En dos infodiarios anteriores, insistimos en la necesidad de contar con una nueva ley universitaria que adecue a la universidad peruana al ritmo de las más prestigiosas de América Latina y del mundo.

Ahora les presentamos las novedades que trae el anteproyecto de ley universitaria que todavía no es discutido y duerme el sueño de los justos en la Comisión de Educación del Congreso.
Este anteproyecto propone criterios similares para la creación, evaluación, acreditación y cierre de las universidades para frenar el caos originado por la existencia de diversas leyes que actualmente facilitan la creación de universidades a diestra y siniestra. De aprobarse esta ley, desaparecerían leyes especiales como el DL 882 y todas las universidades privadas deberán contar con una comunidad universitaria, para lo que deberán tener el 30% de sus profesores en situación de nombrados. De esta manera, todas las universidades formarían parte del sistema universitario y estarían sometidas a la autoridad del mismo. Asimismo, se deja abierta la posibilidad de que cualquier universidad pueda ser cerrada sino supera las evaluaciones respectivas, lo que no ocurre actualmente.
Del mismo modo, se establecerá que las universidades otorgarán grados y títulos a nombre de cada entidad y solo las debidamente acreditadas y evaluadas las otorgarán a nombre de la nación. Esto es muy significativo porque señala que las universidades deben ganarse el derecho a dar títulos a nombre de la nación y que ello no puede suceder automáticamente por el solo hecho de existir como tales.
Por otro lado, se señala la obligatoriedad de la tesis de bachiller, como un trabajo de investigación sencillo pero indispensable para culminar la formación profesional. Para fomentar la investigación en las universidades públicas, se crearía el Sistema Nacional de Investigadores Universitarios para financiar a los profesores investigadores y el Fondo Nacional de Investigación Universitaria para financiar los proyectos de investigación. Asimismo, se establecerá el presupuesto destinado al rubro de investigación (30% de los recursos directamente recaudados y no menos del 15% presupuesto asignado por el Tesoro Público). Así, se recupera para el Perú un nivel de producción de conocimientos adecuado a las crecientes exigencias de nuestro desarrollo.
Por último, se plantea una forma de gobierno para las universidades públicas e indicativo para las privadas. Se busca separar para ello la labor ejecutiva de la deliberativa, dándoles énfasis a las autoridades elegidas de rector y decano en cada uno de sus ámbitos. Así, se establecería que la Asamblea Universitaria sería un órgano esencialmente deliberativo mientras que el Consejo Universitario sería el “gabinete” del rector para que gane en eficiencia.
En esa misma perspectiva, se crearía el Consejo Nacional de Universidades, el cual reemplazaría a la Asamblea Nacional de Rectores y desempeñaría las funciones que hoy cumple el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Este Consejo se nombraría mediante una votación calificada de 2/3 del Congreso de la República, escogido de ternas de candidatos que presentan las universidades públicas y privadas más antiguas (cuatro miembros), las academias y colegios profesionales (dos miembros) y el Poder Ejecutivo (un miembro), con lo cual se busca darle mayor legitimidad a la autoridad universitaria tan venida a menos en los últimos años.
Esperemos que las propuestas de este anteproyecto, y todo el esfuerzo que su elaboración le ha demandado al Estado Peruano, no sean dejados de lado y nuestros legisladores pongan manos a la obra para otorgarnos una mejor ley universitaria que cubra las demandas de este importante sector.