La decisión del presidente Trump y su cogobernante Elon Musk, de cerrar la Agencia para el Desarrollo de su país, mas conocida como USAID, ha tenido repercusiones planetarias. Fundada en 1961 por el presidente Kennedy, las actividades de USAID en el mundo se extendieron en una multiplicidad de tareas, desde la agricultura, el medio ambiente, la asistencia humanitaria, la transición democrática, los derechos humanos, la lucha contra el crimen organizado, la guerra contra las drogas, hasta los derechos de la mujer y otros grupos vulnerables. Durante mucho del período de la “Guerra Fría” (1961-1991), hasta el corto período de la unipolaridad norteamericana (1991-2014), se convirtió en el “soft power” de la Casa Blanca, particularmente en América Latina. Miles de personas han sido y son beneficiarias de sus programas de ayuda, pero este no siempre ha sido el caso. Vale la pena hacer un análisis más frío y objetivo de los resultados obtenidos en materia de Drogas y Desarrollo.

En la década de los años 70, en plena transición democrática, EE. UU influyó decididamente para que el Perú tuviese una política de drogas propia, mediante el Decreto Ley 22095, el establecimiento del monopolio de ENACO, y los programas de erradicación en el CORAH (1981) y el Programa Alto Huallaga (PEAH, 1982), primer intento de desarrollo alternativo, así como los programas de entrenamiento militar asociados a la lucha antidrogas. Desde la década de los 90, USAID ha estado presente con mayor intensidad en los programas de Desarrollo Alternativo como mecanismo para sustituir los cultivos de coca y la economía del narcotráfico e incluso promovió la formación de una entidad con la que pudiera trabajar como contraparte. Por ello se formó primero CONTRADROGAS en 1999 y luego DEVIDA el 2003, como entidades receptoras de fondos de la cooperación internacional (fundamentalmente norteamericana y europea).

Entre 1998 al 2010, promovió el denominado “Milagro San Martín”, que fue conducido por USAID y DEVIDA en las zonas de San Martín y Huánuco, principalmente, y en un segundo momento en Ucayali. Esto fue visto como el éxito de un programa que confiaba en el café y cacao como instrumentos válidos para sustituir la coca. Por lo menos, así fue presentado por los corifeos del desarrollo alternativo en los medios locales, además de las ONGs locales que recibieron sustanciosos fondos para mantener sus actividades. En realidad, se trató de un período sustentado fundamentalmente en el presupuesto peruano, más que en la cooperación norteamericana. Adicionalmente, gozó de los altos precios que en esos momentos alcanzaron el café y el cacao en los mercados internacionales. Asimismo, obedeció a la interrupción del denominado “puente aéreo” entre el Alto Huallaga y el Putumayo colombiano y los cambios producidos en el tráfico internacional de cocaína. La llegada de los carteles a la amazonia peruana mexicanos -que sustituyeron la caída de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela en 1996-, la sustitución de tecnología de producción y la expansión de los cultivos de coca al VRAEM y otras zonas del país, fueron la lógica consecuencia del denominado “milagro”. Para la llegada del siglo XXI, hasta la actualidad, el Perú siguió siendo el segundo productor mundial de coca, de pasta y de clorhidrato de cocaína en el mundo.

Trabajaba por su Cuenta. Los programas de asistencia, la definición de los territorios y la colocación de los fondos eran fundamentalmente dirigidos por la Embajada norteamericana en Lima y no se alineaban con las Estrategias Nacionales aprobados por el gobierno de turno., En el caso del inicio del gobierno de Humala (agosto del 2011), no aceptaron nuestra decisión de priorizar acciones de desarrollo rural en el VRAEM y mantuvieron sus acciones fundamentalmente en San Martín y Ucayali, pese a nuestros pedidos escritos. En el caso del gobierno de Castillo (2021-2022), no apoyaron la propuesta de “Pacto Social Ciudadano” -que implicaba fundamentalmente agregar el componente de erradicación voluntaria de coca, mediante la entrega de un paquete de servicios públicos que se otorgaban hasta entonces fragmentados en un mismo territorio- y más bien nos recortaron los fondos de fortalecimiento institucional (PORI) en DEVIDA.  Curiosamente, el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca del 2023 confirmó que la única localidad que redujo cultivos en el VRAEM fue Santa Rosa Palmapampa, la única localidad que suscribió un “Pacto Social Ciudadano” con DEVIDA.  

Atentado contra el territorio comunal. Entre el 2014 y el 2019, DEVIDA y USAID promovieron la entrega de certificados y títulos de propiedad en los territorios, en complicidad con los Gobiernos Regionales de Junín, Ucayali y Huánuco, bajo el argumento que dichos documentos arraigarían a la población beneficiada al territorio e impedirían su sucesivo traslado. El efecto negativo de dicho componente es que se hizo a costa del territorio colectivo de las comunidades nativas asentadas en el territorio que hoy sufren las consecuencias de invasores cocaleros promovidos por USAID, DEVIDA y varias ONGs locales: es el caso de Unipacuyacu (Huánuco) y Katungo Quimpiri (Cusco Junín), entre muchas otras.

Principal driver de la deforestación. Aunque no es propiamente una actividad de USAID, debemos señalar que los efectos de la erradicación forzosa de 25,000 has anuales de coca que realiza anualmente el programa CORAH con fondos provenientes de la Embajada y del presupuesto público, no tienen efectos sostenibles. Eso explica porque en la actualidad tenemos hasta 19 zonas de producción de coca, mientras en los años 90 no teníamos más de 4. Los cultivos de coca son inmediatamente reemplazados a nuevas áreas en lo más profundo del bosque, en la medida que el Ministerio del interior mantiene una autonomía para decidir donde se erradica. En nuestra última gestión (2021-2022), les exigimos coordinar primero donde ubicábamos nuestros programas de desarrollo alternativo antes de aprobar su Plan de Erradicación (zanahoria antes que el garrote), que luego fueran afectados por la decisión de cortar el Programa PORI a DEVIDA. 

La impresión que tenemos tras más de treinta años de seguimiento de las políticas de EE: UU en la región andina en materia de interdicción y desarrollo alternativo (de los que USAID fue uno de los principales ejecutores) se resume en tres conceptos: (i) no ha funcionado en términos generales (la industria de la cocaína funciona a toda su capacidad), (ii) ha sido sometida a criterios políticos antes que técnicos (la ausencia de USAID en el VRAEM y falta de apoyo a la oportunidad de crisis de precios de la coca en la post pandemia), y (iii) ha devenido en un promotor de malas prácticas como la erradicación previa al desarrollo rural y la falta de apoyo a una erradicación voluntaria con los campesinos.

* Ricardo Soberón, ex jefe de DEVIDA (2011, 2021-2022)