Gobierno

El pasado 19 de Junio, el Congreso aprobó las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana solicitadas por el Ejecutivo. A diferencia del pedido en materia económica, este fue aceptado en su totalidad. No obstante, el plazo que el Legislativo le ha concedido para su aplicación es también de 90 días.

Este, como los anteriores, es el gobierno de las oportunidades perdidas. Todos ellos han desperdiciado el boom exportador más largo de la historia peruana para construir un país mejor. Con la enorme riqueza producida en más de una década, las élites pudieron impulsar la diversificación de la economía peruana para que ella tenga un motor propio. Este hubiera ayudado a cambiar la estructura social y a reducir drásticamente la informalidad que nos agobia.

Es notable la voluntad de la derecha de querer sacudirse el evidente fracaso del modelo económico mediante una operación “sencilla”: echarle la culpa a Humala por su falta de liderazgo al mismo tiempo que barren bajo de la alfombra sus responsabilidades acumuladas durante los últimos 25 años.
 

La apuesta de la oposición brasileña, tras el fin del receso parlamentario, es que se pongan en marcha varios pedidos de juicio político contra la mandataria Rousseff. Y, de esta forma, agitar el clima hasta la concentración encabezada por Aécio Neves.

El ejercicio de la derecha (Keiko, Alan, Toledo, PPK) en las últimas semanas está concentrado en esconderse. La discusión sobre las responsabilidades del parón económico, promovida intensamente por el IPE, tiene un solo objetivo: contarnos que todo iba muy bien hasta que se inició este gobierno, que se ha convertido súbditamente en el culpable de que todo vaya mal.

Lo que está viviendo hoy Guatemala me recuerda mucho a lo que pasó en el Perú a inicios de siglo. Otto Pérez, presidente del país centroamericano hasta hace unos días, al igual que Fujimori en el 2000, tuvo que renunciar en medio de una crisis política de envergadura donde ya no lo querían ni las piedras, y donde hasta sus amigos, aliados, empresarios afines y embajada gringa le bajaron el dedo al ver una movilización de cientos de miles en las calles.

Nuevamente la derecha peruana, haciendo coro con sus pares latinoamericanos pretende convertirse en el Jurado Calificador de la democracia. El “test” en este caso es Venezuela y el objetivo los posibles o potenciales candidatos de izquierda en las próximas elecciones generales. El que no considere a Venezuela una dictadura es un comunista totalitario que no merece ser tomado en cuenta.

Alan García ve en el proceso de ascensos del Ejército del Perú - que terminará en enero del 2016 con una nueva plana de Generales de División (quienes tienen el control operativo del principal instituto armado del país) - una oportunidad para desestabilizar al débil gobierno de Ollanta-Nadine. Su móvil para modificar drásticamente la coyuntura política es el caso Narcoindultos y sus vinculaciones con el recién capturado Gerald Oropeza (“García agita los cuarteles” 24/9/15).

Es una ironía de la historia que los herederos de la derecha oligárquica y de la actual derecha neoliberal se autoproclamen demócratas y se autoerijan en aduaneros del pensamiento democrático y en un jurado severo que califica quién es demócrata y quién no lo es. No tienen pergaminos para eso, pero lo hacen. Para ir más allá del anatema y para iniciar una discusión basada en fundamentos teóricos de las tradiciones democráticas, sugiero algunas ideas iniciales sobre el tema.
 

El escenario de disputa institucional en Venezuela comienza a tomar forma luego de la victoria de la oposición aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática el pasado 6 de diciembre. Una vez que asuman los diputados electos el próximo 5 de enero, la MUD (109+3) contará con mayoría calificada asegurada de 3/5 y mayoría calificada de 2/3 en caso de conseguir el apoyo de los 3 diputados indígenas.