El 9 de octubre se realizará la sexta elección regional y municipal. Se llevará adelante en medio de una grave crisis que compromete al propio régimen político que se muestra incapaz para enfrentar el paulatino “desplome” de nuestras instituciones y la fragmentación de la sociedad. Crisis que como es obvio, encuentra parte de su explicación en la defensa interesada de un modelo económico agotado y en la resistencia a reformar el Estado como parte de un nuevo contrato social.

En este escenario, un problema central de la descentralización es que siendo una política que debía contribuir a la reforma de la organización del Estado, exigía de la propia reforma del Estado y un énfasis en la dimensión territorial como la forma para organizarlo, cuestiones que no fueron abordadas en ningún momento. Como correlato, aunque es innegable que alentó cierta redistribución del poder político, alimentó la débil conexión existente entre la política nacional, regional y local, agravando la situación de un sistema de representación fragmentado e incongruente.

Dada la descomposición de los partidos ante su incapacidad para atraer a políticos exitosos a sus organizaciones, tanto nacional como territorialmente, tendieron a aglutinarse en coaliciones temporales que les permiten afrontar una elección particular para luego separarse. En los ámbitos descentralizados, desde el año 2002, se formaron movimientos regionales que permiten seleccionar y reunir a los candidatos más competitivos entre sí, aunque sea de manera momentánea, brindando información mínima a los electores sobre la viabilidad de los competidores, muchos con una historia de vinculación previa con los partidos nacionales. La relevancia de estas agrupaciones de independientes en dichos espacios está vinculada a la ausencia de incentivos para invertir en organizaciones políticas duraderas, como a la debilidad institucional de los Gobiernos Regionales. Como resultado de este proceso de “doble entrada”, -partidos nacionales deslegitimados y en crisis, pero con inscripción, compitiendo con movimientos regionales y locales emergentes-, el escenario subnacional se fue fragmentando cada vez más1.

La expectativa inicialmente generada por los movimientos regionales -pasaron de detentar 28% de los gobiernos regionales en 2002, al 76% el 2014-, se fue diluyendo en la medida en que quedaban claras varias cuestiones sobre ellos: (i) por lo general son alianzas coyunturales de independientes alrededor de una “figura fuerte” con algún recorrido por los partidos nacionales que “hibernan” o simplemente  desaparecen entre procesos eleccionarios; (ii) son organizaciones ancladas en la capital de la región con muy poco éxito en los otros niveles de gobierno territorial; (iii) frecuentemente, los políticos que las impulsan lo hacen desde organizaciones económicas, empresas y radioemisoras, que sustituyen a la organización partidaria; (iv) parecen explicarse por el funcionamiento de un sistema de “redes”, que empieza en la sociedad y pasa al mundo de la política2, donde la persistencia de aquellas y de la política que construyen como respuesta a un contexto cambiante, se explica por su relativo éxito electoral. 

En un escenario de esta naturaleza, la inversión en las campañas se incrementó a la par que los mecanismos de control se fueron “adelgazando”. Los actuales gobernadores regionales, elegidos en 2018, manejaron sus finanzas partidarias con estándares inferiores de transparencia respecto a años anteriores3. Así, en la lista de financistas de las seis autoridades regionales aparecen hijos y sobrinos de los gobernadores de Áncash y Huánuco, aportantes vinculados a la máxima autoridad de Arequipa por sus contratos públicos en una gestión anterior, colaboradores que se convirtieron en proveedores del Gobierno Regional de Cusco y personas que tras sus donaciones asumieron cargos públicos en Puno y Junín4. 

La multiplicación de los costos atrae recursos legales e ilegales de distintas fuentes. Los candidatos con mayor financiamiento tienen más posibilidades en escenarios donde el clientelismo es una forma regular. Así se construye el vínculo económico tácito y directo entre empresarios y candidatos, donde la gestión de financiamiento marca muchas veces el futuro del candidato y su gestión regional, dado que tales ingresos suelen estar supeditados a su recuperación a través de la obra pública. En la debilidad del sistema de partidos, la fragmentación de la representación y en la ausencia creciente de controles que establece el sentido común, encontramos la puerta de entrada a la corrupción5. 

Los datos existentes de cara a las elecciones son dramáticos. El JNE registra 177 agrupaciones regionales habilitadas y 31 más que se encuentran en proceso, añadiéndose a los 11 partidos nacionales y a 7 más que se encuentran aún terminando su inscripción. En otras palabras, en el peor escenario, habría 226 listas en competencia (el 2010 se llegó a 209). La fragmentación y el “entusiasmo” a todo trapo, convocando a candidatos recurrentes, ex congresistas, alcaldes y ex alcaldes e incluso a figuras “nacionales” como César Acuña haciendo que circunscripciones electorales pequeñas como Tacna, Tumbes y Moquegua cuenten con más de 11 listas regionales en competencia.  Quienes esperan vientos y rostros nuevos no tienen muchos motivos para la esperanza.

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1 Zavaleta, Mauricio. (2014). Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
2 Vilca, Paulo. (2014). La persistencia de la política: redes políticas en el altiplano puneño. Tesis de maestría en Ciencia Política y Gobierno, Lima: PUCP.
3 En noviembre 2017, el Congreso de la República eliminó la obligación para reportar ingresos y gastos de las campañas durante el proceso electoral; desde entonces, los candidatos solo están obligados a entregar sus informes e identificar a sus financistas al finalizar los comicios.
4 https://ojo-publico.com/1306/poder-regional-proveedores-y-funcionarios-e...
5 En el proceso 2018, el JNE detectó 4,729 faltas relacionadas con la veracidad de los datos sobre sentencias judiciales, bienes, rentas, estudios y demás campos que consignaron los candidatos en sus hojas de vida. La directora nacional de Fiscalización de Procesos Electorales señaló que 2,251 candidatos registraban antecedentes penales y 213 tenían sentencia por casos de violencia familiar. 38 de 367 candidatos a gobernadores tenían sentencia penal. A septiembre 2021, la Procuraduría Anticorrupción registraba más de 51,000 casos en investigación, estando investigados todos los gobernadores regionales a excepción del de Cajamarca.