Fueron once días del levantamiento plebeyo en Ecuador y la situación lejos de revertirse cobró nuevos bríos. La toma de edificios públicos se generalizó: masas movilizadas de indígenas, campesinos, capas medias empobrecidas y pobladores urbanos rodean el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano y el edificio de la Asamblea Nacional. Se tomaron la sede de la misión del FMI en Quito, ámbito donde reside “gobierno real” que tiene como su marioneta privilegiada a Moreno. 

El “estado de excepción” decretado por su gobierno, luego de su cobarde huida hacia Guayaquil, no logró desbaratar la ofensiva popular a la que se sumaron, en las últimas horas, indígenas amazónicos que nunca antes se habían incorporado activamente a las protestas que conmovieran al Ecuador en 1997, 2000 y 2005 y que culminaran con los derrocamientos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. En toda crisis el papel de la prensa al informar o desinformar es de enorme importancia. De hecho, el conflicto se presenta como si fuera una reacción de los indígenas ecuatorianos, segmentando y subestimando la confrontación. 

En realidad el rechazo al “paquetazo” de Moreno atraviesa casi toda la estructura social: comenzó primero en las ciudades: los transportistas y, de inmediato, estudiantes, maestros, la militancia política opositora, ciudadanas y ciudadanos de Quito y (en menor medida al principio) de otras ciudades. Poco después esta revuelta experimentó un “salto cualitativo” con la arrolladora incorporación de las comunidades indígenas y campesinas. Fueron éstas las que le otorgaron ese tono amenazantemente plebeyo a la insurgencia que el presidente fugitivo y sus compinches caracterizaron como la “revolución de los zánganos”, reflejando nítidamente el talante racista del bloque dominante.

Antes, los paniaguados de Lucio Gutiérrez también habían denigrado a las masas que, en el 2005, acabarían con ese otro traidor y que fueran anatemizadas como una “revolución de forajidos”. Hay cuatro rasgos que distinguen a la actual coyuntura pre-revolucionaria de las revueltas anteriores: esta es muchísimo más masiva y multitudinaria; tiene presencia en casi todo el país mientras que sus predecesoras tenían lugar casi exclusivamente en Quito; su duración es mucho más prolongada; y la brutalidad de la represión oficial es muchísimo mayor. Según cifras oficiales ya hay cinco muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones sociales hablan de ocho o nueve y hay centenares de heridos -varios de ellos en grave estado- y 1070 personas detenidas. 

Además buena parte de los medios de comunicación están bajo control oficial, los internautas que emiten noticias contrarias al gobierno por las redes sociales están siendo bloqueados, líderes y dirigentes opositores están detenidos o amenazados (por ejemplo, sobre Paola Pabón, prefecto de Pichincha, pesa una orden de captura por instigación a la violencia, sabotaje y terrorismo) y el presidente prófugo sólo produjo como gesto de pacificación un mensaje por cadena nacional de 44 segundos (¡Sic!) diciendo que está dispuesto a dialogar con los revoltosos. Parece harto improbable que Moreno pueda volver a gobernar.

Técnicamente Ecuador se encuentra acéfalo; el presidente sólo cuenta con la oportunista obediencia de las fuerzas represivas y tiene el apoyo de algunos gobiernos -Trump y sus lacayos regionales: Macri, Bolsonaro, Piñera, Duque, etcétera- y la obscena complicidad de los medios hegemónicos. Pero esto no basta para normalizar a un país paralizado. Acéfalo también porque la Asamblea Nacional no se reúne –pese a la exigencia de los manifestantes- y su presidente declaró que si lo hace, mañana, será para “aplacar los ánimos” y no para votar por la salida institucional que contempla la Constitución del 2008 en casos como el actual: la “muerte cruzada” de la presidencia y la Asamblea Nacional, y un llamado para elegir presidente y asambleístas. Aparte de esto, la revuelta plebeya exige, taxativamente, la derogación de las medidas adoptadas por Moreno bajo consejo del FMI y tal cosa sería la campanada de la muerte para su gobierno. 

En los próximos días la dualidad de poderes propia de toda acefalía deberá resolverse. Lo más probable, a costa de Moreno. La revuelta podría convertirse en insurrección y abrir una nueva página en la historia ecuatoriana.

Nota de redacción
Tras 11 días de protesta, el gobierno de Lenin Moreno decidió derogar el decreto 883 que eliminaba el subsidio en los combustibles. Tras una reunión con dirigentes de las organizaciones indígenas se llegó a este acuerdo además de anunciar la conformación de un grupo de trabajo para elaborar un nuevo decreto, esta vez con la participación de las comunidades agremiadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
Al cierre de esta edición, las principales calles de Quito, la capital ecuatoriana, estaban siendo desbloqueadas y limpiadas por los mismos manifestantes a la espera de un proceso de renovación y de verdadero diálogo en beneficio del país y de su situación económica.

Publicado en Insurgente