Hacerse del poder sin elecciones

Según una reciente nota de prensa de la OEA, el Grupo de Alto Nivel nombrado por el Consejo Permanente de la Organización para analizar la situación en Perú en el marco de la Carta Democrática interamericana, concluyó sus entrevistas in loco exhortando al diálogo a los actores políticos peruanos. 

Lejos de lo que muy pocos podrían asumir, el pacto para la peor política no es un fenómeno reciente. Es algo que quienes integran el congreso, con poquísimas excepciones, que no alcanzan los dedos de una mano, hicieron desde el primer día de sus funciones.  

De la eficiente funcionaria del registro civil que candidateó a la vicepresidencia o de la anodina ministra de desarrollo social —cargo que ejerció durante casi todo el gobierno de Pedro Castillo—, la personalidad de Dina Boluarte ha dado un tenebroso salto cualitativo. En seis meses de ejercicio del poder, ha endurecido notoriamente el gesto, casi hasta la impostación, y ha sacado a relucir un sorprendente aplomo para dedicarle a la prensa amenazas veladas. 

El Perú es una democracia en riesgo, en proceso de intervención por el congreso, vive un lento y paulatino, soterrado y permanente, golpe de estado congresal destinado a preparar el terreno institucional que avale un fraude electoral el 2026 y consolide, bajo pretexto de defender la democracia, un sombrío gobierno dictatorial remedo del fujimorato.

Ha habido tantos momentos en nuestra historia política que podíamos decir “más bajo no podemos caer”. Se consumó lo impensable. Eran las irreconciliables antípodas políticas. Jamás se nos podía ocurrir que Keiko y Vladimir se unieran por razones “cualitativas” (Flavio Cruz dixit). Los principios, el honor, se fueron a la merde. Después de haber sido manoseada, digo la Cortez, por la amita Alva, uno no podía esperar más y se dio. Fue el preludio del abrazo de Cortez y Boluarte.

Vengo revisando nombres que figuran y vienen apareciendo como socios o “compinches” – según la DBA – del gobierno de Castillo que están siendo investigados por la fiscalía. Ninguno, salvo los que vienen del partido Perú Libre de Cerrón, son de la llamada izquierda “caviar”. Ninguno pertenece o se le reconoce militancia en la izquierda sincera o progresista. Todos son reconocidos lobistas que siempre han estado cerca del poder. Patricia Sovero, Karelim López, Ari Ben-Menashe, Sada Goray o el mismo Fernandini. Podemos incluir a los funcionarios de carrera, por su cercanía al poder.

Que el presidente del Congreso, Alejandro Soto militante de Alianza Para el Progreso, partido que forma parte de la coalición gobiernista- esté implicado en más de una denuncia por delitos comunes, no es algo que a estas alturas deba sorprendernos en demasía. 

Tampoco es digno de estupor que sus colegas se plieguen a la tan mentada frase de “Otorongo no come otorongo” y apelen a un extraño espíritu de cuerpo que “en aras de la gobernabilidad” los hace mirar de costado y hacerse los desentendidos. 

Cuando es evidente que maduran las condiciones para una salida autoritaria a la crisis política, empieza a surgir una posibilidad de amplia confluencia social y política de base democrática que podría detener el autoritarismo en curso.

No sé cómo definirla. Vamos a elucubrar, como siempre hacemos. Como siempre, mirando algunas variables para aventurar cuál de las dos tesis resisten o se convierten en la hipótesis prima. La otra será nula al final. A ver cómo me va.

Un golpe certero contra la institucionalidad democrática. Comisión de Justicia aprueba remoción de toda la Junta Nacional de Justicia.

Eso es lo que acaba de perpetrar en menos de dos horas el Congreso de la República a través de su comisión de “Justicia” al aprobar -con cargo a redacción- un nuevo informe, presentado a último minuto, que recomienda al Pleno del Legislativo defenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por “falta grave”.