pasado 24 de noviembre se realizó la mayor incautación de madera de origen ilegal, en la Amazonía peruana. Agentes de la Sunat, en trabajo conjunto con fiscales y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), realizaron el decomiso de 1.312 metros cúbicos de madera, que equivale a lo transportado por 60 camiones de carga pesada en la bahía de Iquitos, en la región Loreto, como parte del Plan Amazonas. El cargamento estaba valorizado en S/. 1.6 millones e iba a ser comercializada en México y EE.UU.

Se supo que la madera incautada provenía de áreas protegidas de la selva, donde está prohibida la tala. Sin embargo, se utilizaron documentos oficiales con información falsa para poder trasladar el cargamento. Esta no es la primera vez que se vulnera la Amazonía en complicidad con funcionarios del Estado. La tala ilegal es el principal problema medioambiental que afecta al país. Actualmente, el Perú tiene 7 millones de hectáreas de bosque amazónico deforestadas. Habría que empezar a ver no solo el daño ambiental que durante años se ha cometido sino también el impacto económico y social que este tiene sobre el resto del país.
 
Lobby maderero
El 60% del territorio nacional está constituido por bosques. No obstante, no existe una real valoración de dichas áreas como capital natural. Debido a la tala ilegal, el Perú pierde anualmente 113 mil hectáreas de bosques amazónicos. Esto se debe a que la tala ilegal se ha convertido en un negocio tan rentable como el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Cada año perdemos más de $ 250 millones en tala ilegal solo de las especies cedro y caoba. De continuar en esta situación, en algunos años la calidad del aire se vería disminuida, y con ello la vida de millones de peruanos. Esto sin contar el efecto negativo en la economía que actualmente tiene la tala ilegal en la región amazónica.

La tala es una de las principales actividades económicas en la selva peruana. Pero por la comercialización ilegal de la madera, los agentes formales dedicados a este trabajo se han visto perjudicados en los últimos años. El problema está en que no pueden competir con los vendedores ilegales, ya que las empresas comercializadoras prefieren negociar con ellos, al ofrecerles precios más baratos. Además, cuentan con todo el apoyo de las autoridades locales, quienes participan del “blanqueo” de madera, brindando las facilidades para poder trasladar la mercancía sin mayor problema. Los documentos oficiales con los que se escudan las empresas que comercializan en el exterior la madera ilegal así lo demuestran.
 
Pero, ¿qué hacen al respecto nuestras autoridades? Este año se promulgó el DL 1220, el mismo que declara de interés nacional la lucha contra la tala ilegal, además de regular la interdicción y el decomiso especial de madera siempre que no tenga documentos que avalen su origen legal. El Plan Amazonas constituye el primer esfuerzo del Ministerio Público por poner en acción el mencionado recurso legal. Sin embargo, esto ha generado diversas reacciones entre los involucrados.
 
El gremio maderero de la región ya ha alzado su voz de protesta. En Iquitos se realizó un paro de 48 horas que tuvo repercusión en el Congreso. Por su parte, el legislador fujimorista Carlos Tubino, quien en junio pasado se mostró en contra de la categorización de la Sierra del Divisor como Parque Nacional, y el parlamentario Amado Romero, vinculado a la minería ilegal de oro en Madre de Dios, han presentado dos proyectos de ley por separado que se contraponen al DL 1220. El primero de ellos pide la derogación completa de la ley mientras que el segundo, modifica el artículo 7, que se refiere a la incautación. Este tipo de proyectos solo responden a intereses privados y discretamente se están inmiscuyendo en medio de la coyuntura política. El lobby maderero parece que está teniendo resultado.
 
Pero la Amazonía no es el único espacio natural que viene siendo vulnerado por la tala ilegal. Al norte del país, en Piura, el Bosque Seco Ecuatorial también viene sufriendo las consecuencias de la permisibilidad y la corrupción de nuestras autoridades. El Estado debe ejercer mayor presión en estas áreas. Controlar la tala ilegal no solo se restringe a realizar grandes incautaciones. Se requiere un seguimiento constante, un trabajo de inteligencia que permita llegar hasta el origen del ilícito negocio y sancionar a los implicados. El trabajo de fiscalización debe ser continuo dentro de los órganos locales. Asimismo, se debe fomentar el mercado de madera legal, que permita el desarrollo sostenible de las comunidades amazónicas en armonía con el medio ambiente, por el bien de todos los peruanos.