Mediante la aprobación de la Agenda 2030(1)  para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta, y se comprometieron a no dejar a nadie atrás.

Con estas consideraciones a la mano, nos encontramos con el hecho de que en las últimas semanas, en los medios masivos de comunicación empiezan a aparecer declaraciones, presentaciones, entrevistas y opiniones directamente relacionados con la inconveniencia de que el Congreso lleve a cabo la ratificación del Acuerdo de Escazú(2), ya firmado por el Gobierno del Perú(3).

Las declaraciones del ex canciller Francisco Tudela, que en resumen denuncia la pérdida de soberanía en más del 53% del territorio Nacional del Perú, en caso de ratificarse este acuerdo, puesto que dice que se trata de la Amazonía y que con el acuerdo se estaría estableciendo nuevas normas en ese territorio. También emite su opinión en diametral oposición a permitir la participación pública en asuntos ambientales en dicho territorio, asegura que cualquier ONG peruana o extranjera podría pedir la mediación de la Corte Internacional de La Haya. Que sería la replicación de lo que pasa en el tema de los derechos humanos que son usados por las ONG’s y la extrema izquierda contra el Estado. Que las protestas de las comunidades de base, la mayoría absolutamente ilegal e ilegítima en la Amazonía, podrían impugnarse en los tribunales de la Corte de La Haya.
 
También tenemos las declaraciones del abogado Ernesto Álvarez, Decano de la Facultad de Derecho de la USMP. Denuncia el Acuerdo de Escazú que nos quieren hacer firmar los ambientalistas, la extrema izquierda y las ONG nacionales e internacionales del mundo entero. Agradece a Julio Guzmán que les ha alertado de esta situación. Pues este Acuerdo posibilita que diferentes grupos sociales como OXFAM también interfieran tratando de imponer la conservación de la Amazonía tal cual y sin modificaciones para que los ricos del mundo (que aportan a la consolidación del ADE) puedan gozar de un mundo menos deteriorado para su bienestar.  Que a esos grupos no les interesa que en el Perú se pierdan las oportunidades de aprovechamiento de los ingentes RRNN presentes en la selva, como Petróleo, Gas, Minerales y en general estas fuentes de energía que tanto necesitan las comunidades para su desarrollo. Ellos defienden su interés y toda la izquierda peruana está a favor de ello. Cree que esta situación atenta contra el natural deseo de mejorar su calidad de vida de los pueblos y comunidades humildes del Perú. El señor Álvarez nos dice que el Perú ya cuenta con la Ley de La Consulta Previa, de manera que los proyectos siempre cuentan con un consentimiento con suficiente publicidad y también con suficiente conocimiento de lo que sucede y las compensaciones materiales y las nuevas oportunidades de trabajo y actividad económica, con la debida participación de las riquezas por parte de las comunidades afectadas. Y que este derecho ya existe legalmente en el Perú.  Pero que con el TDE terceros extranjeros pueden demandar al estado Peruano en La Haya y frenar las inversiones.  El candidato Julio Guzmán habría reconocido esta indeseable situación en su Twitter.  Según el Sr. Álvarez, se trata de un compromiso ideologizado de “a más pobreza, más izquierda en el Perú”.

En Conclusión

Los operadores de la tradicional DBA, en el Perú, están tan desesperados porque no se ratifique este Acuerdo de Escazú, que son capaces de decir cualquier cosa.  El tema de que se trata de un Acuerdo para impedir el acceso del gran capital a la explotación a las ingentes riquezas Amazónicas, expresa más sus miedos que lo que dice exactamente el ADE.  En ninguna parte del texto del Acuerdo se menciona la selva amazónica. Pero es obvio que es lo que está en sus planes y que lo que tienen en mente como “explotación racional” de los recursos amazónicos, no serían aprobados por nadie en el Perú ni mucho menos a nivel Regional ni Internacional. Y esta posibilidad de llamar la atención crítica del resto del mundo, les hace decir y afirmar cualquier cantidad de mentiras flagrantes. 

Pero es una buena manera de tratar de atraer la atención de los grupos de congresistas de los diferentes partidos, que como es obvio tienen la urgente necesidad de hacerse visibles, estarían muy dispuestos a enarbolar argumentos nacionalistas y de no permitir la intervención en asuntos que se desarrollan dentro del territorio nacional. Como es evidente, los grupos de poder se saben seguros de poder imponer las actividades que les resulten más  rentables, independientemente de los ‘costos (socio-ambientales) externos’ aunque a mediano y largo plazo signifiquen una terrible desgracia para el Perú y sus comunidades en general y en especial a la población más vulnerable.

Otra estrategia es la de identificar el Acuerdo de Escazú con las ONG`s y con la extrema Izquierda. Imaginamos que con la intención de hacer ver de manera peyorativa el ADE y de evitar una votación importante.

Creemos que el Congreso debe ratificar el Acuerdo de Escazú, porque de esta manera se podrá hacer más visible que las leyes de acceso a la información, de la consulta previa y de la participación pública, simplemente no se cumplen, o se cumplen a medias, sin mayores consecuencias para quienes delictivamente no observan escrupulosamente las normas vigentes.

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(1) https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_e...
(2) Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Adoptado en Escazú,  Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
(3) El Perú firmó el 27 de Setiembre de 2018