MEF

Esta semana ha habido dos hechos de la más alta importancia con Petroperú. El primero –muy positivo– es la promulgación de la Ley que autoriza a Petroperú a suscribir el contrato para explotar el Lote 192.
 
El segundo es la negativa del MEF a autorizar la cesión de Petroperú del 75% de las acciones a GeoPark para explotar el Lote 64. Esta negativa se asemeja a los tiempos privatizadores de Fujimori: afirma que el Presidente de la República violaría la Constitución si aprueba la cesión.

El MEF quiere que Petroperú vuelva al FONAFE. Así lo ha declarado César Liendo, funcionario de ese ministerio, afirmando que eso se concretaría en las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por el Congreso. Y cuando le han preguntado su opinión al Ministro de Energía, Gonzalo Tamayo, ha dicho que “eso lo propone el MEF”. Augusto Baertl, Presidente de Petroperú dijo lo mismo.  Lo que nos dice que eso es lo que quiere el MEF y no necesariamente el Ministro Tamayo ni el Ingeniero Baertl.
 

La publicación en el portal Internet de Petroperú de los contratos celebrados con la empresa española Técnicas Reunidas para la modernización de la Refinería de Talara es un hito importante para la transparencia de las inversiones  que se vienen realizando. Esto es de la mayor trascendencia para la sociedad en su conjunto y la ciudadanía en particular, sobre todo ahora que los actos de corrupción atraviesan múltiples actores públicos, incluidos ex Presidentes de la República, así como a funcionarios públicos y de empresas privadas.

Datos Agregados
El Presupuesto de la República para el periodo 2018 asciende a S/ 157,158 millones 747 mil 651 soles. Es el 20% del PBI y tiene un crecimiento nominal del 10% respecto al presupuesto del año 2017. El MEF establece así una ampliación temporal del déficit fiscal hasta 3,5% del PBI en el 2018, para luego converger gradualmente a un déficit fiscal de 1,0% del PBI en el 2021. (Compatible con el Marco Macroeconómico Multianual).

Luego del empate político entre las dos derechas, la liberal democrática, liderada por PPK (un remanente de lo que  fue el Proyecto Vargas Llosa para lograr un “mandato liberal” en 1990), y la autoritaria, liderada por Keiko Fujimori (con apoyo de un APRA minimizada por la reputación de corrupción y la impunidad), caminamos a una suerte de repechaje económico.

En las últimas semanas se ha usado impunemente la idea de que la negativa de confianza al gabinete Cateriano se debía a un lobby de los dueños de las universidades privadas con fines de lucro a los que se había negado la licencia de funcionamiento. Esa idea es falsa, una “posverdad” de las tantas a las que ha querido acostumbrarnos la hegemonía ideológica de la derecha neoliberal en las últimas décadas. Que han metido mano los mercaderes de la educación que forman partidos para defender sus intereses, a nadie le caben dudas, pero que esa es la razón de fondo es mentira.

Kurt Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas, presentó el plan impulso Perú en esta semana. Este plan tiene como objetivo acelerar el crecimiento de la actividad económica (a 3.5%) manteniendo al mismo tiempo una política antinflacionaria que reduzca y estabilice el aumento de los precios del IPC (8.74% el mes pasado) provocado en gran medida, por un escenario internacional adverso.

El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció en el mes de julio, el monto correspondiente a las transferencias económicas por concepto de canon, para las regiones donde existen unidades mineras. 

Tal como recuerda CooperAcción, el canon equivale al 50% del impuesto a la renta y para este año los montos corresponden a los resultados obtenidos por las empresas mineras en el año 2022. 

En declaraciones recientes, en una exposición en el Consejo Universitario, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Dra. Jerí Ramón, ha señalado su desacuerdo con el principio de la gratuidad de la enseñanza. Usando el manido recurso de que los que tienen plata deben pagar. El mecanismo, dice, es que los que han estudiado en colegios particulares abonen una pensión. 

El gobierno de la mafia congresal, experto en derroche e irresponsabilidad fiscal, después de haber aprobado el presupuesto del 2026, sin vergüenza ni remordimiento, mediante sus títeres en la presidencia y el MEF, en un evento repleto de ex ministros de economía, ha convocado a los poderes del estado, organismos constitucionales, sector privado y sociedad civil a un “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible” para garantizar el crecimiento, generación de empleo y reducción sostenida de la pobreza; sobre la base de 3 ejes: responsabilidad y sostenibilidad fiscal (respeto al principio con