Olinda García, con siete meses de embarazo, se encontraba en su dormitorio acompañada de su hijo Isaías (26) en la madrugada del 23 de mayo cuando el impacto de los proyectiles rompió el silencio de la noche.

Ella, recibió un impacto de bala en el cráneo que la mató al instante. La patrulla y su comando, conscientes de la barbaridad ocasionada, no tuvieron mejor que idea que inventar un enfrentamiento con una columna senderista. Para dar verosimilitud a la farsa, capturaron a 5 jóvenes, los acusaron de ser terroristas, los maltrataron y violentaron. Al cabo de unos días se supo que eran completamente inocentes.

Este relato es uno de los recogidos en la última investigación de Doris Aguirre (La República) y aunque pareciera un relato propio de la década de 1980 ó 1990, se trata de eventos ocurridos hace tan solo dos meses. A la fecha, la fiscalía provincial de Huancayo se encuentra investigando a 26 militares por este suceso del 23 de mayo donde además del fallecimiento de Olinda, se detuvo arbitrariamente a cinco inocentes. Pero no se trata del único testimonio. Abelardo Chávez cuenta cómo un grupo de militares entraron a la fuerza a su casa en la madrugada y los obligaron, a él a sus hijos y a su esposa, que se tiraran al piso mientras amenazaban con “volarles los sesos”. Además, Yensi Huamantuco Meza, madre de tres niños, recibió un balazo que le destrozó la clavícula derecha y las costillas.

Carlos Carhuancho, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, abrió investigación al general EP Marino Ambía Vivanco, quien fue el responsable de conducir la ejecución de la operación antes relatada. Junto con él, son investigados también otros 25 efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea pues se les atribuye violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, más allá de la necesaria acción judicial que se encuentra en curso, resulta alarmante la reproducción de prácticas que han demostrado, por precedentes terribles en nuestra historia, ser ineficaces y fomentar la cultura de la violencia y el terrorismo de estado.

Si bien, luego de la dictadura de Alberto Fujimori, se logró dar pasos en la construcción de memoria respecto del conflicto armado interno vivido en nuestro país, no hemos logrado aún construir un discurso que nos identifique como parte del contexto y como actores que se rebelen ante dichos hechos. Como señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la violencia perpetrada por los grupos terroristas “Sendero Luminoso” y el MRTA tuvo como respuesta también la barbarie de militares y policías quienes sumaron a una lamentable lista de ciudadanos fallecidos, más nombres. Hasta el día de hoy, cuesta encontrar, si acaso se logra, algún indicio de mea culpa por parte de las fuerzas del orden de quienes esperamos acciones fundamentales en la defensa de nuestro territorio y nuestra ciudadanía, pero defendiendo siempre la integridad y los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas.

Es por esta razón que los hechos recientemente ocurridos llaman no sólo la atención, sino alertan sobre la falta de memoria, y los costos que puede traer esta amnesia voluntaria. Si a ello sumamos el preocupante silencio de la gran prensa respecto de estos eventos, lo que tenemos es una repetición de hechos en una historia no tan desconocida y ciertamente peligrosa.

Corresponde ahora a los militares involucrados responder por los daños perpetrados, pero también a nosotros como ciudadanos reclamar que el gobierno tome cartas en el asunto y empiece por destituir al Ministro del Interior hasta que la justicia lo encuentre inocente. De lo contrario constituye una burla hacia nosotros y hacia nuestra historia.