En todo país democrático, la política y la ejecutoria de cualquier gobierno debe ser juzgado en función de los preceptos constitucionales, la legislación y los acuerdos políticos, así como de sus propias promesas preelectorales.

En armonía con ello, el director de la revista Agronoticias, Reynaldo Trinidad, considera que el gobierno de Ollanta Humala-Nadine Heredia termina su gestión pasando por encima de algunos preceptos que manda la Constitución en el sector agrícola.

Explica que el artículo 88 de nuestra Carta Magna dispone textualmente que "el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario", debido a que representa -aproximadamente- el 8 % del producto bruto interno (PBI), el 25 % de la población nacional, el 36 % de la población económicamente activa y el 70 % de la alimentación nacional.

Sin embargo, el gobierno ha asignado a la función Agropecuaria en los tres niveles de gobierno apenas el 2.5 % del presupuesto nacional, 0.5 % del PBI, índice que no guarda la menor proporción con lo antes expuesto. Y con un agravante: si esa partida equivaliera a 100 soles, el 85 % se queda en el pago de sueldos y servicios generales en la ciudad. O sea que al campo llega una pizca de esa miseria; lo cual explica la persistencia de la pobreza en el medio rural.

NEOLATIFUNDISMO
Otro parágrafo del mismo artículo 88 de la Constitución dice que "la ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra, según las peculiaridades de cada zona".  Sin embargo, la dirección oficialista del Congreso de la República bloqueó hasta cuatro proyectos de ley orientados a frenar la expansión  del neolatifundismo (el latifundio es la acaparación de tierra por una sola persona y en el neolatifundio las tierras son poseídas por Corporaciones o Empresas que hacen uso del suelo) y el mismo Ejecutivo ha contribuido al desbocamiento de éste, incluso vendiendo por menores precios que los costos las tierras habilitadas por la irrigación "Olmos".

Trinidad sostiene que como consecuencia de ello, hoy un solo grupo económico tiene más del triple de tierras y aguas que la mayor hacienda agroindustrial del período pre-reforma agraria (Casa Grande, 30,000 hectáreas). Y el proceso continúa, en contra de los más elementales principios de la democracia política y económica, en un país donde no hay suficientes tierras ni agua para los pequeños productores y las comunidades campesinas.

COMPETENCIA DESLEAL
El especialista en temas agrarios sostiene que el actual gobierno ha dejado de lado el artículo 63 de la Constitución que dice: "Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen al interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas".

En este caso, el gobierno vigente no sólo ha suscrito diversos acuerdos y tratados internacionales de libre comercio sin consulta alguna con el agro, sino también ha eliminado las últimas defensas arancelarias para las importaciones alimentarias subsidiadas o subvaluadas en el exterior, agudizando la competencia desleal de las mismas contra la producción nacional. “Ningún gobierno anterior se atrevió tanto, sabiendo incluso que ello va contra la seguridad alimentaria del país”, comentó.

Aseguró que las rebajas y exoneraciones arancelarias adoptadas con el pretexto de favorecer con menores precios al público consumidor, jamás han sido trasladadas a éste. “Todos los márgenes correspondientes, que antes iban al fisco, han sido y son absorbidos por los oligopolios importadores; los cuales, además, dejan de comprar productos nacionales, porque los foráneos les resultan más baratos, o pagan menos por aquéllos” y añadió que, adicionalmente, los oligopolios han copado los programas sociales y otros mercados del Estado que requieren alimentos.

CONTRA LEY SALUDABLE
Reynaldo Trinidad dijo que como síntesis de su política antinacional y antiagraria, el gobierno ha maniobrado en el Congreso para bloquear y encarpetar a la dos veces probada Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional; incluso pisoteando a las políticas de Estado XV y XXIII del Acuerdo Nacional.

Igualmente, ha escamoteado a todas las leyes pro-agrarias que encontró al asumir el poder, entre las cuales destacan la Ley del Consejo Nacional de Concertación Agraria, la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria y hasta cinco leyes inconexas sobre  compra directa, obligatoria y descentralizada  de alimentos exclusivamente nacionales por el Estado.

Consideró que las únicas normas dadas por el oficialismo en beneficio relativo del campo han sido la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, pero la cual ha sido virtualmente castrada por su reglamento; y la Ley de Moratoria para los Productos Transgénicos destinados a la reproducción, la cual es virtual letra muerta, por falta de voluntad política para su implementación.

LOS APORTES
Podría decirse  que un aporte del gobierno ha sido la creación del Fondo "Mi Riego" en la esfera del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto inicial de 1,000 millones de soles, para construir represas, reservorios, canales y sistemas de riego arriba de los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Pero sus realizaciones son magras, tanto que el régimen no puede mostrar un solo modelo que haya cambiado significativamente la economía campesina, ni uno solo.

Para Trinidad, lo mejor que ha hecho el régimen de Humala es seguir apoyando a la agroexportación, pero la cual representa menos del 10 % del sector. 

Lamentó que no haya incluido a dos millones de campesinos y nativos que conservan y manejan la agrobiodiversidad; razón por la cual los grandes beneficiarios del "boom" de la quinua, la maca, el aguaymanto y otros alimentos nativos sean únicamente los grandes procesadores y exportadores.

En resumen, sostuvo que la insostenible panacea de los "programas sociales" y la aparente reducción de la pobreza rural por efecto del crecimiento económico, no pueden  disimular que el gobierno más antinacional y antiagrario de los últimos 25 años ha sido y es el de Ollanta Humala-Nadine Heredia.