Narcotráfico

El caso de Gerald Oropeza, narcotraficante presunto de confirmada filiación aprista y de familia aprista, de padre ajusticiado por un sicario, íntimamente asociado a Facundo Chinguel, abogado de la familia, hoy en prisión por haber festinado indultos a favor de narcotraficantes durante el gobierno de Alán García, está remeciendo al partido de la estrella. El caso Oropeza indica múltiples conexiones con apristas. Cabe, por lo tanto, preguntarse sobre los nexos entre ese partido y el narcotráfico.

La penetración del narcotráfico en los partidos políticos es más profunda de lo que parece. Sólo el escándalo de Gerald Oropeza, con un atentado en su contra y dos testigos que podrían ser claves asesinados por sicarios para silenciarlos, permitieron que se conozca los vínculos que este presunto narco tenía con la alta dirigencia del Partido Aprista.
 

En las próximas horas, debe anunciarse el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, dos semanas después que apareciera el de Bolivia y el de Colombia. Tiempo suficiente para que las autoridades de DEVIDA y los representantes de UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) se pongan de acuerdo en las cifras, lo que se denomina el “maquillaje de las cifras”, para hacer ver los éxitos de la política peruana.

A la congresista Rosa Mavila (Acción Popular - Frente Amplio) le ha tocado estar al frente de la comisión investigadora de los presuntos vínculos del narcotráfico con la política, que es vista con malos ojos por los congresistas de todas las bancadas (casi sin excepción), y tuvo que hacer frente al desinterés de gran parte de los miembros de ese grupo y a las ausencias consecutivas que frustraron el trabajo de investigación.
 

En el Perú, quince regiones se dedican a la producción de droga. El 60% de la producción de esta termina en el mercado norteamericano. El transporte de tal cantidad de droga se realiza a través de los 115 aeropuertos clandestinos ubicados estratégicamente en el territorio nacional. El narcotráfico mueve anualmente US$22 mil millones, lo que equivale al 17% de nuestro PBI.

En nuestro país, el 50% de la cocaína que se produce es trasladado por la vía aérea gracias a las 115 pistas de aterrizaje con las que cuenta el narcotráfico. Por ese motivo, el pasado 29 de agosto se promulgó la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo que autoriza derribar las aeronaves sobre las que haya evidencia o sospecha razonable de estar siendo utilizadas para el tráfico ilícito de drogas o transporten bombas, armas de fuego, materiales explosivos, armas biológicas o artefactos explosivos biológicos.

El ataque a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa hace un año no fue cualquier crimen que se debe esclarecer, sino un acto de represión política que se debe castigar al más alto nivel. No tiene ningún sentido seguir rogando justicia a las mismas instituciones del narcogobierno mexicano responsables por la desaparición y el asesinato de los jóvenes activistas.

Cuando Jaime Bayly escribió en diciembre del 2010 la anécdota de la “plata llega sola”, Alan García no pudo desmentirlo porque no sabía si la conversación que sostuvo con el periodista había sido grabada o no. Hábilmente, respondió recontextualizando su célebre frase para tratar de alejarla de la mañosería y del dinero mal habido. Al menos no quedó como mentiroso.

Nuevamente el gobierno ha aprobado una ley que lejos de atacar directamente al narcotráfico y potenciar la labor operativa de la policía perjudica al agricultor que no tiene otra forma de subsistir que a través del sembrío de coca. Se trata del Decreto Legislativo 1241, aprobado en el marco de las facultades especiales conferidas al Ejecutivo en materia de seguridad. Con esta medida legal se promueve abiertamente la erradicación forzosa de campos de cultivo de coca que no se encuentren empadronadas, acción que estará a cargo de las fuerzas policiales.

Tras once meses de trabajo, fue aprobado el informe final a cargo de la comisión del Congreso que investiga la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales. Dicho documento consta de un diagnóstico de la situación actual del narcotráfico en el país y su repercusión en la cultura política, además de 19 conclusiones y 30 recomendaciones. Asimismo, contiene 27 proyectos de ley para combatir el tráfico ilícito de drogas (TID) y la narcopolítica que deberán ser aprobados por el pleno en los próximos meses.