Editorial
La crisis institucional en la cual nos encontramos, donde la investidura presidencial se encuentra en riesgo por el impacto de la corrupción de “cuello y corbata” es solo el resultado de un modelo que desde el año 1980, y su posterior “institucionalización” a partir del 5 de abril de 1992, ha considerado al Estado como un ente donde enriquecerse o favorecer a un sector empresarial que después le devolvería los favores.

