informalidad

La determinación del salario mínimo vital (SMV) en Perú es, usualmente, una decisión política del gobierno de turno sin importar la tendencia política del mismo; las partes (empleadores y trabajadores) nunca se han puesto de acuerdo, supeditarlo a ello es estancarlo, que no se ajuste ni tenga incrementos. La decisión política de aumentarlo, guste o no, obedece a la falta de acuerdo entre las partes. Asimismo, por más fórmulas que se elaboren para dotarlo de cierta evaluación técnica, resulta también siendo política según los criterios que se seleccionen para elaborar la formula.

Detrás de las cifras del mercado laboral se despliega un fenómeno más profundo: la precariedad como elemento que viene definiendo las condiciones económicas del empleo, así como la reconfiguración de los lazos sociales, las formas de vincularnos y las expectativas colectivas sobre el futuro.

En el Perú, la juventud enfrenta un laberinto laboral que parece diseñado para excluirla. El empleo juvenil todavía no retoma los números que tenía en pandemia, más bien vemos un incremento de jóvenes que no estudian ni trabajan. Siete de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad, y esa cifra —que debería generar alarma nacional— se ha vuelto parte súbita de nuestra realidad. Detrás de ella hay algo más profundo que la simple falta de empleo: un conjunto de normas, incentivos y temores que castigan a quienes intentan dar su primer paso en el mundo del trabajo.